La Unión Europea ha dado muestras de que la transición hacia una economía sostenible es prioritaria. Sin dudas, la urgencia por detener la emergencia climática en la región y en el mundo se está viendo reflejada en las políticas impulsadas desde Bruselas. Previo al planteo de esta nueva Estrategia, la UE contaba con el Plan de Acción de 2018. Este se centró principalmente en el crecimiento de las inversiones verdes alineadas con los objetivos medioambientales del bloque y en abordar la cuestión del lavado verde, y culminó con la propuesta de Norma de Bonos Verdes.
Siguiendo este mismo sentido, la nueva Estrategia enmarca la transformación de las finanzas sostenibles como pilar fundamental. Esta estrategia reconoce la necesidad de impulsar a todos los actores del sistema financiero europeo: Desde el Banco Central Europeo (BCE) hasta las PYME y los inversores minoristas. Asimismo, busca apoyar los esfuerzos de los organismos de supervisión de la UE en materia de divulgación de los riesgos climáticos y fomenta la cooperación mundial para que los riesgos medioambientales queden reflejados de forma justa en los estados financieros que la empresa presenta al mercado.
El informe de Climate Bonds explica que, además, la Estrategia es dura en cuanto a la preparación actual del sistema financiero para absorber los futuros riesgos del carbono. La prueba de resistencia climática preliminar del BCE reveló recientemente que las empresas con altas emisiones representaban el 14% de los balances bancarios y que el 80% del sistema bancario estaba expuesto a empresas vulnerables a un riesgo físico elevado o creciente.
Conscientes de esta situación y con el objetivo de resolverlo, la Comisión Europea propondrá modificaciones en el marco prudencial de los bancos para garantizar que los factores ASG se incluyan sistemáticamente en los sistemas de gestión de riesgos para garantizar una actuación similar de las aseguradoras. Asimismo, se ha sugerido recientemente que los riesgos ASG se incorporen a las evaluaciones de capital de los supervisores. Esto significa que, en un futuro próximo, existe una clara posibilidad de que los activos identificados por las pruebas de resistencia como portadores de un alto riesgo relacionado con el clima tengan un menor valor nocional a la hora de determinar la adecuación del capital bancario.
La investigación realizada por la irganización internacional afirma que uno de los cuatro pilares de la nueva Estrategia de la UE es la financiación de la transición energética. De este modo, se reconoce que es necesario apoyar la financiación no sólo de las actividades ecológicas, sino también de las actividades provisionales que permitan los planes de transición. Por otra parte, la Estrategia realiza una importante propuesta de una taxonomía ampliada para apoyar la transición económica. La Plataforma para las Finanzas Sostenibles tiene la intención de proporcionar una etiqueta positiva para que las inversiones salgan de los resultados significativamente perjudiciales y así ampliar el uso de la taxonomía a una gama más amplia de actividades de bajo impacto. Estas ampliaciones ayudarían a apoyar la transición urgente hacia una economía baja en carbono, resistente al clima y más sostenible, como se establece en el Green Deal de la UE.
Otro importante aspecto que resalta el informe es que la taxonomía social también está tomando forma dentro de la UE. La Comisión siempre ha reconocido la dimensión social en sus consideraciones sobre finanzas sostenibles junto con el medio ambiente. La necesidad de invertir en el ámbito social específicamente para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) está ampliamente reconocida, al igual que la necesidad de que las empresas garanticen el respeto de los derechos humanos, tal como prevén los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Afortunadamente, cada vez hay más pruebas de que los inversores ven las inversiones sociales como una importante consideración y oportunidad de inversión, al igual que reconocen los riesgos de no tener en cuenta los factores sociales. Por lo tanto, la orientación sobre lo que constituye una inversión social es tan necesaria como la de las inversiones medioambientales.
El documento concluye que, luego de analizar la estrategia de la Comisión Europea es claro que se reconoce la necesidad de un cambio sistémico. Ha quedado demostrado que la Comisión está asumiendo la necesidad de ecologizar todos los aspectos de la economía, incorporando el clima y la biodiversidad en el presupuesto de la UE. Esta necesidad de cambio sistémico se refleja también en el anuncio de que la Comisión evaluará los riesgos de degradación de los ecosistemas y las pérdidas de biodiversidad y recursos naturales y acelerará su compromiso con la industria en materia de contabilidad de la biodiversidad y el capital natural.
La Comisión y el BCE también reconocen el poder de la cooperación en materia de política fiscal y monetaria, comprometiéndose a cooperar en la gestión del riesgo de sostenibilidad a nivel del sistema, mientras que el plan de acción climática del BCE se ha desarrollado en línea con las políticas de divulgación de la UE. Evidentemente, la acción de la UE ha establecido un nuevo punto de referencia: Medidas para hacer frente al cambio climático y promover las finanzas sostenibles. Por supuesto, aún queda mucho por hacer, pero es probable que estos avances conduzcan a un reajuste de la política y los sistemas financieros de la UE hacia una transición justa y sostenible.
