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La respuesta no la tenemos, pero definitivamente no está en los Estados de información no financiera. Así lo advierte el informe anual “La Responsabilidad Social Corporativa en las empresas del IBEX 35” publicado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa presentado el pasado miércoles 28 de abril. El estudio muestra que la información que aportan dichas empresas sobre la gestión de los impactos sobre los derechos humanos es la peor valorada de todas las áreas analizadas, teniendo un amplio margen de mejora pese a que la puntuación obtenida por las empresas analizadas en la materia en el ejercicio 2019 ha mejorado ligeramente respecto al ejercicio anterior.

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha presentado el pasado miércoles 29 de abril el capítulo de Derechos Humanos de su informe anual “La Responsabilidad Social Corporativa en las empresas del IBEX 35 referente a 2019. El dato más relevante que se desprende del estudio es que la puntuación obtenida por las empresas analizadas en materia de derechos humanos en el ejercicio 2019 ha mejorado ligeramente respecto a la alcanzada en el ejercicio anterior, sin embargo, Derechos Humanos se sigue manteniendo con el peor promedio de todas las áreas analizadas. En este sentido el estudio advierte que las empresas del IBEX 35 tienen un amplio margen de mejora de la información que ofrecen sobre la gestión del riesgo en el ámbito de derechos humanos, tanto en lo relativo a su calidad y profundidad como en su cantidad.

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multilaterales dan un marco de actuación a las empresas responsables y comprometidas con los derechos humanos, aunque ambas son de carácter no vinculante.En la Unión Europea resulta importante recordar que en abril de 2020 el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, anunció que se iba a avanzar una iniciativa legislativa obligatoria para detectar, prevenir y reducir los impactos ambientales y las vulneraciones de los derechos humanos causados por sus actividades a lo largo de sus cadenas de suministro.

Luego, en marzo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría un informe sobre las cuestiones clave que debería incluir dicha iniciativa, mandando un mensaje claro a la Comisión Europea para que legisle. Así, el informe europeo prevé nuevos requerimientos en materia de empresas y derechos humanos que ofrezcan a las víctimas un mejor acceso a los recursos judiciales y reduzcan la posibilidad para las empresas de vulnerar no solo directamente, sino también indirectamente los derechos humanos en todas las actividades de la cadena de suministro. Es por esto que es tan importante que las empresas informen sobre Derechos Humanos.

La debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente es el proceso por el que las empresas deben identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos, reales o potenciales, en sus actividades globales y cadenas de valor, las cuales a menudo incluyen filiales, subcontratistas, proveedores y otras relaciones económicas. El análisis realizado por el Observatorio de RSC destaca que, pese a que cada vez son más las empresas del IBEX 35 que cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, sin embargo, aún son pocas (13 empresas) las que llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia y que será exigido por la nueva legislación. En el área de debida diligencia se han analizado un total de 27 indicadores distribuidos en cuatro subdimensiones: identificación y gestión de riesgos, gestión de la debida diligencia, comunidades locales e indígenas, y relaciones comerciales. La máxima puntuación se obtiene en Gestión de la Debida Diligencia (23,64), que ha mejorado respecto 2018 en tres puntos porcentuales, superando ligeramente a Comunidades Locales e Indígenas (23,38). La menor puntuación la ha sumado nuevamente relaciones comerciales (4,04).

El estudio revela que, en cuanto a las dimensiones analizadas, las empresas facilitan más información y de mayor calidad sobre la política de derechos humanos, mientras que permanecen prácticamente invariable la información sobre gestión de la debida diligencia (17,13 puntos), gestión de la cadena de suministro (26,52 puntos) y mecanismos de acceso a remedio (12,75 puntos). 24 de las 33 empresas IBEX 35 analizadas cuentan con una política de derechos humanos pero sólo 4 de las 24 empresas con Política de Derechos Humanos Informa haber contado con asesoramiento externo especializado para su desarrollo tal y como indican los Principios Rectores.

La transparencia es la única herramienta que la sociedad posee para conocer sobre la gestión que las empresas hacen de múltiples aspectos incluyendo la gestión de los derechos humanos. Por ello, las empresas deben informar de manera creíble no solo sobre sus compromisos en estas materias sino también sobre su desempeño y mecanismos de garantías. Por lo anteriormente expresado el estudio concluye que las empresas del IBEX 35 van a tener que pisar el acelerador si quieren estar preparadas ante los cambios legislativos que se avecinan en Europa en materia de debida diligencia.  Ya que ninguna empresa reporta de manera completa en el estado de información no financiera lo requerido por la ley 11/2018 en relación con la gestión de riesgos e impactos en los derechos humanos. Además, ninguna empresa informa del desglose de riesgos a corto, medio y largo plazo, o medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos.

  

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