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La economía fundamental se refiere a los bienes y servicios cotidianos esenciales que solemos dar por descontados. Estos se suministran de manera colectiva, proporcionando las infraestructuras materiales y vitales para la vida cotidiana y contribuyendo al bienestar de la ciudadanía.

Así lo explican expertos miembros de Economistas Sin Fronteras (ESF) en su última publicación, un documento clave para pensar la crisis económica actual. La pandemia ha dejado al descubierto cuáles son las actividades esenciales para sostener la vida y, por ende, cuáles deberían ser las prioridades de nuestra sociedad y nuestros sistemas económicos. En el afán de proponer otros modelos de desarrollo que pongan a la economía al servicio del ser humano y no, como sucede en la actualidad, a millones de personas al servicio de la economía, un grupo de expertos miembros de la ONGD Economistas Sin Fronteras ha publicado su último dossier para contribuir a la  construcción de una ciudadanía socialmente responsable, activa y comprometida con la necesaria transformación social.

Marta de la Cuesta González, Coordinadora del Máster en Sostenibilidad y RSC de la UNED y fundadora de ESF, explica que, tal como dice la OCDE, "el crecimiento medido como producción y consumo nos está costando muy caro". El PIB no es el único indicador de progreso económico, porque no nos deja ver los problemas que han experimentado todos los países de la OCDE. Es por esto, que la experta sostiene que un crecimiento incluyente se basa en establecer como parámetro fundamental el bienestar de las personas en términos de ingresos disponibles, de acceso a la educación, la salud, las infraestructuras, la certidumbre en el trabajo o el empleo de calidad, entre otras variables.

De la Cuesta afirma que en toda Europa durante los últimos treinta años venimos asistiendo a una crisis en la que se ha erosionado la cohesión social, con el aumento de las desigualdades de rentas y riqueza, con un impacto negativo económico real y consecuente aumento de la desconfanza política en las élites, la fragmentación de los partidos y la inestabilidad electoral. A esta ya compleja situación se suma la crisis de gran magnitud como la actual generada por el coronavirus, la cual sirve de punto de inflexión y genera reflexiones de diferentes intelectuales, políticos y empresarios sobre cómo gestionar la salida de forma acertada y con perspectiva de largo plazo. Para contribuir a estas necesarias reflexiones, un grupo de investigadores/as y académicos, principalmente europeos viene reflexionando sobre ello desde la crisis de 2008, aportando ideas y datos en diferentes libros y artículos, todos ellos centrados en lo que denominan Economía Fundamental (EF).

En 2013, ya firmaron su primer manifiesto, y desde entonces trabajan en repensar la política económica desde disciplinas variadas, impulsando la innovación social. Su enfoque se centra en la economía fundamental, incluida la salud, la atención, la educación, la vivienda, los servicios públicos y el suministro de alimentos, porque estos bienes y servicios básicos son un motor de bienestar y la base de la ciudadanía. Se trata de bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana, que toda la ciudadanía consume a diario, independientemente de su nivel de ingresos, y que están distribuidos en función de la población a través de fliales y redes.

En esta propuesta se dibuja una economía que no está basada en el consumo individual, sino en el colectivo que satisface nuestras necesidades diarias esenciales del hogar y nos proporciona seguridad y bienestar. Siete años después, con motivo de la COVID-19, han  vuelto a pronunciarse en el documento "¿Qué viene después de la pandemia? Un programa de diez puntos para la renovación fundamental", donde se pide a los responsables políticos que presten más atención a bienes y servicios esenciales, como la vivienda, la alimentación, los suministros, la salud, la educación y los cuidados, entre otros.

La lista de actividades y trabajos esenciales en el reciente confinamiento es una definición práctica de lo que se considera economía fundamental: la organización y el acceso a servicios básicos universales (agua, electricidad, saneamiento, sanidad y educación, entre otros) y a sus infraestructuras básicas. También muestra una vez más cómo, en cualquier crisis, las personas que trabajan en los servicios esenciales realizan de manera responsable tareas sociales básicas con sentido del deber: las enfermeras y enfermeros en unidades de cuidados intensivos, los/as cuidadores/as en residencias de ancianos, los/as transportistas de supermercados, etc, son reconocidos/as como trabajadores/as esenciales.

