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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cederá 200 pisos para casos de urgencia habitacional
La Sareb ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, para la cesión temporal en usufructo de 200 viviendas que serán destinadas a afrontar situaciones de emergencia habitacional

Se trata del primer convenio que Sareb firma con una gran corporación municipal  con competencias en materia de vivienda, ya que hasta ahora los acuerdos de cesión se habían canalizado a través de las comunidades autónomas. De hecho, Sareb suscribió su primer convenio de cesión de 600 viviendas con la Generalitat de Cataluña en junio de 2014 y que fue ampliado en junio pasado en otras 300 viviendas.

Según el convenio firmado, el Ayuntamiento de Barcelona se encargará de la gestión de los inmuebles cedidos durante un plazo de ocho años. El acuerdo contempla la cesión tanto de vivienda vacía como ocupada irregularmente, si bien el peso de ésta última no rebasará el 50% del total. El consistorio será el encargado de regularizar la situación de las familias que estén en las viviendas sin título de alquiler o propiedad.

Sareb hará entrega a la mayor brevedad posible de cincuenta pisos al ayuntamiento para paliar las situaciones más urgentes. Está previsto que el traspaso del total de viviendas se realice en los primeros meses de 2016.

La renta que pagarán los inquilinos se ajustará al nivel de ingresos, de forma que el alquiler más el coste de los suministros básicos no supere el 30% de los ingresos netos actuales.

Las viviendas se entregarán a los inquilinos en condiciones de habitabilidad, por lo que se ha acordado que si fuera necesaria inversión para su adecuación dichos costes se repartirán al 50%. Por su parte, los gastos de seguros, comunidad y reparaciones extraordinarias, corresponderán a Sareb, mientras que el ayuntamiento barcelonés asumirá todos los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario, medidas para la prevención de ocupaciones ilegítimas, Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otros gastos. 

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