El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas publicó el pasado martes dos documentos muy relevantes sobre cómo enfrentar la pandemia COVID-19 desde una perspectiva de derechos humanos.
15 recomendaciones de la ONU frente al coronavirus

En su página web de Naciones Unidas se publicaron dos documentos de cabal importancia para afrontar la crisis en clave de derechos humanos:  por un lado, una declaración corta y específica sobre el tema  y por el otro, su Observación General No 25 sobre “ciencia y derechos económicos, sociales y culturales”, que si bien toca muchos otros temas, adquiere una particular relevancia en el contexto de esta pandemia.

Estos dos documentos son importantes no sólo por su contenido y las recomendaciones concretas que formulan, que son razonables y relevantes, sino además por su autoridad jurídica. El CDESC es el máximo intérprete del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales, por lo cual sus criterios tienen una particular relevancia jurídica pues son considerados una especie de jurisprudencia internacional o “doctrina autorizada” en relación con estos derechos. 

Los derechos humanos no son un lujo para períodos tranquilos o de normalidad democrática; es más, en esas épocas tienden a sobrar. Es en los momentos de crisis en que estos derechos adquieren mayor importancia pues permiten enfrentar grandes desafíos, como esta pandemia, pero preservando al mismo tiempo la democracia y las libertades.  La adopción de un enfoque de derechos humanos para enfrentar COVID-19 no es entonces un capricho de quienes trabajan estos temas sino una necesidad vital.   

Las Cinco recomendaciones principales, establecen los principios generales de manejo de la pandemia desde una perspectiva de derechos humanos. 

1) El CDESC indica que los Estados tienen el deber de desarrollar, hasta donde sea posible, la lucha contra COVD-19 con base en la mejor evidencia científica disponible. La razón es que todas las personas tienen el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones (art 27 de la Declaración Universal) y, como lo señala la Observación General No 25, uno de los beneficios esenciales de la ciencia es que las políticas públicas  estén basados en sólida evidencia científica. 

2) El CDESC señala que, aunque ciertas restricciones severas de derechos y ciertas medidas de excepción pueden ser necesarias y legítimas, los Estados no pueden abusar de los poderes de emergencia. Las restricciones no pueden entonces ser abusivas ni caprichosas, sino que deben estar empíricamente bien fundadas, ser estrictamente proporcionadas al combate a la pandemia y mantenerse solamente por el tiempo necesario requerido. 

3) El CDESC enfatiza que esta crisis ha mostrado la importancia de defender la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, esto es, que para que las democracias subsistan y la dignidad humana sea adecuadamente protegida es tan importante el goce de los derechos civiles y políticos como el de los derechos económicos, sociales y culturales, sin que puedan establecerse jerarquías entre las distintas categorías de derechos. 

El CDESC recomienda entonces que el enfrentamiento de COVID-19 asuma una visión holística, que permita una protección adecuada de todos los derechos humanos. Sería catastrófico que con el argumento de la protección de la salud termináramos sacrificando las libertades civiles y políticas.

4) Directamente ligado a lo anterior, el CDESC resaltó que en estos contextos difíciles, la preservación de la independencia judicial y del acceso de las personas a protecciones judiciales efectivas por la eventual vulneración de sus derechos, que es en sí mismo un derecho  humanos (ver artículos 8 y 10 de la Declaración Universal), no es un lujo innecesario sino que adquiere una importancia mayor, precisamente por cuanto hay mayores riesgos de violación de esos derechos. 

5) Otra recomendación tiene que ver con la importancia de la transparencia y de la información en el contexto de la lucha contra COVID-19. Los Estados deben divulgar toda la información relevante sobre la evolución de la pandemia y sobre sus decisiones y deben hacerlo en formatos accesibles especialmente para las poblaciones más vulnerables. 

La transparencia no sólo es esencial para que la ciudadanía pueda ejercer un mejor control a las decisiones del Estado sino que, como lo ha mostrado la experiencia de Corea del Sur, es uno de los elementos centrales, junto con el testeo masivo, de la eficacia en la lucha contra COVID-19. Esto obviamente implica, sobre todo en contextos de cuarentena, el fortalecimiento del acceso a internet, que se torna crucial, por ejemplo facilitando suministro gratis temporal a hogares de bajo ingreso.

Los principios de igualdad y no discriminación.

Otras recomendaciones tienen que ver con la importancia de los principios de igualdad y de no discriminación frente a COVID-19. La razón es obvia: si bien el coronavirus puede infectar a cualquier persona, no es cierto que la pandemia sea igualitaria pues afecta en forma desproporcionada a las personas pobres y en situación de vulnerabilidad, con lo cual COVID-19 visibiliza y agudiza las desigualdades existentes. 

