Migrar es un derecho, pero poder vivir dignamente en el lugar de origen también lo es. Sin embargo, muchas veces no se cumple ni una ni la otra cosa. Personas que se ven obligadas a desplazarse de sus lugares de origen para sobrevivir y luego al llegar a los nuevos destinos no hacen más que afrontar obstáculos y continuas violaciones de derechos. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, afirma que comienzos de este año 79,5 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de persecuciones, conflictos y violaciones de los derechos humanos. Esta cifra total incluye 45,7 millones de personas desplazadas internas, 29,6 millones de personas refugiadas y desplazadas por la fuerza fuera de sus países, y 4,2 millones de solicitantes de asilo. Conflictos de nueva aparición, otros existentes y el nuevo coronavirus han afectado de manera drástica a sus vidas en este año 2020.
Pese al llamamiento urgente del Secretario General de las Naciones Unidas en marzo para la declaración de un alto el fuego mundial mientras se luchaba contra la pandemia, los conflictos y la persecución prosiguieron. La violencia en Siria, la República Democrática del Congo, Mozambique, Somalia y Yemen provocó nuevos desplazamientos en la primera mitad de 2020. También se han registrado nuevos desplazamientos de importancia en la región centroafricana del Sahel, donde los civiles son objeto de una violencia brutal que incluye violaciones y ejecuciones.
Filippo Grandi del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados expresó que “el desplazamiento forzado se ha multiplicado por dos en la última década: la comunidad internacional no está consiguiendo garantizar la paz”. La pandemia ha sido devastadora para gran parte de la población mundial, pero para aquellas personas que se han visto obligadas a migrar en este contexto todo ha sido mucho peor.
Para las personas forzadas a huir, la COVID-19 ha significado una crisis adicional de protección y medios de vida además de una emergencia mundial de salud pública. El virus ha alterado todos los aspectos de la vida humana y ha empeorado gravemente los desafíos existentes para las personas desplazadas por la fuerza y apátridas. Algunas de las medidas adoptadas para reducir el avance de la COVID-19 dificultaron aún más el acceso de las personas refugiadas a un lugar seguro. En el peor momento de la primera ola de la pandemia, en abril, 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras, y 90 países no hicieron excepciones para las personas solicitantes de asilo.
Desde ese momento 111 países han encontrado soluciones pragmáticas para garantizar que sus sistemas de asilo se mantengan total o parcialmente operativos al tiempo que se aseguran las medidas necesarias para contener el avance del virus. A pesar de dichas medidas, las nuevas solicitudes de asilo cayeron un tercio en comparación con el mismo período de 2019.
Entretanto, se sigue sin abordar los factores subyacentes que provocan los conflictos del mundo. En 2020 se encontraron menos soluciones duraderas para las personas desplazadas, en comparación con el mismo período de años anteriores. Solo 822.600 personas desplazadas regresaron a sus hogares, la mayoría de las cuales – 635.000 – eran desplazadas internas. Con 102.600 repatriaciones voluntarias en el primer semestre del año, los retornos de personas refugiadas cayeron en un 22% con respecto a 2019.
Los viajes de reasentamiento para personas refugiadas se detuvieron temporalmente entre marzo y junio debido a las restricciones por la COVID-19. En consecuencia, solo 17.400 refugiados fueron reasentados en los seis primeros meses de 2020 según estadísticas gubernamentales, lo cual supone la mitad que en 2019. Pese a que se sigue desconociendo el número real de personas apátridas, 79 países reportaron la existencia de 4,2 millones de apátridas en sus territorios.