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Los jóvenes de hoy son los adultos de mañana. Aunque a veces lo perdamos de vista, la juventud es el futuro de un país. Pero, ¿qué futuro les depara en España? Un estudio del Observatorio Social de la Fundación” la Caixa” realizado por M. Àngels Cabasés, Miquel Úbeda y M. Jesús Gómez, Carles Feixa, José Sánchez y Carme Riera analiza la evolución de la ocupación juvenil en nuestro país y proporciona datos alarmantes y poco alentadores.

Luego de cada crisis que ha habido en el territorio español los jóvenes son quienes sufren las consecuencias, no solo al corto, sino también al largo plazo. La investigación afirma que, en España, a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, se inició una progresiva flexibilización del mercado de trabajo. Con la reforma laboral iniciada en el 2012 se consolidó un modelo de empleo juvenil precario, que sitúa actualmente a las personas jóvenes en peores condiciones que las que afrontaron generaciones anteriores.

Esto se refleja según el estudio en que las y los jóvenes de hoy en día perciben, en general, salarios más bajos que los de sus antecesores y la duración de sus contratos laborales suele ser también menor. En conjunto, la investigación muestra el deterioro de las condiciones laborales de la juventud en España en la última década y pone de relieve la heterogeneidad del colectivo juvenil, en el que coexisten distintas realidades. Esta situación conlleva que las personas pertenecientes a esta franja etaria se sitúen en un punto de partida de mayor vulnerabilidad ante el contexto de crisis derivado de la covid-19.

En primer lugar, el conjunto de investigadores advierte que, durante la última década, el empleo juvenil ha experimentado un aumento de la temporalidad, la parcialidad involuntaria y los bajos salarios. Los datos lo reflejan: para el 50% de los jóvenes menores de 30 años sus salarios no alcanzan, en cómputo anual, el salario mínimo interprofesional. Las características del empleo joven son mayor temporalidad, menor duración en los contratos y una tasa de paro preocupante.

El estudio afirma que desde el 2008, la tasa de paro entre la población menor de 30 años fue incrementándose, para alcanzar su valor máximo, el 42,4%, en el 2013. A partir de entonces, esta tasa se fue reduciendo hasta llegar al 23,8% del 2019, aunque este valor se sitúa todavía por encima de la cifra del 2008. Especialmente preocupante es la tasa de paro de los jóvenes con un nivel de estudios inferior al de la educación secundaria obligatoria, ya que en el 2019 se situó en el 34,3%. Otro elemento que caracteriza la precariedad juvenil es la elevada tasa de temporalidad de los contratos, que en el 2019 alcanzó el 56%, una cifra que sigue siendo más elevada que cuando se inició la anterior crisis, en el 2008. Es preocupante, además, el aumento del porcentaje de contratos con una jornada de trabajo a tiempo parcial involuntaria, que en el 2019 se situó en el 53,4%.

En segundo lugar, el documento devela que la formación superior es uno de los elementos clave que permite a los jóvenes mejorar su situación profesional e incrementar sus retribuciones. Sin embargo, en el 2018, los salarios del 50% de los titulados universitarios con empleo no llegaban a ser ni de mileurista. Es cierto que la educación brinda mayores oportunidades, pero en nuestro país esto no se condice necesariamente con salarios acordes a la formación. La comparación de los datos de las muestras del 2012 y el 2018 indica que la duración media de los contratos de titulados universitarios se ha reducido, para alcanzar una media de diez meses en el 2018.

En tercer lugar, la investigación de “La Caixa” analiza las desigualdades de género y muestra resultados poco alentadores. En este sentido, se afirma que las mujeres menores de 30 años, a pesar de su mayor participación en la formación superior, continúan ocupando puestos de trabajo peor remunerados y con mayor tasa de temporalidad que sus pares varones, lo que perpetúa las desigualdades de género. En el 2018, la diferencia salarial se situó en el 17%.

La brecha salarial de género se perpetúa a lo largo del tiempo, puesto que las mujeres siguen recibiendo salarios más bajos que los vaorones. En el 2018, la diferencia salarial se situaba en el 17%. Entre los años 2008 y 2019, el número de contratos indefinidos formalizados por las mujeres menores de 30 años se redujo en un 22% y, al mismo tiempo, el peso de la contratación temporal de dicho colectivo sobre el total pasó del 88,4% al 91,5%. Por otra parte, a lo largo del periodo analizado, las mujeres jóvenes de nacionalidades no europeas percibieron salarios más bajos y sus contratos duraron menos que los de las mujeres españolas.

Finalmente, la otra intersección que se cruza para analizar la precariedad laboral en el informe, además del género, es la procedencia. Así, se advierte que la situación se agrava para las personas trabajadoras de origen inmigrante, que afrontan una situación más precaria que las de nacionalidad española. En el 2018, en España, el 50% de las mujeres de nacionalidad no europea cotizaron a la Seguridad Social menos de seis meses.

Las y los investigadores que realizaron la investigación concluyen que ante esta compleja situación que afronta la juventud española se requeriría un nuevo marco de relaciones laborales que recupere el principio de estabilidad en el empleo, reduzca el uso de modelos de contratos temporales y vele por la calidad de las ofertas de trabajo. Asimismo, se plantea la necesidad de que las políticas de juventud impulsadas consideren la heterogeneidad del colectivo juvenil y ocupen un lugar central en el conjunto de las políticas públicas y en la consecución del estado del bienestar futuro de la sociedad.

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