Según el último informe de MainStreet Partners, más del 90% de los ‘bonos verdes’ emitidos este año cumplen con los criterios de alineación climática del Acuerdo de París. Una cifra que refleja no solo un alto nivel de compromiso por parte de los emisores, sino también una mejora en la calidad y trazabilidad de estos instrumentos.
Este giro responde a una exigencia creciente por parte de los inversores y los reguladores. Ya no basta con denominarse sostenible; es necesario demostrarlo con datos, marcos verificables y transparencia. En este contexto, Europa sigue desempeñando un papel protagonista. Con más de 109.000 millones de dólares en bonos GSS emitidos entre enero y marzo, la región concentra cerca de la mitad del volumen mundial. Aunque la cifra supone una ligera caída respecto a los 150.000 millones del primer trimestre de 2024, el liderazgo europeo se mantiene gracias a una apuesta decidida por la regulación y la coherencia ambiental.
Prueba de ello es la primera emisión bajo el nuevo estándar EU Green Bond Standard (EuGBS), protagonizada por la utility italiana A2A. El bono, de 500 millones de euros, fue sobresuscrito más de cuatro veces. Además, el cien por cien de los fondos recaudados se destinarán a proyectos plenamente alineados con la taxonomía europea, sin hacer uso del margen de flexibilidad del 15%. Esta operación envía un mensaje claro: los inversores responden con interés cuando encuentran rigor, ambición y claridad en la estructura de la emisión.
Frente a esta consolidación normativa en Europa, otras regiones muestran trayectorias divergentes. Estados Unidos ha registrado su nivel más bajo de emisiones sostenibles desde 2017: apenas 350 millones de dólares emitidos por entidades estadounidenses en lo que va de año. El retroceso parece vinculado al cambio de prioridades políticas tras las elecciones, que ha relegado las políticas climáticas a un segundo plano, generando incertidumbre y parálisis entre los emisores.
En cambio, Asia y Oriente Medio refuerzan su papel en el panorama global de la financiación sostenible. La región asiática ya supera los 600.000 millones de dólares en emisiones GSS acumuladas, impulsada por China, Japón y Corea del Sur. Por su parte, el mundo árabe —liderado por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí— ha superado los 45.000 millones, con un notable incremento de emisiones soberanas y proyectos enfocados en vivienda asequible y transición energética.
El informe también destaca la creciente relevancia de marcos nacionales como Greenfin, el sello verde promovido por el Gobierno francés. Su enfoque restrictivo —que excluye inversiones en combustibles fósiles y exige una evaluación exhaustiva del impacto ambiental— ha elevado el estándar para muchas emisiones. Actualmente, solo el 20% de los bonos verdes existentes cumplen con los requisitos de esta etiqueta. No obstante, su adopción ofrece una ventaja clara: identificar emisiones que verdaderamente aportan valor desde una perspectiva ambiental y social.
En conjunto, estos datos reflejan una transformación del mercado. Se emiten menos bonos, sí, pero con estructuras más sólidas, mejores prácticas de gobernanza y objetivos ambientales más claros. El foco se desplaza de la cantidad a la credibilidad, de la intención a la evidencia.
Esta nueva etapa premia a quienes apuestan por la transparencia y el impacto verificable. Los emisores que integren marcos rigurosos y comuniquen con claridad el destino de los fondos estarán mejor posicionados para atraer capital responsable. Y los inversores, por su parte, contarán con herramientas más fiables para evaluar la solidez de sus carteras ASG.
La evolución del mercado GSS en 2025 deja una lección clara: en sostenibilidad, la confianza se construye con datos, coherencia y compromiso. Y esa confianza es, hoy más que nunca, el principal motor de la transición ecológica.
