Si 2020 fue el año de la resiliencia frente a nada menos que una pandemia global, 2021 se ha convertido sin duda en el año de la transformación. En todos los niveles de la sociedad, pero especialmente en lo que concierne a las marcas y empresas con las que nos relacionamos cada día, las que forman parte de nuestros hábitos de consumo cotidianos. 2021 es el año para despertar y mirar hacia delante, y comenzar a acometer los cambios y transformaciones que demanda el futuro más inmediato.
No es de extrañar que las preocupaciones de la ciudadanía vayan por delante de la acción y políticas del gobierno y que tarden en tener respuesta. Este es el caso de la creciente preocupación de los españoles sobre la necesidad de regular los impactos que sobre los derechos humanos y el medioambiente provocan empresas irresponsables. Mientras estamos a la espera de que la Comisión Europea (CE) anuncie el borrador de una nueva ley de debida diligencia ambiental y derechos humanos antes de que termine el año 2021, hemos conocido los resultados de una reciente encuesta a la ciudadanía europea que muestra un apoyo contundente a favor de una legislación de la Unión Europea (UE) que responsabilice a las empresas por violaciones de derechos humanos y daños ambientales.