La economía fundamental, a menudo invisible y descuidada, adquiere hoy más visibilidad que nunca. Uno de los artículos del dossier, "El Estado facilitador: la economía fundamental y la contribución al bienestar", escrito por Julie Froud, profesora de Innovación Financiera en la Universidad de Manchester, resulta de especial importancia para repensar nuestro tiempo. En este artículo, Julie Froud argumenta que la renovación de los bienes y servicios cotidianos esenciales —salud, educación, suministros, vivienda, sistemas de transporte— requiere de un nuevo tipo de Estado cuyo objetivo sea el bienestar, y para ello hay que renovar el papel del Estado como actor que coopera con otros para facilitar el aprendizaje sirviéndose de intereses, experiencias y conocimientos que se encuentran en distintos ámbitos. En el artículo repasa los objetivos económicos tradicionales del Estado y la necesidad de pasar del objetivo de incremento del valor agregado bruto (VAB) a un objetivo más amplio de bienestar y destaca la importancia de la economía fundamental para sustentar ese bienestar.

En este sentido, el ensayo sostiene que la renovación de tales infraestructuras requiere un nuevo tipo de Estado facilitador cuyo objetivo sea el bienestar, conseguido por medio del trabajo con la sociedad civil, puesto que las ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI necesitan tanto el derecho a acceder a los servicios esenciales —fundamentales— como un papel participativo en el diseño y la prestación de dichos servicios. Por consiguiente, la priorización de los servicios esenciales no consiste simplemente en la restauración del Estado como proveedor y garante del consumo colectivo, sino, lo que es más importante, en renovar el papel del Estado como actor que coopera con otros para facilitar el aprendizaje sirviéndose de intereses, experiencias y conocimientos que se encuentran en distintos ámbitos.

La renovación es esencial para un proceso colaborativo de innovación social radical que supone experimentación, feedback y aprendizaje, en lugar de recetas de arriba abajo y soluciones genéricas. Froud explica que, tradicionalmente, las políticas públicas han priorizado el objetivo de la creación de empleo, el crecimiento económico y los ingresos (individuales) en base al siguiente supuesto: los salarios laborales sostienen directamente el consumo individual de bienes y servicios de consumo privado, mientras que el consumo colectivo de bienes y servicios esenciales—fundamentales— se sostiene de manera indirecta por el crecimiento económico, que redunda en un incremento de los ingresos fiscales y permite una redistribución secundaria de la renta por medio de impuestos y subsidios, así como mediante la prestación de servicios públicos para cumplir los objetivos sociales. Estos supuestos, sostiene la experta, se han venido cuestionando cada vez más desde los años ochenta y se hace patente que la masa trabajadora recibe unos beneficios directos o indirectos muy limitados del crecimiento: la cuota de los ingresos nacionales correspondiente al trabajo se ha reducido; las desigualdades de ingresos y riquezas han vuelto a niveles anteriores a la primera guerra mundial; las políticas de austeridad han recortado servicios y ayudas; por otra parte, los Estados han sido incapaces de abordar la emergencia climática y ecológica que afectará a las generaciones futuras.

Ante esto, el enfoque de la economía fundamental sitúa estas preocupaciones justificadas sobre la equidad y el medio ambiente en un marco nuevo y diferente: el bienestar de la ciudadanía (actual y futura) se convierte en el objetivo preferente y directo de la política. El crecimiento económico y la creación de empleo pasan a ser objetivos secundarios, porque se puede crear  empleo y cumplir resultados, pero pasando por alto la prestación de servicios colectivos esenciales que nos  brinda seguridad y progreso social. Por el contrario, la renovación de la economía fundamental ofrece una agenda para lograr objetivos nuevos y antiguos, pues  la prestación de bienes y servicios esenciales puede ser tanto una infraestructura para el bienestar como una fuente de empleos de calidad.

Pero la responsabilidad primordial del Estado facilitador es elaborar un nuevo tipo de política económica con medidas legislativas, fiscales o de otra clase que permitan a diferentes actores prestar servicios esenciales para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. La experta sostiene que el papel del Estado facilitador sería crear marcos y oportunidades de renovación, no necesariamente prestar de manera directa los servicios o distribuir siempre los recursos. Por consiguiente, este Estado facilitador formaría parte de una nueva gubernamentalidad que va más allá del antiguo dominio público de la asistencia social y los servicios públicos, para incluir un conjunto más amplio de bienes y servicios esenciales, por ejemplo, la banca comercial y la distribución de alimentos, que están en manos de empresas con ánimo de lucro o de organizaciones independientes sin ánimo de lucro.

En este sentido, Julie Froud concluye que si el acceso a los servicios esenciales, fundamentales, es un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, el papel del Estado es facilitar la planificación,  financiación, organización y mantenimiento de unos servicios adecuados para el mayor número posible de hogares. Esto requiere repensarlos objetivos de la política y la forma de medir los resultados.

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