Se han publicado varias noticias en la prensa española sobre que el proyecto de Ley de Economía Sostenible permitirá a las empresas obtener la “certificación de empresas socialmente responsables”.
El numeral 3 del artículo 40 dice: “Las empresas que cumplan un nivel mínimo en los anteriores indicadores podrán ser acreditadas como empresas socialmente responsables por el Observatorio del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial……….” . Los indicadores a que se refiere se citan en el numerales 1 y 2 que dicen que “el Gobierno pondrá a su disposición un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación…....”, “………..transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local, y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora en las relaciones laborales e igualdad efectiva entre mujeres y hombres…..” (citas tomadas del único texto disponible en internet, que puede no ser el aprobado el 19 de marzo de 2010 por el Consejo de Ministros de España para ser enviado al Congreso).
El proyecto de ley también tiene un artículo muy completo sobre la sostenibilidad en las empresas públicas que las compromete a prácticas responsables. Son esfuerzos muy laudables para promover la responsabilidad social de las empresas y es de apreciar. Pero como comentábamos en otro artículo (Manéjese con cuidado: Normas y guías de Responsabilidad empresarial, www.cumpetere.blogspot.com), estas buenas intenciones pueden tener consecuencias no previstas. En el caso de la ley la situación es potencialmente más grave ya que será una institución gubernamental (el Consejo fue creado por Real Decreto) la que “acredite” a las empresas como sociablemente responsables, con todo el “crédito” que ello significa.
Analicemos esta situación con cuidado. Primero, la acreditación será como resultado de una autoevaluación”, o sea de algún cuestionario con indicadores que la empresa misma rellena. Segundo, se basará en un cumplimiento declarado de mínimos. Suponemos que la empresa será totalmente honesta y dirá la verdad y se referirá a sus prácticas, reales, no a las intenciones, en los temas indicados. En estos cuestionarios, si en una oficina hay igualdad entre hombres y mujeres la empresa responderá “si”, no creemos que diga “sólo en alguna parte”. Si en una planta manufacturera se cuida de no verter desechos tóxicos, dirá que tiene prácticas ambientalmente responsables, sin importar que sea uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero.
De entrada hay que recalcar que no nos oponemos a que las empresas sean reconocidas. Pero hay que distinguir entre responsabilidad parcial y responsabilidad total. Toda empresa tiene algunas prácticas responsables. De allí que una tabacalera, una productora de licores o una empresa petrolera puedan alegar que son responsables en algo, si lo son, pero no en todo. Tienen productos que tienen componentes de irresponsabilidad, aunque son productos que la sociedad demanda. Estas empresas pueden tener responsabilidad parcial pero no total.
Recientemente la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline tuvo muy buena prensa al anunciar una serie de medidas a favor de los países mas pobres del mundo (ver el articulo ¿Oportunismo o Responsabilidad? en nuestro blog www.cumpetere.blogspot.com) . Sin embargo se recientemente reportó que “un comité del Senado norteamericano concluye que GlaxoSmithKline conocía la relación entre su medicamento para diabéticos y los ataques de corazón y que incluso intimidó a científicos independientes”. ¿Responsabilidad parcial o responsabilidad total?
Lamentablemente una “acreditación” por parte del gobierno será interpretada por muchos, y sobre todo empleada por la misma empresa, como si fuera sinónimo de responsabilidad total. Ya podemos imaginarnos lo que dirá el departamento de prensa: “Nuestra empresa ha sido acreditada por una institución del Gobierno de España como empresa sociablemente responsable”. No dirán: “en base a un cuestionario no auditado que hemos completado nosotros mismos”. Tampoco dirán: “basado en unos mínimos establecidos por el gobierno”, ni que “aunque tenemos algunas prácticas que dejan mucho que desear”.
Los promotores de la idea anuncian, correctamente, que no será una certificación. Sin embargo el proyecto de ley habla de “acreditación” (que tiene la connotación de dar crédito a algo). Si bien no habrá “certificación”, habrá “acreditación”, que en la publicidad empresarial es lamentablemente lo mismo. De hecho encontré un diccionario que define “acreditación” como “certificación, mediante un documento, de que se tienen las facultades necesarias para desempeñar un cometido”
¿Ayuda esta acreditación? ¿No es esto un atajo indeseable a que las empresas informen y la sociedad civil disemine y el consumidor actué? Al ver esta acreditación, no tendremos que mirar nada mas: “El gobierno lo dice, todos los productos de esta empresa han sido producidos de forma responsable”. No hay nada más de averiguar. ¿Qué pasó en la crisis financiera? ¿Alguien miró detrás de los ratings? Si una calificadora calificó el instrumento o el proyecto como AAA, lo compro. No tengo nada más que averiguar. Además como funcionario de una institución de inversión estoy cubierto, mi política me autoriza a comprar papeles que tengan grado de inversión. No es culpa mía. Es la ley………… ¿pero es responsable?
Sorpresas nos llevaremos cuando una empresa “acreditada” por el Consejo Estatal aparezca con violaciones a regulaciones ambientales o laborales o se reconozca el daño de algunos de sus productos, o sencillamente se limite a los mínimos. Se perderá la credibilidad no solo de la “acreditación” sino también de las prácticas responsables y el público tendrá derecho a protestar que las empresas hacen lavado de cara con sus prácticas responsables y su publicidad. Bastante mal informada está la sociedad como para que contribuyamos a la desinformación.
