Así terminaba el panel de la campaña Seja Legal com a Amazônia el pasado miércoles 11 en el marco de la COP 25 por el cambio climático. Se trata de una iniciativa liderada por representantes del agro negocio en conjunto con ONG para luchar contra las prácticas de usurpación ilegal de terrenos en el Amazonas, las cuales están vinculadas directamente con la deforestación.
“Por el Amazonas, por Brasil, por el mundo”

Hay que detener el crimen organizado en el Amazonas. Fue el mensaje claro que enviaron las y los referentes que participaron de la conferencia. Brenda Brito, investigadora de IMAZON  (Amazon Institute of Man and Environment); André Guimaraes, director ejecutivo de IPAM (Instituto de investigación ambiental del Amazonas), organización científica, no gubernamental, no partidaria y sin fines de lucro que ha trabajado por la sostenibilidad y el desarrollo de la Amazonía desde 1995 y Marcelo Britto, director de la junta directiva de ABAG (Asociación brasilera de agro negocio) expusieron la alarmante situación de la Amazonía brasilera ante la falta de control y políticas públicas para proteger el pulmón del mundo.

El amazonas tiene 287,6 millones de hectáreas de selva pública bajo la jurisdicción brasilera. Gran parte de estas, son territorios de las comunidades indígenas y se encuentran en grave peligro ante la avanzada de la usurpación ilegal por parte de grupos criminales. Como modo de delimitar sus parcelas, quienes se apropian ilegalmente de estas tierras, las deforestan, incendiando y destruyendo los recursos naturales de forma desmedida ocasionando una brutal pérdida de la biodiversidad, de los recursos hídricos y atentando contra los pueblos originarios. Además, en las regiones a donde los grupos criminales tienen mayor incidencia hay mayores índices de violencia en la disputa por las tierras.

En 2019, alrededor del 44% de la deforestación ilegal ocurrió en tierras públicas, sobre las cuales el Estado brasilero no ejerce el control y la protección que debería. Los apropiadores de estas tierras, ante la falta de vigilancia realizan un expolio in debido de las mismas con fines comerciales en el mercado nacional e internacional que dan réditos millonarios.  André Guimaraes explicó que aproximadamente el 30% del territorio del Amazonas es territorio indígena, y es urgente protegerlo. No solo para defender su cultura y su identidad, sino que, además, son estas comunidades quienes protegen el territorio y defienden el agua como el bien más preciado. 

Los investigadores representantes del panel denunciaron que, no sólo el Estado brasilero no defiende los territorios públicos, sino que además existe un fuerte lobby en el congreso nacional, desde el cual se presiona hacia la flexibilización de las leyes de protección medioambiental, y otorgando amnistías a los usurpadores de tierras públicas, estimulando así la actividad criminal.

La situación es compleja y lo que está en peligro es la mayor región de bosque tropical del planeta. Los intereses económicos en juego son altos y mientras tanto, el Amazonas pierde cada año enormes extensiones de selva, emitiendo inconmensurables cantidades de gases de efecto invernadero sumado a un contexto de graves violaciones de los derechos humanos. La desinformación y el cerco mediático ejercido por los grandes monopolios de medios contribuyen a invisibilizar esta grave situación. Si queremos evitar el empeoramiento del cambio climático, la pérdida de la invaluable biodiversidad y garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas, es fundamental detener la deforestación ilegal que lleva a la degradación de la Amazonia. Es por el Amazonas, es por Brasil, es por el mundo.

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