En muchos Estados de la Unión Europea la tasa de personas sin hogar ha aumentado en la última década debido al incremento de los costes de la vivienda y al recorte de los programas sociales y la suspensión de las ayudas. Esta ya compleja situación se ha visto gravemente afectada tras la llegada de la pandemia y la pérdida masiva de empleo en la mayoría de los países europeos.
Es por esto, que el Parlamento quiere que la Unión Europea reconozca el acceso a una vivienda digna y asequible como un derecho humano y que adopte medidas para que no haya más personas sin hogar. Una vivienda digna incluye acceso a agua potable de calidad, saneamiento e higiene adecuados, así como conexión a las redes de alcantarillado y traída de aguas, señala el pleno en una resolución aprobada con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones.
El objetivo es claro: llegar a 2030 sin personas que vivan en la calle. Cada noche, al menos 700.000 personas duermen en la calle o en albergues, el 70% más que hace diez años. La situación es grave y urge revertirla. Ante esto, los eurodiputados piden que se introduzcan a escala de la Unión requisitos mínimos obligatorios para unos hogares saludables, incluida la calidad del aire interior. También demandan a la Comisión y los países que den prioridad a la reducción de las emisiones y a la eficiencia energética mediante la renovación de viviendas.
Asimismo, el Parlamento reitera su petición de establecer un objetivo para toda la UE de acabar con el problema de las personas sin hogar antes de 2030. Los eurodiputados reclaman que se mantengan las medidas excepcionales adoptadas durante la crisis del COVID-19, como la suspensión de los desahucios y la interrupción de los suministros y la provisión de vivienda temporal.
La problemática de los precios de los alquileres ocupa un lugar central en la petición. En este marco, se sostiene la importancia de que la vivienda debe ser asequible. El texto insta a los Estados miembros y las autoridades locales y regionales a adoptar disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras, para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas. Plantean, para ello, impulsar la transparencia de los alquileres, apoyar a las organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y establecer procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo.
Una vivienda es considerada asequible cuando la persona o familia cuenta con presupuesto suficiente para atender otros gastos esenciales, pero los eurodiputados advierten de que más del 25% de los inquilinos europeos en el mercado libre dedican a la vivienda por encima del 40% de la renta del hogar.
Finalmente, el Parlamento pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que protejan mejor a los deudores hipotecarios contra los desahucios, que deben evitarse, también tras procesos de renovación.Asimismo, la resolución alerta de que la explosión del alquiler vacacional está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios, con consecuencias para la habitabilidad de los centros urbanos y turísticos.