¿Podrá el Consejo “desacreditar” a las empresas que hayan sido encontradas en violaciones? ¿Tendrá la capacidad política de hacerlo? ¿No sería preferible que se limitare a publicar los cuestionarios de las empresas (en una buena base de datos, que sea analizable) sin emitir opinión y que sea la sociedad la que juzgue la información, los medios que la diseminen y el consumidor o cliente el que decida? ¿Qué valor agregado tiene el cuestionario cuando ya existen muchos en el mercado? ¿No es preferible dejarle esta tarea a instituciones que sean independientes del gobierno y de las empresas?
Hay certificaciones y certificaciones. Sí a la certificación de Comercio Justo. Sí a la certificación de “libre de trabajo infantil”. Sí a la certificación de “madera proveniente de bosques sostenibles”. Sí a la certificación SA8000 de respeto a los derechos de los trabajadores. Sí a las certificaciones de prácticas específicas, verificadas (aunque se cuelen algunos). Sí a la diseminación de información. Sí a la educación del consumidor, sí a la educación del trabajador. Sí a la exposición de prácticas irresponsables.
¿Queremos otro Global Compact que admite a todos como miembros y solo los expulsa, no por no hacer nada responsable o por hacer algo irresponsable. Los expulsa por no reportar lo que hace o no hace? (por lo menos ahora publica los reportes de los que sí reportan) ¿Queremos otro GRI que no verifica y deja que las empresas y sus consultores se autocalifiquen? El Global Compact promueve buenos principios de conducta y el GRI promueve buenos principios de reporte, pero no verifican. Es el equivalente de ser admitido a estudiar a una buena universidad, sin examen de admisión, llenar un cuestionario y asignarnos nosotros mismos la nota. Supongo que será Sobresaliente. Y después ser “acreditado” por la universidad.
Me imagino qué pasaría si los estados financieros de un Banco fueran “acreditados” solamente por el Presidente del Consejo (que en algunos países se requiere, ADEMÁS de la certificación de auditores independientes), sin auditoría externa y sin supervisión y control por parte de los reguladores.
Hay muchas, muchas empresas honestas y responsables, pero hay algunas que no lo son, y son precisamente éstas las que abusan del sistema y lo corrompen, en detrimento de las responsables. No hay que dejarles la oportunidad de hacerlo.
La acreditación puede ser contraproducente, como lo son muchos premios basados en cuestionarios de autoevaluación, sin contraste de la información, ni auditoría parcial. Esto ha dado lugar a que algunos premios los ganen cada vez más empresas y siempre incluye a las de los años anteriores. ¡Si hasta contratan consultores especializados para que completen los cuestionarios! Y mayoría de los no premiados es porque no responden o no completan el cuestionario debidamente.
Es imposible demostrar que una empresa es socialmente responsable. Tampoco es deseable que la “acredite” un organismo gubernamental, salvo que cumple con una ley. Lo que se puede y se debe decir es que tal o cual empresa tiene prácticas responsables en diversidad, en protección del medio ambiente, en la contratación de personas en desventaja social, o en lo que sea. Y hasta certificarlo, basado en comprobación in situ. Se pueden dar premios a prácticas responsables específicas, pero no “acreditar” que una empresa es “Empresa Socialmente Responsable”. ¿Responsabilidad total?
Y aun así nos podemos encontrar con que eso es verdad al momento de la acreditación, y no unos días después. Quizás no debemos ser tan suspicaces, en algo hay que confiar. Sin embargo, para los que creen que esto no ocurre, vean la historia de la caída de Lehman Brothers, que hacía una serie de transacciones financieras para mejorar el balance general unos días antes del cierre de los estados financieros y la revertían después de ser auditados y certificados, todo esto de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Lo que nos recuerda una vez más que ser responsable va más allá de seguir las reglas vigentes.
Una cosa es la responsabilidad parcial y otra la responsabilidad total. Una cosa es autoevaluación y la otra verificación independiente. Una cosa es hacerle seguimiento y tomar medidas correctivas y otra el dar acreditaciones. Como todo instrumento, bien utilizado, puede ser muy beneficioso, pero mal utilizado puede ser dañino.
Antonio Vives
www.cumpetere.blogspot.com
Este pasado puente de San José he tenido la oportunidad de alojarme, junto con mi nunca lo suficientemente bien ponderada esposa, en el Parador de Cervera de Pisuerga, Palencia.
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Hoy he acudido a unas Jornadas sobre gestión de reputación corporativa 2.0, organizadas por el Foro de Reputación Corporativa en la UCM, en busca de algo más de conocimiento. Esta asociación tiene como misión servir como lugar de encuentro y divulgación de tendencias, herramientas y modelos de gestión de la reputación corporativa. Para ilustrarnos un poco mejor el panorama actual nos ha reunido a un abanico de profesionales muy vinculados e involucrados en el desarrollo y gestión de esa reputación corporativa de sus empresas en el entorno digital: Cristina Aced (@blogcorp) , Ivan Pino (@ivanpinozas), Felipe Romero (@flpromero), Jordi Jaumá (@dresponsable), Fabián García (@FabianGPastor), Pilar Marqués, Pere Rosales (@prosales), José Alias y José Carlos Martínez.
El objetivo es cumplir o superar su compromiso inicial de que sus actuaciones de formación y sensibilización sobre la conservación de los recursos naturales lleguen a 50 millones de hogares estadounidenses a lo largo de este año.