Las razones son claras: i) estas personas tienen más dificultad para prevenir el contagio por cuanto les queda más difícil tomar las medidas preventivas. ¿Cómo puede aplicar el aislamiento social y el lavado de manos periódico quien vive en un hogar hacinado y sin servicio de acueducto?; ii) estas personas, por sus difíciles condiciones sociales, pueden padecer patologías previas que las ponen en mayor riesgo en caso de ser infectadas; iii) el impacto social de las medidas de aislamiento es mayor proporcionalmente sobre estas personas ya que verán brutalmente reducidos sus ingresos, lo cual afecta su mínimo vital y su derecho a un nivel de vida adecuado. 

A partir de estos principios de igualdad y no discriminación, el CDESC formula tres recomendaciones: 

6) El CDESC destaca que los Estados deben hacer esfuerzos financieros extraordinarios para combatir la pandemia, pues deben realizar el derecho a la salud hasta el máximo de sus recursos disponibles. Sin embargo, la obtención de los nuevos recursos requeridos para enfrentar COVID-19 tiene que ser equitativa y no puede recaer sobre los sectores más vulnerables, que son los que más han sufrido con esta pandemia y con las medidas tomadas para combatirla. 

7) El CDESC destaca además que los  Estados tienen el deber de tomar medidas especiales a favor de las poblaciones pobres y vulnerables, que sufren especialmente por esta pandemia, como los pobladores de la calle, los trabajadores informales, las poblaciones rurales, las personas privadas de la libertad, o las personas con discapacidades, entre otras.  

8) El CDESC enfatiza la importancia de que las políticas para enfrentar COVID-19 tengan enfoques diferenciales para tomar en cuenta el impacto diverso que la pandemia y las propias medidas tomadas puedan tener sobre ciertas poblaciones tradicionalmente discriminadas como las mujeres, la población LGBT, las personas con discapacidades, los migrantes o los grupos étnicos. La razón es que esta crisis puede acentuar las discriminaciones contra estos grupos. Por ejemplo, las cuarentenas impactan mayormente a las mujeres, que han asumido usualmente el trabajo doméstico y las labores de cuidado, que se tornan aún más importantes en estos contextos. 

Especial atención a ciertos derechos sociales. 

El CDESC destacó además que en esta crisis ciertos derechos sociales requieren especial atención, por lo cual formuló recomendaciones específicas frente a tres derechos.

9) Como es obvio, la protección a la salud es central. El CDESC insistió en que el fortalecimiento de los sistemas de salud públicos se torna esencial, sobre todo en aquellos países en donde estos habían sido debilitados, debido a las políticas de austeridad adoptadas a partir de la crisis financiera de 2008. 

10) Ligado a lo anterior, el CDESC destacó la importancia de proteger el derecho al trabajo, por lo cual recomienda a los Estados que adopten las regulaciones necesarias para que los empleados sean protegidos contra los riesgos de contagio en sus lugares de trabajo y para que no sean sancionados cuando se nieguen a trabajar sin dichas protecciones. 

11) El CDESC destaca los desafíos especiales que esta pandemia implica para el derecho a la educación, por cuanto la mayor parte de los centros educativos, tanto de educación básica como superior, han tenido que suspender las clases presenciales y pasar atropelladamente a formas de educación virtual, para prevenir el contagio. 

La cooperación internacional frente a COVID-19

El CDESC resalta la importancia de la cooperación internacional frente a COVID-19. La razón es obvia: SARS-COV-2 y otros patógenos semejantes no respetan fronteras y pueden plantear amenazas transnacionales e incluso globales. Las respuestas nacionales fragmentadas son por eso no sólo insuficientes sino incluso, a veces, contraproducentes. 

12) El CDESC señala primero recomendaciones que son relativamente naturales pero que no dejan de ser importantes, como las siguientes: la necesidad de compartir los resultados de la investigación médica y las mejores prácticas para combatir la pandemia; los esfuerzos cooperativos para enfrentar los impactos económicos de la crisis, en especial en los Estados más pobres, y para lograr una recuperación económica lo más rápida posible, etc.

13) De otro lado, y tal vez más relevante, el CDESC hace igualmente referencia a las llamadas obligaciones extraterritoriales de los Estados frente a COVID-19.  Las obligaciones extraterritoriales, que han sido sintetizadas doctrinariamente en los llamados Principios de Maastricht,  hacen referencia a las acciones u omisiones que los Estados tienen la obligación de efectuar debido a sus impactos negativos o positivos sobre el goce de los derechos humanos en otros Estados. 

14) El CDESC puso en ambos documentos un énfasis particular en la cooperación en el campo científico, que podría evitar que brotes epidémicos locales se conviertan en pandemias devastadoras frente a las cuales el mundo esté mal preparado, como sucedió con COVID-19. 

Una oportunidad para un mejor futuro para los derechos humanos. 

15) La última recomendación del CDESC sirve para cerrar este blog y es la posibilidad de ver en esta dura crisis desencadenada por COVID-19 no solamente una amenaza a los derechos humanos, que la es, sino también una oportunidad para un futuro mejor para los derechos humanos, que también lo es.

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