La economía española muestra una evolución desigual. Mientras los beneficios empresariales y los grandes patrimonios mantienen una trayectoria ascendente, buena parte de la población trabajadora continúa afrontando dificultades para recuperar su capacidad de compra. Así lo advierte Oxfam Intermón, que este 17 de noviembre ha presentado un análisis sobre la concentración de la riqueza, las diferencias salariales y la capacidad redistributiva del sistema fiscal español.
Los datos reflejan una transformación significativa en el reparto del patrimonio durante los últimos años. En 2012, las personas y familias con fortunas superiores a los 1.000 millones de euros acumulaban conjuntamente 74.400 millones. En 2026, esa cantidad alcanza los 352.400 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 374 %. Durante el mismo periodo, el número de familias milmillonarias ha pasado de 28 a 77.
La tendencia también se observa al analizar las 100 mayores fortunas españolas. Su patrimonio conjunto se ha triplicado desde 2012 y ha pasado de representar el 11,8 % del producto interior bruto (PIB) al 19,3 % en 2025. Es decir, estas grandes fortunas acumulan una riqueza equivalente a casi una quinta parte de la producción económica anual del país.
El crecimiento de los grandes patrimonios contrasta con la evolución económica de los hogares con menos recursos. Según los datos recogidos por Oxfam Intermón, entre 2002 y 2024 la riqueza media de las familias situadas entre el 10 % más rico aumentó hasta un 78 %. En cambio, el patrimonio medio de la mitad menos acomodada de la población disminuyó un 11 %.
La situación resulta especialmente preocupante para el 25 % de los hogares más pobres, cuya riqueza media se redujo un 66 % durante ese periodo, hasta situarse en apenas 5.600 euros. Esta evolución también se refleja en la distribución del patrimonio nacional. En 2002, el 50 % de los hogares con menos riqueza poseía el 12,5 % del total. Veintidós años después, su participación había descendido hasta el 7,7 %. En sentido contrario, el 1 % más rico incrementó su cuota del 13,8 % al 21,6 %.
Para Íñigo Macías, investigador de Oxfam Intermón, estas cifras evidencian una concentración cada vez mayor de los recursos económicos y un deterioro patrimonial de los sectores más vulnerables. El especialista cuestiona que los buenos resultados macroeconómicos no se traduzcan en una mayor seguridad económica para las familias, que deben afrontar facturas más elevadas con salarios incapaces de mantener su poder adquisitivo.
La desigualdad también se manifiesta en el mercado laboral. De acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, el 18,3 % de las personas asalariadas en España percibe el salario mínimo interprofesional o una cantidad inferior, mientras que el 67 % cobra menos del doble de ese umbral.
Al mismo tiempo, las diferencias entre las remuneraciones de los trabajadores y las de los máximos responsables empresariales siguen siendo muy elevadas.Los primeros ejecutivos de las siete mayores compañías españolas reciben salarios equivalentes a 219 veces el sueldo medio nacional y a 264 veces el salario mediano, es decir, aquel que divide a las personas asalariadas en dos grupos iguales según sus ingresos.
Si se consideran las 40 empresas más grandes del país, las diferencias se mantienen: sus principales directivos perciben remuneraciones que multiplican por 148 el salario medio y por 178 el mediano.Estas brechas coinciden con una evolución favorable de los resultados empresariales. Durante los últimos tres años, los beneficios de las compañías han aumentado, de media, un 11,6 %, mientras que los dividendos distribuidos a los accionistas han crecido un 23 %.
La tendencia resulta todavía más evidente al ampliar el periodo de análisis. Entre 2007 y 2025, los beneficios declarados por las sociedades aumentaron un 85 %, mientras que su contribución mediante el Impuesto sobre Sociedades creció únicamente un 31 %.
Según los datos difundidos por Oxfam Intermón, actualmente las empresas tributan por el equivalente al 11,6 % de sus beneficios, frente al promedio del 21,1 % registrado entre 1995 y 2006. La evolución salarial presenta un escenario diferente. En términos reales, descontando el efecto de la inflación, los sueldos se sitúan entre un 4,5 % y un 7,6 % por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, dependiendo del mes utilizado como referencia.
