
El debilitamiento progresivo de las políticas públicas de bienestar ha creado un terreno fértil para el avance del populismo de extrema derecha en todo el mundo. Así lo advierte Olivier De Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos, en un informe presentado ante la Asamblea General de la ONU.
Según detalla el documento, las llamadas reformas de bienestar impulsadas bajo la bandera de la austeridad y la eficiencia no solo han reducido los recursos disponibles para las personas con menos ingresos, sino que además han contribuido a estigmatizarlas. “Han alienado a millones de personas en situación de pobreza y han jugado a favor de una extrema derecha que busca explotar ese descontento”, declaró De Schutter.
El experto denuncia que los sistemas modernos de protección social, lejos de aliviar la pobreza, imponen mecanismos de control y castigo que humillan a quienes los necesitan: desde la obligación de aceptar empleos precarios bajo amenaza de sanción hasta el uso de algoritmos que generan falsos fraudes o la separación injusta de familias por considerar la pobreza como “negligencia”.
De Schutter alerta de que este modelo punitivo incrementa la inseguridad económica y la desconfianza hacia las instituciones, abriendo la puerta al avance de discursos autoritarios. “Por cada punto que aumenta la desigualdad de ingresos, el apoyo a los partidos populistas crece casi en la misma proporción”, señaló, citando un estudio reciente.
El relator mencionó los casos de Francia y Reino Unido, países a los que ha enviado cartas expresando su preocupación por reformas sociales que podrían agravar la pobreza. A su juicio, en ese contexto “los populistas de extrema derecha prosperan, presentándose como defensores de los olvidados por las élites”. Sin embargo, advierte, “su agenda no busca empoderar a las personas en pobreza, sino desmantelar las protecciones sociales para su propio beneficio”.
El informe documenta recortes drásticos del gasto público en países tan diversos como Argentina o Estados Unidos, donde millones de personas han perdido acceso a servicios básicos de salud o asistencia alimentaria. Al mismo tiempo, las reducciones fiscales han transferido riqueza de los hogares más pobres hacia los más ricos.
“Estas son las políticas de la exclusión: decisiones deliberadas que cortan los salvavidas de los pobres mientras premian a los estratos más privilegiados, todo ello en nombre de proteger los presupuestos públicos de los llamados ‘foráneos’ o ‘pobres no merecedores’”, denunció el relator.
Como alternativa, De Schutter propone fortalecer los sistemas de protección social universales, basados en derechos humanos y no en criterios restrictivos. “La protección social no es caridad ni un favor condicionado; es un derecho humano que debe garantizarse con dignidad”, subrayó.
El experto recordó que muchas personas en situación de pobreza le expresan sentirse “vigiladas y juzgadas en lugar de acompañadas”. Por eso, advierte que, mientras los gobiernos no traten la protección social como un pilar de justicia y no como un gasto a recortar, “los populistas de extrema derecha seguirán cosechando el descontento que ellos mismos han contribuido a sembrar”.
Según recuerda Naciones Unidas, los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos que actúan de forma voluntaria y sin remuneración, con el objetivo de vigilar el respeto a los derechos humanos en todo el mundo.