La crisis ambiental, que incluye un gran número de fenómenos interrelacionados a nivel planetario, entre otros el surgimiento de pandemias, es y será el gran problema global del siglo XXI. Durante décadas, y guiados por el absurdo mito del crecimiento ilimitado, que ya sabemos que es obsoleto, hemos llegado a superar la capacidad de generar recursos de la Tierra, rompiendo los equilibrios ecológicos y nos hemos ido acercando a un punto múltiple de no retorno que, si lo cruzamos, nos eliminará como especie.
En este escenario, por demás complejo, un grupo de investigadores del Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha publicado recientemente el informe “Militarismo y crisis ambiental. Una reflexión necesaria”. Este aborda desde un enfoque crítico y con perspectiva de seguridad humana, de qué manera el militarismo es una de las causas relevantes del calentamiento global y de los daños medioambientales que se observan alrededor del planeta.
La investigación busca explicar cómo, desde una perspectiva de seguridad nacional y militar, el militarismo es la consecuencia y respuesta actual frente a esta crisis. En este sentido, se trata de aportar propuestas para una transición ecológica exitosa, que implica necesariamente un enfoque de paz medioambiental y una desviación de gastos y fondos militares hacia la financiación de políticas de seguridad para la paz, para desarrollar políticas de mitigación de los efectos de la crisis climática. El Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs es una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo dedicada a realizar investigación e incidencia política y social bajo un prisma de cultura de paz, sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados.
La emergencia climática ya está aquí y sobra la evidencia científica que muestra que debemos tomar medidas urgentes para minimizar los daños. Sin embargo, algunos sectores, sobre todo los centros de poder y las grandes corporaciones, continúan priorizando el beneficio económico a corto plazo y para unos pocos, por delante del bienestar de la mayoría de las personas y la sostenibilidad del planeta. La investigación repasa las graves consecuencias que la crisis climática ya está teniendo: la temperatura global sigue subiendo y la media anual de hectáreas deforestadas supera los 26 millones, con efectos demostrados sobre el calentamiento y sobre la propagación de nuevos virus y epidemias. La actual crisis ambiental puede fácilmente convertirse en un completo colapso planetario.
Los expertos parten de la premisa acerca de que no se puede hablar de crisis ambiental sin tener en cuenta el gasto militar y el militarismo. Porque, como ha demostrado la pandemia, ni el modelo de seguridad nacional basado en el concepto de seguridad actual ni sus soluciones militarizadas sirven para resolver los grandes problemas que tiene y tendrá la humanidad, dado que la crisis ambiental es esencialmente global mientras que las soluciones de seguridad, pensadas para defender las fronteras de los Estados-nación, son inútiles en estos retos transfronterizos.
En este sentido, el informe del centro de Estudios por la Paz sostiene que necesitamos menos soldados, menos aviones y armas, y en cambio más médicos, más hospitales, energía verde y soluciones para cubrir las necesidades y garantizar los derechos de todas las personas. Durante décadas nos hemos equivocado estableciendo nuestras prioridades. En este sentido, la investigación explica que es momento de plantearnos que el gasto militar ha absorbido una gran cantidad de recursos públicos proporcionando una falsa noción de seguridad que no tiene nada que ver con las necesidades de la mayoría de la población y con los derechos a la salud, la educación, a la justicia energética, a la vivienda y a la calidad de vida, que requerirían soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Avanzando en este análisis, el documento concluye que es momento de constatar que el sistema militar es uno de los grandes contribuyentes a las emisiones y al calentamiento global. Es por esto que se necesitan soluciones constructivas para las personas y el planeta, no “soluciones” destructivas basadas en la imposición, el recorte de derechos, la violencia y los conflictos armados. Es momento, por tanto, afirman los expertos, de reivindicar un cambio de prioridades y un trasvase de recursos, traspasando fondos presupuestarios militares a partidas que permitan construir nuevos sistemas de seguridad que sirvan para todas las personas.
El conjunto de los principales países exportadores de armas representa el 35,48% de la población mundial, los cuales concentran el 82% del gasto militar global y es responsable de las dos terceras partes de las emisiones mundiales de CO2. El estudio revela que estos países generan el 67,1% de las emisiones mundiales de CO2 que causan el calentamiento planetario y concentran los centros de poder que controlan de manera efectiva más de 63.000 corporaciones transnacionales. Es claro que la degradación ecológica es inherente a los procesos de militarización. Se prevé que a medida que aumenten los gastos militares, los impactos medioambientales militares serán cada vez mayores. Las emisiones de CO2 de los ejércitos de todo el mundo se estiman entre un 5 y 6% del total de emisiones de carbono.
Además de estas cifras que son realmente estremecedoras, la investigación advierte que existe un círculo vicioso entre el militarismo la crisis medioambiental: la degradación medioambiental conduce a una escasez de recursos que genera mayores enfrentamientos entre grupos de población, de manera que se aumenta el posible estallido de conflictos armados. La inclusión del cambio climático como un factor relevante en los planes estratégicos de la OTAN es un indicador de la militarización del clima, mostrando que es una oportunidad para la justificación de aumentos del gasto militar, de la estrategia de disuasión nuclear, y de las operaciones militares de los aliados. Al respecto, la investigación afirma que recientes documentos de políticas de seguridad, tanto en España, como en Estados Unidos, en la Unión europea y en la OTAN, apuntan al cambio climático como elemento relevante de seguridad, como “potenciador de riesgo” o “multiplicador de amenazas”. Pero enfocar el cambio climático como una cuestión de seguridad conlleva un riesgo: la militarización.
Por otra parte, el informe analiza el impacto que la militarización tiene sobre los derechos humanos. Al respecto, señala que en las principales rutas migratorias utilizadas por las personas que huyen de las crisis climáticas hay muros militarizados. Esto implica que las personas desplazadas por cuestiones ambientales se tendrán que enfrentar a la violencia militarizada indefectiblemente, y tendrán que cambiar y alargar su ruta para llegar a posibles países de acogida, con los riesgos y los costes que esto implica. Se estima que los desplazamientos forzados por causas climáticas superarán los 200 millones de personas en 2050.
Asimismo, se denuncia que las personas defensoras de los derechos humanos medioambientales tienen tres veces más probabilidad de sufrir violencia y coacción en relación a otras personas defensoras de derechos humanos. Del total de asesinatos de personas defensoras de los DD.HH registrados a nivel mundial en 2018 (321 muertos), el 77% defendían derechos medioambientales, en su mayoría vinculadas a conflictos derivados de la actividad de industrias extractivas y de macro-proyectos que contaban con el apoyo de los Estados.
La transición ecológica pasa necesariamente por procesos de desarme y desmilitarización: reducción del gasto militar mundial, conversión de la industria armamentística en industria de energías renovables, y desmantelamiento del arsenal nuclear. En este sentido, la investigación concluye que será necesario trabajar la paz desde un enfoque de paz medioambiental, esto es, abordar la crisis ambiental desde el estudio de las violencias (directas, estructurales y culturales) cometidas sobre la naturaleza. En un contexto de transformación del clima, la seguridad será imposible sin una justicia climática.
Así, las propuestas para una transición ecológica deben incorporar necesariamente un estudio riguroso del actual gasto militar, de la producción y comercio de armas, y de las prioridades para redistribuir los gastos presupuestarios de los países, con el fin de pasar de enfoques basados en el concepto de seguridad nacional militar a un enfoque basado en las necesidades y los derechos sociales de todas las personas. De la misma manera que la seguridad a largo plazo no puede existir sin justicia social, la crisis ambiental requiere, entre otras cosas, de la desmilitarización y desarme internacionales.
