La pandemia de la COVID -19 y las medidas adoptadas para contenerla están teniendo un efecto considerable en la sociedad española. La paralización de la actividad laboral, tanto de trabajadores por cuenta ajena como propia (autónomos), conlleva una importante caída de rentas concentrada en algunos colectivos que se enfrentan, en consecuencia, a situaciones de pobreza y necesidad. El confinamiento y las restricciones al movimiento de personas han tenido un fuerte impacto en el empleo y si bien aún no ha terminado el año, permiten anticipar un mayor deterioro generalizado de los indicadores de desigualdad social y pobreza, según el estudio Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar, editado por Funcas.
El objetivo de este estudio es realizar esa evaluación preliminar. Una característica esencial de la crisis radica en la asimetría de su impacto. Hay colectivos que no han visto esencialmente afectado su modus vivendi –gracias al teletrabajo, por ejemplo, o por extraer sus rentas principales del Estado, como los pensionistas o los funcionarios–; hay también un amplio colectivo que ha podido compensar la caída de ingresos, aunque sea parcialmente, gracias a las masivas transferencias de rentas que ha realizado el Estado desde el inicio de la pandemia, pero hay también un colectivo que ha caído en una situación de pobreza o ha visto agravarse su estado de necesidad.
Cabe destacar que el trabajo analiza el impacto social de la pandemia en España siendo consciente de que cualquier conclusión es, inevitablemente, tentativa. La crisis todavía se está desarrollando, lo que hace muy difícil anticipar su evolución. En particular, la duración de la situación de emergencia sanitaria será uno de los principales determinantes de la gravedad de sus efectos. Además, la crisis es muy reciente, por lo que los datos todavía escasean. Pese a estas limitaciones, es útil analizar lo que ha ocurrido en los seis primeros meses de la pandemia para identificar los problemas y las necesidades que se van a plantear en el futuro cercano
El informe muestra que, la pandemia ha tenido un impacto muy desigual entre la población española. El “parón” de la actividad económica afecta de forma particularmente intensa a actividades y empleos asociados a rentas relativamente bajas (hostelería y restauración, limpieza, pequeño comercio, transporte urbano, etc.). En este sentido, una de las características que sostiene el informe tiene de esta crisis, es la asimetría de su impacto. La pérdida de ingresos se concentra en los estratos de menor renta, más asociados a las actividades que no se han podido realizar durante el confinamiento y a los sectores, como el turístico, con mayores dificultades para reanudar su actividad. Es decir, que las personas más castigadas principalmente trabajaban en los sectores donde ya se concentraban los salarios medios más bajos del mercado laboral.
El aumento en la desigualdad se ha mitigado por los ERTE y otras medidas implementadas para compensar la caída de la actividad, de forma que, de momento, el impacto es menos significativo de lo que se podía temer en comparación con crisis anteriores y teniendo en cuenta la magnitud sin precedentes del shock. Sin embargo, la cobertura de las medidas de prevención y contención de la crisis está sujeta a condiciones que limitan su universalidad y no han podido evitar que aumente la pobreza efectiva en algunos colectivos.
Sin embargo, pese a estas medidas paliativas, algunos colectivos han sufrido un deterioro importante en sus ingresos. El estudio estima que en torno a 280.000 personas han perdido la totalidad de sus ingresos (adicionales a los aproximadamente 565.000 que ya estaban en esa situación antes de la llegada del COVID-19). Además, otro colectivo de considerable volumen, estimado en torno a 1,2 millones de personas, ha sufrido una reducción sustancial de sus ingresos (no inferior a un 30%). Este colectivo incluye a trabajadores afectados por los ERTE y sus familias, así como también a nuevos parados, entre otros. Aunque el impacto resulta sorprendentemente reducido si se compara con la enorme magnitud de la caída de la economía, es, en todo caso, ostensible.
Como el deterioro de las rentas de las familias se ha concentrado en los estratos sociales que ya tenían rentas más bajas, las situaciones de necesidad severa han aumentado de forma considerable. En consecuencia, y ante los huecos en la cobertura de las políticas sociales, por diseño o por su implementación, la demanda de acción social por parte de las ONG ha crecido enormemente. Aunque no existen datos agregados, a partir de la información facilitada por algunas ONG significativas, el estudio estima que la demanda de ayudas ha crecido entre un 40% y un 60%. Entre un cuarto y un tercio de las personas que han solicitado ayuda a las ONG son nuevos demandantes y, por tanto, cabe atribuir la situación de estas (entre 150.000 y 200.000) personas al impacto de la crisis.
El empleo (asalariado o no) es la principal variable que explica el impacto de la pandemia. La caída de la actividad laboral está en línea con la caída de la economía, estimada en un 13% en 2020. Sin embargo, la tasa de paro, situada en el 16,3% en la EPA del tercer trimestre, no muestra la reducción de las horas trabajadas que realmente se ha producido porque buena parte del impacto ha quedado amortiguado por los ERTE, que en el segundo trimestre de 2020 llegaron al 25% de los ocupados, y por otras medidas anticrisis. La evolución de los asalariados muestra una importante pérdida de empleo entre los trabajadores temporales.
El informe demuestra que ante este complejo escenario, los principales desafíos pasan por reactivar el empleo en hibernación (o restringido por las medidas de contención de contagios); mejorar la situación de los colectivos vulnerables no cubiertos (o insuficientemente cubiertos) por las medidas actuales; la gestión y coordinación de las políticas sociales; la sostenibilidad financiera de las medidas anticrisis en un entorno económico complicado con un elevado déficit público; y la búsqueda de consensos políticos y sociales para aprobar e implementar ágilmente políticas eficaces contra las repercusiones sociales más negativas de la pandemia.
En conclusión, el informe afirma que es preciso reconocer que España está mejor posicionada que en anteriores crisis para evitar un incremento generalizado de la pobreza y de la exclusión social. Este es un activo que conviene afianzar, completando el encaje institucional de las diferentes políticas y resolviendo los problemas de implementación, de modo que la cobertura efectiva se acerque a lo que prometen las políticas sociales. Los colectivos vulnerables son las principales víctimas de la falta de consenso en esta materia. Un esfuerzo de cohesión no solo ayudaría a reducir la importante brecha, evidenciada en el capítulo IV, entre percepción y realidad social. También abriría el camino de mejoras de eficiencia en la lucha contra la crisis y en la consolidación del Estado de bienestar.
