Es innegable que la inversión sostenible ha cobrado impulso en los últimos años. La prueba es el considerable aumento de activos invertidos en estrategias de renta variable sostenibles, que se han triplicado en volumen, de 200.000 a 600.000 millones de dólares en la última década. Según PwC, en Europa, estos activos superarán a los invertidos en estrategias convencionales para 2025.
Evidentemente la consciencia acerca de la importancia de la protección del planeta ha aumentado. Invirtiendo en fondos que integran criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), los titulares de activos quieren contribuir a mejorar el mundo. A su vez, los gestores de activos tienen la tarea de componer carteras que satisfagan estos requisitos, pero sus deberes no acaban ahí. También pueden ejercer sus derechos de voto en las juntas de accionistas y encaminar las agendas corporativas hacia decisiones orientadas a la sostenibilidad.
Sin embargo, un estudio realizado por Robeco, la gestora internacional de activos especializada , que cubre una década de votaciones de accionistas de Estados Unidos delegados en los 50 mayores gestores de activos, revela que el número de propuestas presentadas sobre cuestiones ambientales y sociales se ha mantenido siempre bajo, en menos del 1 % del total de propuestas. Esto contradice el interés creciente en la inversión sostenible durante la última década.
La investigación revela que los gestores de activos suelen votar en contra de la mayoría de las propuestas sociales y ambientales. El acceso a grupos de votación mayores en comparación con sus homólogos de menor tamaño no produce tendencias de voto más positivas para los grandes gestores de activos. En el caso de los pasivos, la presión sobre los costes ha conducido a una estandarización de las operaciones de implicación y votación en un esfuerzo por minimizar la ratio de gastos.
Asimismo, el estudio afirma que lamentablemente, los signatarios de la iniciativa de los Principios para la Inversión Responsable promovidos por Naciones Unidas (UN PRI) no han marcado una diferencia tangible. Estos gestores no votaron más a favor de propuestas relacionadas con la sostenibilidad que los que no pertenecen a la red. Y ello pese a los principios rectores orientados a los criterios ASG que suscriben al unirse a la organización.
En este sentido, los investigadores que realizaron el estudio, explican que, para avanzar en lugar de quedarse en las palabras, los titulares de activos pueden animar a sus gestores a incrementar el número de propuestas presentadas sobre temas ambientales y sociales. Este puede ser un importante primer paso, ya que las bajas cifras actuales podrían estar enviando un mensaje negativo a los directivos sobre la importancia de estas cuestiones. Los titulares de activos también pueden incluir la evaluación de las prácticas de votación sostenible como parte integral de su selección de gestores, diligencia debida y control.
Por último, el documento muestra que los reguladores podrían imponer la presentación centralizada de registros de votación a gestores y titulares de activos. Así, la información estaría a disposición del público. Ya existe un sistema transparente de este tipo para los fondos domiciliados en Estados Unidos (base de datos N-PX). Si se divulgan los registros de votaciones, los titulares beneficiarios (por ejemplo, pensionistas, etc.) podrán comprobar si los gestores de sus activos están manejando su dinero de manera sostenible de verdad.
