Los gobiernos deben acabar con el secreto de los paraísos fiscales y combatir la evasión fiscal facilitada por las jurisdicciones extraterritoriales, han señalado recientemente tres expertos de la ONU en derechos humanos tras la divulgación de los llamados “Bahama leaks”. Un asunto que aunque en ocasiones cumple la legalidad dice muy poco de la Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa (RSE/RSC) de empresas o gobiernos que lo practican.
Esos documentos revelaron como una práctica común el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales por parte de servicios financieros e individuos acaudalados en las Bahamas.
Explicaron que si bien las estructuras en los paraísos fiscales pueden ser el resultado de una actividad comercial legítima, se estima que hay individuos que retienen entre 7 y 25 billones de dólares de riqueza en ese tipo de cuentas, y que los ingresos tributarios perdidos por muchos países podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares al año.
Cuando individuos y corporaciones esconden activos no declarados en el extranjero para eludir los impuestos o blanquear dinero, están de hecho robando esos fondos a la sociedad, advirtieron los expertos.
Agregaron que los beneficios de estas actividades ilícitas pueden y deben destinarse a financiar servicios públicos y a mejorar las condiciones de vida de la población.
Hay que recordar que las corrientes financieras ilícitas incluyen fondos que, aprovechando los vacíos legales y otros artificios, eluden el espíritu de la ley, esto incluye, por ejemplo, las operaciones de evasión fiscal que se ven facilitadas por el uso de sociedades situadas en paraísos fiscales.
Gracias al trabajo del periodismo de investigación, los contribuyentes están ahora conscientes de estas estrategias inmorales e ilegales, y son capaces de entender la medida en la que el fraude fiscal socava los derechos económicos, sociales y culturales.
“Los Estados deben demostrar que toman en serio el interés de miles de millones de personas en todo el mundo, las cuales sufren la pérdida de servicios públicos a causa de la falta generalizada de ética en materia fiscal”, apuntaron los expertos.
Asimismo, consideraron que Naciones Unidas debe tomar medidas eficaces para prevenir las actividades ilegales de las empresas offshore situadas en paraísos fiscales.
“La justicia tributaria mundial y el éxito de la lucha contra el blanqueo de dinero no serán posibles a menos que los Estados cooperen en el control y la regulación de las actividades fiscales de las empresas situadas en paraísos fiscales”, concluyeron.
Los firmantes del comunicado son el experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y dos miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, Jean Ziegler y Obiora Okafor.
