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La persistencia de esta problemática exige un enfoque integrado entre políticas públicas y compromiso empresarial para erradicar la pobreza energética de forma duradera y sostenible.En 2023, entre el 9,6% y el 20,7% de la población vivía en situación de pobreza energética en España, un desafío social que refleja no solo la exclusión económica, sino también las limitaciones de muchas personas para acceder a un derecho básico como lo es la energía.
Hacer frente a la pobreza energética es una responsabilidad compartida

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE), elaborada en 2019 por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, define este fenómeno como la incapacidad de los hogares para satisfacer sus necesidades básicas de energía debido a un nivel de ingresos insuficiente y a la ineficiencia energética de las viviendas. Sin embargo, este problema no se limita a la falta de recursos económicos, sino que está marcado por su persistencia, que se convierte en un círculo vicioso del que resulta difícil salir.

Con el objetivo de entender la dinámica de la pobreza energética a lo largo del tiempo, así como los factores que pueden convertirla en un problema crónico en Europa y, más concretamente, en España, la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universitat de Barcelona ha elaborado el estudio “Comprendiendo la pobreza energética: un análisis de la persistencia”, publicado por Fundación Naturgy.

Este trabajo refleja que, aunque en muchos países se observa una movilidad en la situación energética de los hogares, en otros la pobreza energética se perpetúa. En particular, España se encuentra en una posición intermedia, con un 10% de hogares inmersos en una pobreza energética crónica que, en parte, está asociada a la duración de este problema, el cual parece repercutir negativamente en las posibilidades de salida de esa situación. Entre los factores que contribuyen a esta cronificación incluyen la propiedad de la vivienda y el hecho de que el sustentador principal del hogar sea una mujer, lo que aumenta la vulnerabilidad de estos grupos frente a la pobreza energética.

Estos hallazgos demuestran la importancia de diferenciar entre la pobreza crónica y transitoria, así como el trabajo realizado en materia de prevención. Además, el estudio señala que, en cuanto a las políticas públicas, las estrategias actuales en España no abordan adecuadamente la dinámica de la pobreza energética, al no distinguir la pobreza energética transitoria de la crónica ni los factores que condicionan este fenómeno.

Con la finalidad de dar solución a la actual problemática es necesario contar con un enfoque integrado entre políticas públicas y el compromiso empresarial para conseguir erradicar la pobreza energética de forma duradera y sostenible. Dicho esto, es importante que la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética mejore la forma en que se abordan las diferentes tipologías de pobreza energética y fortalezca los programas de renovación energética, con el propósito de asegurar una financiación adecuada y simplificar los trámites administrativos.

Será igualmente necesario mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y promover la colaboración con el sector privado para garantizar que las medidas lleguen a quienes más las necesitan. La pobreza energética en nuestro país plantea una reflexión sobre el papel que deben desempeñar las empresas. El sector privado, especialmente las compañías energéticas, tienen un papel clave en la lucha contra esta forma de exclusión social.

Consciente del problema de la vulnerabilidad energética en España y Europa, desde Fundación Naturgy asumimos un rol como agente activo comprometido con el bienestar social y prueba de ello es el Plan de Vulnerabilidad Energética, puesto en marcha en 2017, para apoyar a las familias vulnerables. A través de esta iniciativa, que es un claro ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede ser una solución efectiva para mitigar la pobreza energética, hemos intervenido en más de 5.000 viviendas mediante el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética y hemos formado a más de 40.000 personas a través de nuestra Escuela de Energía, logrando beneficiar a más de 255.000 personas.

La lucha contra la pobreza energética es una responsabilidad compartida. Las empresas deben ser conscientes de que su rol va más allá de la mera prestación de servicios. En un momento en el que la sostenibilidad y la transición justa son prioridades, las empresas tienen la oportunidad de liderar el cambio, promoviendo una energía accesible para todos y contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

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