Spainsif ha presentado el estudio monográfico “La dimensión social de la inversión sostenible” que ha realizado con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El mismo realiza un recorrido por los temas sociales destacados en las finanzas sostenibles, incluyendo los principales esquemas de reporte voluntario de sostenibilidad -GRI, SASB o IR-, las referencias normativas a nivel europeo, vehículos de inversión destacados con finalidad social y una previsión de la evolución e importancia que este tipo de inversiones tendrán en la recuperación post COVID-19, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en la transición justa.
Una de las principales conclusiones que emergió durante el encuentro ISR de presentación del informe, fue que el impacto de la crisis de la COVID-19 ha impulsado la visibilidad de los criterios sociales en el momento de crecimiento y el apoyo regulatorio que atraviesa la Inversión Sostenible y Responsable (ISR). El encuentro ha contado con dos mesas de debate. En la primera, moderada por Pablo Esteban, Investigador vinculado al Grupo de Investigación FINRES de la UNED, se ha analizado la evolución de los aspectos sociales en la decisión de inversión. Esteban ha considerado que “es necesario consensuar unas métricas alineadas con los ODS y equilibrar la materialidad financiera de esas métricas con la materialidad social”.
Joaquín Garralda, presidente de Spainsif, afirmó durante la jornada que: “a pesar de su dificultad, cuando hablamos de inversión sostenible parece que es más fácil establecer estándares medioambientales - como el recién aprobado Reglamento de divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) -, pero cuando nos referimos a la dimensión social es más compleja la decisión de los estándares, aunque no por ello debemos de retrasar la inclusión de su impacto en el análisis de la doble materialidad de las compañías”. Garralda ha destacado, además, la mejora de la comunicación y el reporte del impacto social de las organizaciones a través de la integración de los ODS y de los criterios ESG en sus actividades.
Por su parte, Verónica Sanz, responsable de Análisis y Estudios de Spainsif, ha presentado un estado de la cuestión de los criterios sociales en el sector financiero, así como sus principales impulsores, entre los que destacan las demandas de información de los inversores, la emisión de bonos sociales y la próxima elaboración de una taxonomía social por parte de la UE que atienda a objetivos como los derechos humanos, el acceso a atención sanitaria, el empleo decente, la igualdad o la no discriminación. Igualmente, ha insistido en la relevancia de cuestiones sociales en las temáticas más frecuentes de exclusión en la inversión sostenible, como el uso de armamento, el alcohol y el tabaco, o la violación de los derechos laborales en las empresas.
Por otro lado, para Juan Salazar, director de Inversiones Responsables de BMO Asset Management, “la pandemia ha puesto el foco en los temas sociales, que tienen cada vez más relevancia y se equiparan a los temas medioambientales y de gobernanza en la decisión de inversión con criterios sostenibles”. Salazar ha explicado que durante 2019 y 2020 más del 40% de las interacciones de BMO AM con las compañías han sido motivadas por cuestiones sociales. “Se hace necesaria una distribución más acorde a los esfuerzos concentrados en la lucha contra los efectos de cambio climático hacia la atenuación de los riesgos sociales que conlleva el avance de la digitalización en el empleo, fortaleciendo las bases de para una transición justa y superando las garantías mínimas sociales consideradas en la Taxonomía”, ha indicado Andrés Herrero, de previsión social de UGT.
En la segunda mesa, Gloria González, coordinadora del área de RSC e Inversiones Éticas de Economistas sin Fronteras, ha sido la encargada de su moderación y ha abierto el debate considerando que “hablar de inversión sostenible debería ir de la mano de inversión social”. Javier Villegas, director general para Iberia de Franklin Templeton Investment, ha comentado que es necesario buscar un camino que permita alcanzar el objetivo de bienestar a base de la inclusión social: “Apostamos por las inversiones en infraestructuras sociales que buscan mejorar el bienestar de la comunidad y que fomenten el desarrollo social que incluya la sostenibilidad en el largo plazo”.
En esta misma línea, Rafael Cuenca, Director General de ST Consultores ha calificado la sostenibilidad en el sector Real Estate como “una cuestión, en general, pendiente”. “Ha habido un gran impulso, pero debe acompañarse con una gestión eficaz y en tiempo”, ha explicado. Por eso, desde esta compañía, se ha establecido una misión en esta materia: “Que el sector promotor y rehabilitador se cuestionen si su modelo de negocios es sostenible, pero sobre todo si dispone de un plan de actuación para conseguir en el medio plazo objetivos tangibles”.
Finalmente, Para Carla Bonino, responsable de la Unidad de RSC y Sostenibilidad de Fundación ONCE, la dimensión social de la sostenibilidad supone la inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal: “Hace falta que el crecimiento de la vertiente social en la inversión sostenible preste atención a los grupos más vulnerables, en línea con la Agenda 2030 y los ODS, lo que también repercute en las personas con discapacidad. Existe un enorme potencial y cada vez más instrumentos para impulsar una inversión socialmente sostenible que no deje a nadie atrás.”
