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Un informe de la Fundación Adecco revela que más del 90% de las mujeres encuestadas vincula el acceso al trabajo con la posibilidad de recuperar su libertad, seguridad y autonomía. Sin embargo, las barreras digitales, la precariedad económica y la falta de redes de apoyo dificultan su incorporación al mercado laboral.
El empleo, clave para reconstruir la vida de las mujeres víctimas de violencia de género

A pocos días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, un nuevo estudio pone de manifiesto que superar una situación de violencia de género implica mucho más que romper el vínculo con la persona agresora. Recuperar la independencia económica, reconstruir las relaciones sociales y volver a proyectar el futuro son dimensiones fundamentales de ese proceso, en el que el acceso a un empleo digno y estable puede desempeñar un papel decisivo.

Así lo refleja el 14.º informe Violencia de género y empleo, presentado este 18 de noviembre por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, con el respaldo de 14 empresas. La investigación, elaborada a partir de una encuesta a 175 mujeres que atraviesan procesos de recuperación tras situaciones de violencia de género y se encuentran desempleadas o buscando trabajo, analiza el papel del empleo en la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Los resultados muestran que el trabajo trasciende ampliamente su dimensión económica. Para el 95,8% de las participantes representa una oportunidad de recuperar la libertad y la capacidad de decisión; para el 94,8%, una fuente de seguridad y confianza; y para el 92,6%, una posibilidad de volver a construir un futuro propio.

El estudio también advierte de que estas expectativas conviven con obstáculos importantes. El 92% de las encuestadas tiene dificultades para cubrir necesidades básicas, mientras que tres de cada cuatro encuentran barreras tecnológicas que complican su búsqueda laboral.

Trabajar para recuperar la autonomía y volver a decidir

La violencia de género puede generar situaciones prolongadas de control, dependencia económica, aislamiento y pérdida de confianza. En este contexto, disponer de ingresos propios constituye una herramienta fundamental para recuperar la autonomía y ampliar las posibilidades de elección.

Según la investigación, el 97,2% de las mujeres considera que acceder a un empleo le permitiría contar con recursos económicos propios, mientras que el 96,5% vincula el trabajo con la posibilidad de tomar decisiones sobre su vida. Asimismo, el 95,4% cree que podría elegir con mayor libertad dónde y cómo vivir, y el 94,1% señala que le ayudaría a organizar su tiempo y conciliar sus responsabilidades.

La seguridad constituye otra dimensión central. El 96,5% de las participantes considera que trabajar contribuiría a recuperar su autoestima y confianza, el 95,5% lo relaciona con el fortalecimiento de sus vínculos personales y el 95% cree que favorecería la estabilidad económica de sus hijos e hijas.

El empleo también aparece asociado a la posibilidad de recuperar expectativas personales y profesionales. El 94% de las mujeres afirma que trabajar le permitiría planificar a medio y largo plazo, mientras que el 93,5% considera que le ayudaría a recuperar rutinas y propósitos. Además, el 92% lo vincula con mejores oportunidades para sus hijos e hijas y el 90,9% con su propio desarrollo.

Estas cifras reflejan que la inserción laboral puede convertirse en un componente importante de la recuperación, aunque no sustituye las medidas de protección, la atención psicológica ni el acompañamiento social.

La brecha digital dificulta el acceso al mercado laboral

Uno de los principales hallazgos del informe es la magnitud de las barreras tecnológicas. El 75,3% de las mujeres encuestadas reconoce dificultades digitales durante la búsqueda de empleo, una situación especialmente preocupante en un mercado laboral donde buena parte de los procesos de selección se desarrolla a través de plataformas y herramientas online.

El 47,9% necesita mejorar sus competencias tecnológicas, mientras que el 36,9% no dispone de dispositivos adecuados o de una conexión a internet que le permita buscar oportunidades laborales en condiciones apropiadas. Estas limitaciones afectan a actividades cotidianas como preparar un currículo, inscribirse en portales de empleo, realizar entrevistas virtuales o utilizar nuevas herramientas digitales.

Sin embargo, en situaciones de violencia de género, la exclusión tecnológica presenta una complejidad adicional: la posibilidad de que los dispositivos y las comunicaciones sean utilizados como mecanismos de vigilancia. El 15,2% de las participantes afirma que su pareja o expareja controla, o podría controlar, sus dispositivos y comunicaciones, o intenta impedir que busque trabajo. Esta situación puede generar temor a dejar rastros digitales que permitan identificar sus movimientos, contactos o candidaturas laborales.

Por ello, la inclusión digital requiere intervenciones que vayan más allá de la capacitación tecnológica. También resulta necesario garantizar dispositivos, conexiones y espacios seguros desde los cuales las mujeres puedan acceder a oportunidades laborales sin comprometer su privacidad.

Cristina Leirós, coordinadora del programa Mujer de la Fundación Adecco, subraya que la digitalización puede facilitar el acceso al trabajo, pero también profundizar las desigualdades cuando no existen competencias, recursos materiales o condiciones de seguridad suficientes.

La falta de contactos y el temor al estigma agravan la exclusión

Las dificultades tecnológicas no son las únicas barreras identificadas. El informe señala que el 63% de las mujeres carece de contactos o personas de referencia que puedan orientarlas durante la búsqueda de empleo. El aislamiento que frecuentemente acompaña a las situaciones de violencia puede debilitar las redes personales y profesionales, reduciendo el acceso a información, recomendaciones y oportunidades laborales.

