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Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la contratación de personas con discapacidad en nuestro país creció un 32% en 2021 con respecto al año anterior, rozando la cifra alcanzada en 2019 y situándose a un 3% de distancia de ella. No obstante, aún continúa siendo un 13% inferior a tiempos prepandemia.

Datos recogidos por el INE, manifiestan que 664.000 personas con discapacidad se encuentran activas, es decir, tienen una tasa de actividad del 34,3%, pero esta sigue siendo una cifra muy alejada del 76% de las personas sin discapacidad. Sin embargo, este número va aumentando progresivamente y esta creciente recuperación pronostica un futuro muy optimista para las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión que quieren formar parte del tejido empresarial y aspiran a tener un trabajo estable. Y si este ritmo permanece, todo apunta a que este año concluirá con unas cifras récord de contratación que superarán las registradas en tiempos precovid.

Padecer una discapacidad, sea del tipo que sea, conlleva enfrentarse día a día a una serie de barreras físicas, sociales o de comunicación que resultan un impedimento para llevar a cabo cualquier actividad en igualdad de condiciones entre las personas con y sin discapacidad. En la actualidad, las personas con discapacidad tienen que lidiar con multitud de obstáculos en su vida diaria y por si esto fuera poco, también se encuentran con serias dificultades a la hora de encontrar empleo, viendo limitada su autonomía y capacidad de autorrealización personal.

Ahora bien, ¿las empresas están luchando por cambiar esto y apostar, cada vez más, por contratar a personas con discapacidad y fomentar así su inclusión en el mercado laboral?

Para proteger los derechos humanos y fomentar un desarrollo igualitario, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que las empresas, tanto públicas como privadas, que cuentan con un equipo de 50 o más trabajadores, están obligadas a reservar un mínimo del 2% de los puestos de trabajo para contratar personas con discapacidad.

Esta normativa, además de suponer un avance hacia la normalización en el mercado laboral de las personas que forman este colectivo, ofrece una serie de ventajas para las empresas que lleven a cabo una política de contratación inclusiva.

Contar con personas con discapacidad dentro de una organización solamente puede traer consigo consecuencias positivas como, por ejemplo, una mejora en el clima laboral, un impulso del trabajo en equipo, un mayor compromiso por parte los trabajadores o una mejora de la reputación corporativa, entre otras. Pero no solo eso, sino que, además de estar fomentando su inclusión profesional y demostrar que nuestra empresa es una empresa con valores, comprometida con las personas y que se preocupa por promover la justicia social, también podremos asegurarnos importantes beneficios económicos. De este modo, por un lado, las empresas colaboran con la sociedad y a la vez perciben ciertas ventajas fiscales.

¿Qué beneficios existen por contratar a personas con discapacidad en mi empresa?

En este sentido, las empresas que contraten personal con discapacidad pueden acceder a una serie de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad. De igual modo, pese a que, hoy en día sigue siendo un beneficio fiscal desconocido para muchas empresas, la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS) regula la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad que permite aplicarse una deducción de 9.000€ o 12.000€ por cada trabajador contratado según su grado de discapacidad.

El motivo principal de las ayudas económicas a las empresas es fomentar la contratación de personas que padezcan cualquier discapacidad y para lograrlo, estas recibirán, en caso de ser necesario, una subvención destinada a facilitar la adaptación al puesto de trabajo, eliminando los posibles obstáculos que dificulten la labor de la persona contratada.

¿De qué manera puedo obtener estas ventajas?

Para poder conseguir todos estos beneficios, muchas empresas deciden acudir a expertos que les asesoren con el objetivo de obtener el máximo ahorro fiscal. En este aspecto, se ofrecen soluciones personalizadas que incluyen la revisión y el análisis de la documentación de los trabajadores con discapacidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos, la elaboración de informes técnicos que soporten el derecho a la deducción o la prestación de asistencia en caso de haber una inspección tributaria.

Una cosa está clara y es que contratar a personas con discapacidad ofrece grandes beneficios a toda la empresa, no solo humanos si no también económicos, reforzando la política de igualdad y el compromiso social corporativo. Conseguir la plena inclusión en el mercado laboral es un objetivo a largo plazo que implica a todas las empresas y Organismos. Y contar con este tipo de deducciones por parte de la Administración Pública es clave para alcanzar un futuro más justo e inclusivo.

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