Las personas que deciden migrar tienen derecho a ser tratadas con dignidad y humanidad. Puede que vengan huyendo de guerras, que hayan perdido a sus familias, o que la miseria les haya impulsado a dejarlo todo en busca de un futuro mejor. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención Europea de Derechos Humanos y el derecho de la Unión Europea requieren que los Estados protejan el derecho de las personas a solicitar asilo y a la protección contra la devolución, incluso si ingresan de manera irregular. Las autoridades no pueden denegar el acceso de manera automática ni devolver a personas sin llevar a cabo una evaluación individual de las necesidades de protección.
Esta información muchas veces es obviada por los Estados que, contra todas las convenciones de Derechos Humanos, realizan prácticas de devolución inmediata o “devoluciones en caliente” como son coloquialmente conocidas. Se trata de la expulsión de personas migrantes o refugiadas sin que estas tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo. Es decir, ocurren cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado expulsan a personas migrantes o refugiadas sin la debida protección ni garantías. Estas personas no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar la expulsión.
Las cifras de llegadas a la Unión Europea siguen descendiendo año tras año. El número de personas que llegó por tierra y mar en 2020 (95.000) supuso un descenso del 23% en comparación con 2019 (123.700 personas) y un 33% en comparación con 2018 (141.500 personas). Con tan pocas llegadas a Europa, la situación debería ser manejable, sin embargo, la cuestión del asilo sigue siendo un territorio de fuertes violaciones de Derechos Humanos.
Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR afirmó que: “ACNUR ha recibido un flujo continuo de informes según los cuales algunos Estados europeos están restringiendo el acceso al asilo, devolviendo a personas después de haber alcanzado su territorio o sus aguas territoriales y empleando violencia contra ellas en las fronteras” Y continuó: “Las devoluciones se llevan a cabo de manera violenta y aparentemente sistemática. Las embarcaciones que transportan a las personas refugiadas son remolcadas hacia los puntos de origen. Una vez que alcanzan tierra firme, las personas son reunidas y nuevamente empujadas a hacer la travesía por mar. Muchos han denunciado casos de violencia y abusos por parte de las autoridades”.
En este contexto, las personas que llegan por tierra son también objeto de detenciones informales y son devueltas a la fuerza a países limítrofes, sin la menor consideración de sus necesidades de protección internacional. “El respeto a las vidas humanas y los derechos de los refugiados no es una elección, es una obligación legal y moral. Si bien los países tienen el derecho legítimo a gestionar sus fronteras conforme al derecho internacional, también tienen que respetar los derechos humanos. Las devoluciones son sencillamente ilegales”, explicó Triggs.
La situación es inaceptable y las administraciones deben actuar al respecto. ACNUR ha dejado claras estas preocupaciones a los Estados europeos. La Agencia de la ONU para los Refugiados hace un llamamiento para que se investiguen de manera urgente las denuncias de violaciones y malos tratos basadas en testimonios creíbles, corroborados por organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y otras fuentes de información abierta.
