La hipocresía está a la orden del día en nuestro país. Durante meses escuchamos a dirigentes políticos afirmando la importancia de que la vacuna pueda llegar a todos los territorios del mundo de manera equitativa y hoy, cuando la posible cura para detener la pandemia está en puerta, los gobiernos parecen haberse olvidado de sus compromisos.
El día de ayer, 10 de diciembre, los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) analizaron el informe realizado por Sudáfrica sobre la propuesta que, junto a India, ambos países hicieron para aplicar una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de la COVID-19 mientras dure la pandemia.
Esta exención permitiría a todos los países miembros de la OMC la posibilidad de no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual hasta que se logre la inmunidad de grupo mundial. Del mismo modo, daría lugar a un espacio de colaboración entre países para la investigación, el desarrollo, la fabricación, la ampliación y el suministro de herramientas de la COVID-19.
La propuesta es tanto necesaria como urgente y fue presentada en octubre ante el Consejo de los ADPIC- el marco normativo internacional del sistema de propiedad intelectual en la esfera de la salud- y ya ha recabado el apoyo de 99 de los 164 países de la OMC. Sin embargo, los países más ricos — Australia, Brasil, Canadá, Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea— la han rechazado, evitando el necesario consenso para sacarla adelante.
Ante la gravedad de este hecho, que pone en peligro la salud de la humanidad entera, las organizaciones Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras han enviado una carta al Gobierno de nuestro país en la que le instan a no bloquear la propuesta y a poner todos sus esfuerzos para cambiar la posición contraria de la Unión Europea. Esta decisión de la UE contrasta y resulta incoherente con los discursos de los Jefes de Estado de sus países, incluyendo a España, y de la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que desde el comienzo de la pandemia han pedido que las vacunas y productos para combatir la Covid-19 sean considerados como bienes públicos globales.
Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras (MSF) han enviado una carta al Gobierno de España para pedirle el apoyo a la propuesta. Las dos organizaciones instan al Gobierno a no bloquear la propuesta y a poner todos sus esfuerzos para cambiar la posición de la Unión Europea para que la iniciativa salga adelante.
La petición no es nueva, sin embargo. En octubre, antes de la presentación de la propuesta en la OMC, ambas organizaciones enviaron una carta al Gobierno instándole a dar un apoyo contundente y el impulso de la propuesta en su política doméstica con todos los mecanismos legales necesarios para hacerla efectiva.
Instituciones internacionales como ONUSIDA -la agencia de Naciones Unidas para el sida- y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han mostrado su apoyo a la propuesta y hace unas semanas casi 400 organizaciones internacionales de la sociedad civil enviaron una carta a los Estados Miembro de la OMC pidiendo su apoyo.
Lamentablemente, advierten las organizaciones, no han recibido respuesta alguna ante la carta enviada y España no parece favorable a ese apoyo, como demuestran las declaraciones recientemente realizadas a un medio de comunicación por fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio en las que aseguraban que el Acuerdo ADPIC, junto a los principios incorporados en la declaración de Doha de 2001, es suficiente y otorga ya las flexibilidades necesarias para responder a los desafíos que plantea la pandemia.
Raquel González, responsable de Relaciones Externas de MSF, expresó que “Si España y otros gobiernos secundan este revolucionario paso, el mundo tendrá la oportunidad de evitar que se repita la tragedia de la epidemia de VIH/sida vivida hace 20 años, cuando miles de pacientes de países en desarrollo murieron porque no podían acceder a los antirretrovirales a causa de los precios desorbitados debido a las patentes”. En 2001, la Declaración de Doha reconoció el derecho de los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales. “Al superar los monopolios sobre estos medicamentos y fomentar la producción y la competencia de los genéricos, el precio de los medicamentos antirretrovirales cayó un 99% en 10 años, allanando el camino hacia la ampliación del tratamiento para las personas que viven con el VIH. La solicitud de exención de India y Sudáfrica constituiría un paso decisivo para acelerar la respuesta a la COVID-19”, concluye Raquel.
La carta señala que el apoyo a la iniciativa sería una postura más acorde con la posición que España ha llevado a otros lugares, como la mostrada en la ‘Estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID-19’ aprobada en Julio de 2020, e impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que en su texto menciona la urgencia y prioridad de asegurar el acceso universal y equitativo a la vacuna del COVID-19 y su consideración como un bien público.
Tras nueve meses desde el inicio de la pandemia y una cantidad estremecedora de muertes, no existe aún una solución política global significativa para asegurar el acceso de todos los países. Necesitamos dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias históricas y que puedan priorizar el bien común por sobre los beneficios económico. Luego de la reunión del 10 de diciembre, en la que el Consejo de los ADPIC analizará el informe presentado por Sudáfrica, vendrá una reunión el día 17 de diciembre, de cara a acordar una decisión final respecto la propuesta.
El momento de actuar es ahora y ya no hay tiempo que perder. La vida de millones de personas está en sus manos.