La pérdida de capacidad adquisitiva tampoco constituye un fenómeno reciente. Desde la crisis financiera de 2008, el salario real permaneció por debajo de los niveles de aquel año hasta 2023. En 2024 apenas los superó un 1,1 % y en 2025 la mejora alcanzó el 2 %. Sin embargo, en 2026 la inflación, situada por encima del 4 % desde agosto, ha vuelto a provocar un retroceso del poder de compra.
Otro de los indicadores destacados por la organización es la evolución de los márgenes de beneficio de las empresas, que han mantenido una trayectoria creciente desde la pandemia. A finales de 2020 representaban el 7,5 % de las ventas, mientras que en el segundo trimestre de 2026 alcanzaron el 11,1 %.
Los sectores vinculados a la energía y las materias primas han registrado los mayores incrementos, seguidos de las actividades inmobiliarias y de la industria química y farmacéutica. Para Oxfam Intermón, esta evolución demuestra que el deterioro del poder adquisitivo de las personas trabajadoras no puede explicarse únicamente por una falta de recursos económicos. La organización considera necesario examinar cómo se distribuyen los beneficios derivados de la actividad empresarial y qué parte de ese crecimiento llega efectivamente a los salarios.
Más allá de las diferencias entre salarios y patrimonios, el informe pone el foco en la capacidad de las administraciones públicas para corregir la desigualdad mediante impuestos y transferencias. En España, la intervención del Estado consigue reducir la desigualdad de renta en 13,8 puntos, una cifra sensiblemente inferior a la registrada en el conjunto de la Unión Europea y la eurozona, donde la reducción supera los 18 puntos.
Aunque los indicadores de desigualdad de ingresos han mejorado durante los últimos años, Oxfam Intermón atribuye esta evolución principalmente a la recuperación del empleo y no a un fortalecimiento de los mecanismos públicos de redistribución.
La entidad recuerda que la Constitución española reconoce la función redistributiva del Estado como una herramienta para favorecer el progreso social. Sin embargo, advierte de que las bonificaciones, las lagunas normativas y otros mecanismos que reducen la tributación efectiva limitan la progresividad del sistema fiscal.
Macías sostiene que el problema no reside únicamente en la existencia de grandes diferencias económicas, sino también en la insuficiente capacidad de la política tributaria para corregirlas.
Ante este escenario, Oxfam Intermón ha aprovechado el contexto de la campaña electoral para reclamar que la próxima legislatura impulse cambios fiscales y laborales orientados a mejorar la distribución de la riqueza. Entre sus principales propuestas figura reforzar el impuesto sobre el patrimonio para asegurar una mayor contribución efectiva de las grandes fortunas. También plantea revisar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para acercar la tributación de las rentas procedentes del ahorro a la que soportan los ingresos derivados del trabajo.
En el ámbito empresarial, la organización defiende ampliar la aportación fiscal de las grandes compañías mediante la generalización de impuestos sobre los beneficios extraordinarios y la revisión de los incentivos y deducciones que reducen su carga tributaria.
Las propuestas incluyen asimismo medidas destinadas a proteger los ingresos de la población trabajadora. Una de ellas es aprobar una ley del Salario Mínimo Interprofesional que garantice su actualización anual, como mínimo, conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC).
Oxfam Intermón también considera necesario fortalecer la negociación colectiva. Para ello, propone facilitar a las mesas negociadoras información sobre la evolución de los márgenes empresariales, de manera que los incrementos salariales acordados en los convenios puedan aproximarse al crecimiento de los beneficios de las compañías.
La organización insiste en que el aumento del peso de los salarios sobre el PIB no implica necesariamente una distribución más justa de la riqueza. Según explica Macías, esta evolución responde principalmente al incremento del número de personas ocupadas, y no a una mejora sustancial de la participación de cada trabajador en los recursos generados por la economía.
En definitiva, el diagnóstico de Oxfam Intermón apunta a un problema estructural: España continúa registrando niveles elevados de desigualdad en comparación con otros países europeos, mientras los instrumentos fiscales disponibles resultan insuficientes para reducir la concentración patrimonial.
Para la entidad, afrontar esta situación exige que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones materiales para la mayoría de la población y que las grandes fortunas y empresas contribuyan en mayor medida a financiar las políticas públicas. El desafío, concluye la organización, no consiste únicamente en generar más riqueza, sino en garantizar que sus beneficios se distribuyan de forma más equilibrada entre el conjunto de la sociedad.