La falta de acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales y urbanos a escala mundial. Con motivo del Día Mundial del Hábitat, representantes de gobiernos, sociedad civil y academia reunidos en Mascate, Omán, han reclamado cambios estructurales para afrontar una crisis que no se limita a la ausencia de un techo, sino que profundiza la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad frente al cambio climático.
Según informa Naciones Unidas, más de 3.000 millones de personas en todo el mundo están privadas del derecho a una vivienda adecuada. De ellas, más de 1.000 millones residen en asentamientos informales y barrios marginales, mientras muchas otras personas carecen directamente de hogar o han tenido que desplazarse como consecuencia de conflictos, catástrofes y los efectos de la crisis climática.
El secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que disponer de una vivienda adecuada constituye “el fundamento de la dignidad, la seguridad y las oportunidades”. En este sentido, defendió que la respuesta internacional debe abordar la vivienda desde una perspectiva de derechos humanos y no únicamente como una cuestión inmobiliaria.
La directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, incidió en la misma dirección al señalar que “una vivienda adecuada no es un lujo. Es la base de una vida digna y de ciudades sostenibles”. Para la responsable de la agencia de Naciones Unidas dedicada a promover una urbanización sostenible, la vivienda debe convertirse en una prioridad pública junto con el acceso a la tierra y a los servicios básicos.
El enfoque de Naciones Unidas amplía la mirada sobre qué significa realmente garantizar el derecho a la vivienda. De acuerdo con su marco de derechos humanos, una vivienda adecuada debe satisfacer siete criterios, entre ellos la disponibilidad de servicios, la habitabilidad, la asequibilidad, la ubicación y la accesibilidad.
Esto significa que disponer físicamente de una casa no garantiza por sí mismo unas condiciones de vida dignas. Como explicó Rossbach, una familia puede contar con un techo, pero destinar una proporción tan elevada de sus ingresos al alquiler que apenas disponga de recursos para alimentación, educación o atención sanitaria. Del mismo modo, una vivienda puede resultar económicamente accesible y, sin embargo, encontrarse alejada del empleo, los centros educativos o el transporte.
Las consecuencias de estas carencias afectan de manera directa al ejercicio de otros derechos. El presidente de la Asamblea de ONU-Hábitat y ministro de Vivienda y Gobierno Local de Malasia, Nga Kor Ming, llamó la atención sobre las familias que habitan viviendas sin protección jurídica, saneamiento básico o acceso a agua limpia, condiciones que también exponen a niños y niñas a enfermedades prevenibles.
“Una casa sin agua limpia, sin seguridad ni protección legal no es un hogar. Es una trampa de pobreza”, advirtió Ming. Frente a esta realidad, reclamó abandonar las respuestas rápidas y avanzar hacia una transformación sistémica de las políticas de vivienda.
Naciones Unidas sostiene que mejorar las condiciones habitacionales y transformar los asentamientos informales puede generar beneficios que van mucho más allá del ámbito residencial. Según Guterres, invertir en vivienda adecuada contribuye a reducir la pobreza, combatir las desigualdades, fortalecer la resiliencia climática y favorecer sociedades más pacíficas e inclusivas.
Para avanzar en esa dirección, el secretario general reclamó una respuesta coordinada entre gobiernos nacionales y locales, alianzas más sólidas entre los diferentes actores y un mayor aprovechamiento de los datos para orientar las decisiones públicas. Rossbach también destacó la necesidad de aumentar la inversión en las comunidades y reforzar la cooperación entre administraciones, sector privado y sociedad civil.
Uno de los principales obstáculos continúa siendo, sin embargo, la financiación. Guterres pidió reformar la arquitectura financiera internacional para movilizar recursos “adecuados, predecibles y asequibles” que permitan a los países en desarrollo invertir en vivienda a gran escala.
El llamamiento sitúa así la financiación internacional en el centro de una crisis que Naciones Unidas considera inseparable de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. “Tratemos la vivienda como un bien público y construyamos un mundo donde todos tengan un lugar al que llamar hogar”, concluyó Guterres.
El Día Mundial del Hábitat, celebrado anualmente el primer lunes de octubre, abre además el Octubre Urbano de ONU-Hábitat, una campaña de un mes destinada a impulsar el debate y la acción sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. La iniciativa concluirá el 31 de octubre con el Día Mundial de las Ciudades.