A esta situación se suma el temor a la discriminación. Casi la mitad de las participantes, el 49%, manifiesta preocupación ante la posibilidad de que comunicar su condición de víctima perjudique sus oportunidades de contratación. Este miedo pone de relieve la persistencia de prejuicios que pueden asociar injustamente las experiencias de violencia con una menor capacidad profesional, en lugar de reconocer las competencias y trayectorias de las candidatas.

Por otra parte, el 39,4% identifica dificultades para conciliar la búsqueda de empleo con sus responsabilidades familiares y personales. Muchas mujeres deben asumir en solitario tareas de cuidado, al tiempo que afrontan procedimientos judiciales, trámites administrativos y procesos de recuperación. El 36,2% también reconoce que la pérdida de autoestima y confianza afecta a su capacidad para afrontar entrevistas, presentar candidaturas o sostener una búsqueda laboral prolongada.

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de que las empresas incorporen medidas de flexibilidad y conciliación desde los propios procesos de selección, evitando que las circunstancias personales se transformen en nuevas formas de exclusión.

El 92% tiene dificultades para cubrir necesidades básicas

La dimensión económica constituye uno de los aspectos más preocupantes de la investigación. Entre las mujeres participantes, el 92% declara tener dificultades para afrontar gastos esenciales después de denunciar o desvincularse de la persona agresora.

La vivienda aparece como el principal problema: el 73,5% encuentra dificultades para asumir el alquiler, los suministros u otros gastos asociados al hogar. La falta de recursos también afecta a la alimentación, señalada por el 59,7% de las participantes, y a la compra de ropa, mencionada por el 48,2%.

Además, el 39% no puede afrontar gastos de formación, lo que puede limitar sus posibilidades de actualizar conocimientos y mejorar su empleabilidad. El 27,5% encuentra dificultades para costear el transporte y el 25% para acceder a determinados gastos sanitarios. Estas limitaciones evidencian que las consecuencias económicas de la violencia pueden prolongarse incluso después de finalizar la convivencia o romper la relación con la persona agresora. De hecho, el anterior informe de la Fundación Adecco ya había identificado que el 67,8% de las mujeres encuestadas no tenía empleo cuando comenzaron las agresiones, una circunstancia que podía incrementar su dependencia económica.

No obstante, la organización recuerda que la responsabilidad de la violencia corresponde exclusivamente a quien la ejerce. La situación laboral de una mujer no determina que sufra violencia de género, aunque la falta de ingresos propios puede dificultar la salida de ese entorno y la posterior recuperación.

El desempleo también profundiza el aislamiento social

Más allá de la precariedad económica, la falta de trabajo puede reforzar situaciones de soledad y desconexión social. El 64% de las mujeres encuestadas afirma que participa menos en actividades sociales debido a la escasez de recursos económicos. Asimismo, el 60,5% mantiene menos contacto con otras personas y el 55,6% reconoce sentirse más sola o aislada.

Las consecuencias emocionales de la violencia también influyen en esta situación: al 56,8% le cuesta pedir ayuda o expresar cómo se siente, mientras que el 31,4% considera que su red de apoyo se ha debilitado. Frente a estas dificultades, el 74,8% cree que acceder a un empleo sostenible contribuiría a fortalecer sus relaciones personales y ampliar sus apoyos.

La incorporación al mercado laboral puede ofrecer espacios de interacción, reconocimiento y pertenencia, además de facilitar la recuperación de rutinas y vínculos sociales. Sin embargo, estos beneficios requieren entornos de trabajo seguros, inclusivos y compatibles con las necesidades de cada mujer.

Más denuncias y la necesidad de reforzar los apoyos

La publicación del informe coincide con un contexto de incremento de las denuncias por violencia de género en España. Durante 2025, las denuncias aumentaron un 2,6% en el conjunto del país. La Comunidad de Madrid registró 33.516 denuncias, frente a las 32.004 de 2024, lo que supone un crecimiento del 4,7%.

Con el 16,4% del total nacional, Madrid fue la segunda comunidad autónoma con mayor volumen de denuncias, únicamente por detrás de Andalucía. La evolución territorial fue desigual. Los mayores incrementos porcentuales se produjeron en La Rioja (14,7%), Castilla-La Mancha (9,6%), País Vasco (7,1%), Galicia (6,6%) y Castilla y León (6%). Por el contrario, las denuncias disminuyeron en Aragón (-4,8%), Murcia (-2%) y Canarias (-0,5%).

El aumento de las denuncias no implica necesariamente un crecimiento equivalente de los episodios de violencia. También puede estar relacionado con una mayor sensibilización social, una mejor detección institucional o una mayor confianza en los mecanismos de denuncia y protección.

En cualquier caso, los datos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las respuestas públicas y sociales, especialmente aquellas orientadas a garantizar la autonomía económica de las mujeres. Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco, advierte de que denunciar no puede constituir el punto final de la intervención. Sin ingresos, apoyos y oportunidades laborales, muchas mujeres pueden quedar expuestas a nuevas situaciones de dependencia y vulnerabilidad.

En este sentido, el informe reivindica una respuesta integral que combine protección frente a la violencia, acompañamiento psicológico y social, formación, inclusión digital y acceso a empleos estables. La recuperación de la autonomía no depende únicamente de abandonar una relación violenta, sino también de contar con las condiciones materiales, sociales y laborales necesarias para construir una vida independiente. Garantizar esas oportunidades constituye, por tanto, una dimensión esencial de la lucha contra la violencia de género y de la promoción de la igualdad.

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