Con la llegada del coronavirus los Estados pusieron en marcha, en la medida de sus posibilidades, programas de protección social tendientes a proteger a su población. Cuando hablamos de protección social, hacemos referencia al acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas más vulnerables como mayores, enfermos o personas con discapacidad. Asimismo, se contemplan situaciones particulares tales como: desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, etc.
A simple vista parece obvio afirmar que se trata de derechos básicos que los Estados deben garantizar. Sin embargo, lo cierto es que no todas las personas del mundo gozan de tales derechos. En la actualidad, sólo el 47% de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que 4.100 millones de personas (53%) no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional.
Pese a los progresos realizados en los últimos años respecto de la extensión de la protección social en muchas partes del mundo, tras la irrupción de la pandemia muchos países seguían enfrentándose a importantes retos para hacer del derecho humano a la seguridad social una realidad para todos y todas. Entre muchas otras cosas, la pandemia ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades y las importantes brechas en la cobertura, la integralidad y la adecuación de la protección social en todos los países. Si bien los avances son innegables, aún queda un largo camino por recorrer.
Así lo explica el Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la encrucijada – en busca de un futuro mejor publicado el día de ayer, 1 de septiembre, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El documento ofrece un panorama mundial de la evolución reciente de los sistemas de protección social, incluyendo los pisos de protección social, y abarca las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, identifica los déficits en materia de protección social y formula recomendaciones políticas esenciales, en especial en relación a poder alcanzar los tan aclamados – y cada vez más lejanos - objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Pese a que el informe afirma que los gobiernos han puesto en marcha la protección social como respuesta de primera línea para proteger la salud, el empleo y los ingresos de las personas, así como para garantizar la estabilidad social, los esfuerzos no han sido suficientes. La investigación advierte que existen diferencias regionales considerables en la materia. Los datos que brinda la OIT son contundentes: Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas, con 84% de la población cubierta por al menos una prestación. Por su parte, en América Latina y del norte también tienen una tasa superior a la medida mundial, con 64,3%; le siguen Asia y el Pacífico (44%), los Estados Árabes (40 %) y África (17,4 %) mostrando evidentes deficiencias en materia de cobertura.
Un área que recibe especial atención en la investigación son las infancias. La protección social de las y los niños sigue siendo limitada según el informe. A nivel mundial, la gran mayoría de los menores aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; sólo uno de cada cuatro niños (26,4 %) se beneficia de una prestación de protección social. Un aspecto positivo que resalta el documento es que, entre los avances recientes se encuentran la adopción de prestaciones por hijos de carácter universal o casi universal en varios países, y una sensibilización renovada en el contexto de la COVID‑19 de la importancia crítica que revisten los sistemas de protección social inclusivos, los servicios de atención infantil de calidad y la necesidad de protección social para los cuidadores.
A modo de resumen, otros datos que se desprenden de la investigación no son muy alentadores: sólo 45% de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo. Además, sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33,5 %) recibe una prestación por invalidez. La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja, sólo 18,6 % de las y los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Si bien 77,5% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.
El informe analiza de manera comparativa realidades diametralmente opuesta. Conscientes de esto, los expertos de la OIT desagregan los datos por regiones, y afirman que las diferencias son sustanciales en función de las características socio políticas y económicas particulares de cada territorio. El gasto público en protección social varía de manera significativa. En promedio, los países destinan 12,8% de su producto interior bruto (PIB) a la protección social (excluyendo la salud), sin embargo, los países de altos ingresos invierten 16,4% de su PIB en protección social y los de bajos ingresos sólo 1,1%.
Una de la principales conclusiones a las que llega la investigación es que resulta esencial mejorar todos los indicadores vinculados a la protección social universal para lograr efectivamente un futuro más justo y equitativo. En este sentido, se afirma que es preciso construir sistemas de protección social globales y permanentes que proporcionen una cobertura adecuada e integral a todas las personas. De este modo, el documento sostiene que estos sistemas son esenciales para prevenir la pobreza y la desigualdad, así como para hacer frente a los retos de hoy y de mañana, en particular promoviendo el trabajo decente, apoyando a las mujeres y a los hombres para que puedan afrontar mejor su futuro laboral, impulsando la transformación estructural de las economías y apoyando la transición hacia economías y sociedades más sostenibles desde el punto de vista ambiental.
Shahra Razavi, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT, declaró que:“La protección social es una herramienta importante que puede generar beneficios económicos y sociales de gran alcance para los países en todos los niveles de desarrollo. Puede favorecer una mejor sanidad y educación, una mayor igualdad, sistemas económicos más sostenibles, una mejor gestión de la migración y el respeto de los derechos fundamentales. Para construir sistemas capaces de obtener resultados positivos, será necesario combinar los recursos financieros y una mayor solidaridad internacional, sobre todo en apoyo de los países más pobres. Pero los beneficios del éxito superarán las fronteras nacionales en beneficio de todos”.
