Desde hace un mes y medio, con el vencimiento del último plazo para la introducción del SFDR, las grandes empresas financieras tendrán que empezar a revelar los "principales impactos adversos" que tienen sus inversiones en materia social y medioambiental. Se trata del último paso de un proceso que, en los próximos dos años, pretende transformar la divulgación de los impactos ambientales y sociales de los productos de inversión y la forma de gestionar los riesgos de sostenibilidad dentro de esos productos. La trasparencia y la comunicación clara son dos factores esenciales para que las y los consumidores conozcan con precisión cuál es el impacto de las empresas.
El informe afirma que el objetivo del SFDR es fomentar el flujo de capital hacia empresas y actividades que apoyen los objetivos medioambientales y sociales de la UE. De este modo, se explica que los participantes en el mercado financiero deben revelar cómo tienen en cuenta los riesgos de sostenibilidad, o explicar por qué no lo hacen. El reglamento busca normalizar el lenguaje y la divulgación de los productos de inversión sostenible (IS por sus siglas en inglés), fomentando la transparencia y reduciendo el riesgo de que los inversores sean engañados mediante el "Green Washing". Así, las empresas que comercializan productos de IS deberán hacer divulgaciones adicionales a nivel de producto, regidas por el artículo 8 del reglamento para los que tienen "características ASG" y el artículo 9 para los que tienen "la inversión sostenible como objetivo".
Un aspecto interesante de la normativa es que se aplicará a todos los productos financieros comercializados en la UE, incluso a entidades con sede fuera del bloque.Por lo que las empresas financieras con sede fuera del bloque ya tendrán que cumplir los requisitos del reglamento para parte de su gama de productos; algunas pueden decidir ampliar el ejercicio a la mayoría o a todos sus productos. Además, los responsables políticos de otros países pueden decidir reflejar algunos o todos los requisitos del SFDR.
Además, el reporte de FTSE Russell explica que en el SFDR resulta fundamental el concepto de las declaraciones de "principal impacto adverso”. En ellas se detallan los posibles impactos materiales sobre los factores de sostenibilidad relacionados con cuestiones medioambientales, sociales y de los empleados, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno.
Estos aspectos se recogen en más de 60 indicadores que las entidades reguladas deben controlar, gestionar e informar. Una dificultad que se identifica en el informe es que éstos indicadores combinan las métricas medioambientales y sociales con los datos corporativos y económicos fundamentales. Por lo tanto, es esencial que los proveedores puedan asimilar eficazmente los datos macroeconómicos, los fundamentales de las empresas y los datos ASG en todas las clases de activos.
Se trata de un importante paso para las finanzas sostenibles que implicará un crecimiento exponencial del sector. En primer lugar, al ayudar al sector a alcanzar definiciones comunes en torno a las finanzas sostenibles, el reglamento debería, a largo plazo, reducir los costes y las fricciones entre los emisores corporativos, los proveedores de datos, las instituciones financieras y los inversores finales. En segundo lugar, la nueva estrategia de financiación sostenible establece unas normas mínimas para los fondos del artículo 8, que deberían ayudar a aclarar qué es (y qué no es) un "producto SI", reduciendo la confusión entre los inversores y ayudando a mitigar el riesgo de lavado verde. De este modo, contribuirá a crear confianza en una parte del mercado que no sólo ofrece una fuente crucial de crecimiento al sector de los servicios financieros, sino que también será un motor esencial en el cambio hacia las emisiones netas de carbono en la economía mundial.
Si bien el reglamento es sumamente completo, será un gran desafío para las empresas poder realmente cumplirlo. Este requerirá una interpretación cuidadosa de la normativa en el contexto de la evolución de la práctica y de las orientaciones continuas de la Comisión Europea y de las autoridades supervisoras europeas. Además, requerirá nuevos procesos de agregación de datos y de información. Evidentemente, en este camino la UE lleva la delantera significando un importante avance hacia lograr los objetivos propuestos en el Acuerdo de Paris. Aunque no será fácil lograr la neutralidad de carbono, este tipo de iniciativas generan una esperanza de que un futuro verde y sostenible es posible.
