El Gobierno de la Generalitat y el BBVA han firmado un acuerdo por el que esta entidad financiera cede 1.800 viviendas a los que se les dará uso social para atender casos de emergencia residencial de familias vulnerables. Se trata de la cesión más importante que la Generalitat ha acordado hasta ahora con una entidad financiera y permitirá doblar el número de viviendas obtenidos con esta sistema, que pasarán de los 1.860 actuales a 3.660.
El convenio se enmarca en la política de lucha contra el riesgo de exclusión residencial del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y, por este motivo, todas las viviendas se destinarán a las mesas de emergencia para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Esta aportación supone un aumento importante del número de viviendas con esta finalidad y significará un salto cualitativo a la hora de disponer de pisos para resolver este tipo de situaciones.
El acuerdo de la Generalitat con el BBVA prevé entregar 300 viviendas cada seis meses, aunque se podrán obtener antes si hay demandas urgentes que atender. Los primeros 300 se entregarán de forma inmediata y estarán situados en ciudades con una alta necesidad de viviendas para emergencias como Barcelona, L'Hospitalet, Tarragona, Lleida, Girona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell o Terrassa, entre otros.
Como mínimo, la mitad de los pisos que se cederán estarán vacíos. El resto pueden encontrarse ocupados por personas afectadas por procesos de desahucio o por ocupantes irregulares. Las viviendas ocupadas sólo acabarán cediendo a la Generalitat si se verifica, con la colaboración de los ayuntamientos, que los ocupantes reúnen las condiciones de vulnerabilidad que establece la Generalitat en su normativa de emergencias. En este sentido, el acuerdo garantiza que estos ocupantes en situación de vulnerabilidad no sean desahuciados de su vivienda.
El uso de la vivienda cedido a la Generalitat tendrá una duración de cinco años. Aunque el convenio inicial prevé la cesión de 1.800 viviendas, no se excluyen futuras aportaciones. La cesión temporal de viviendas propiedad de las entidades financieras representa una fuente importante de crecimiento del parque de alquiler social de la Generalitat y es un sistema de colaboración que permite movilizar las viviendas vacías de las entidades a favor de las personas más vulnerables.
