La presión del auge de los monocultivos en amplias zonas del planeta para "alimentar" la maquinaria de la gran agroindustria y las grandes obras hidráulicas necesarias para que esa misma maquinaria tenga la energía que precisa, se está cebando en territorios muy alejados de los centros de consumo, pero habitados por pueblos campesinos e indígenas que habían logrado mantener un espacio propio para su supervivencia, tras ser expulsados de grandes áreas de territorio en el pasado. La resistencia a este expolio de tierra, pero también de esa escasa agua dulce aumenta, pero también lo hacen las persecuciones, los acosos, las criminalizaciones y los asesinatos de quienes se ponen al frente.
La ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid , con motivo del Día Mundial del Agua, pone precisamente el foco en todos estos defensores y defensoras del medio ambiente, anónimos y, en general, sin apoyo más allá de sus pequeños espacios territoriales, que ya son la mayoría los asesinatos de defensores de derechos en Latinoamérica.
Hoy, según datos de la OMS, aún una de cada cuatro personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y un 40% tiene escasez, pero lo llamativo es que en esa región del mundo con tantos recursos hídricos una de cada tres no tenga acceso pleno a ella, es decir, que hay 166 millones de personas todavía no tiene asegurado un servicio hídrico básico.
El sexto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés), presentado recientemente, advierte de que América Latina ya está siendo afectada por el incremento del nivel del mar, la erosión costera, la acidificación del océano y las sequías extremas. El mismo informe también alerta de cómo afectará a la agricultura de gran parte de este continente, tanto en la región andina por la desaparición de los glaciares, como en Centroamérica, donde ya hay importantes movimientos migratorios.
Y sin embargo, se sigue ‘exprimiendo’ el agua para exportarla en forma de azúcar, aguacates o piñas al hemisferio norte, acabando unas reservas en hielo o acuíferos que ya no se recargan como antes, hasta que la hucha se acabe. Actualmente, según la FAO-OCDE, América Latina y el Caribe representan ya el 14% de la producción agrícola mundial y el 23% de las exportaciones de productos, pero es que, además, se prevé un aumento del 22% de los cultivos y del 16% de los productos ganaderos en seis años (2028). Eso sin contar con el aumento de la población en estos países. Una población, por cierto, que no se está beneficiando de ese lucrativo negocio: la inseguridad alimentaria de los hogares y la pobreza extrema están en aumento desde 2015, como reconoce la FAO y puede ver el personal de Alianza ActionAid sobre el terreno.
No es fácil saber cuántas personas defensoras ambientales acaban entre rejas, agredidas, amenazadas y asesinadas por defender su acceso al agua. El último informe último de la organización Global Witness, de 2021, recoge un total de 227 en todo el mundo el año anterior. A la cabeza está Colombia. Entre los 10 con más crímenes de este tipo también figuran México, Brasil, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Del resto no hay datos. Ni de apresadas ni de criminalizadas ni de perseguidas.
No es posible hablar del agua, sin recordar casos de defensores como el del guatemalteco Bernardo Caal Xol, encarcelado en su país desde enero de 2018 (más de cuatro años) por la defensa del río Cahabón y del río Oxec tras la instalación de grandes presas hidroeléctricas que colapsaron los cauces, en territorio indígena, para exportar energía. Estas obras se hicieron vulnerando el Convenio 169 de la OIT, que obliga a una consulta a los pueblos indígenas para obtener su consentimiento informado.
Recientemente Alianza ActionAid trajo a España a varias mujeres defensoras de El Salvador, Nicaragua, Colombia y Guatemala para contarnos lo que supone luchar contra un monocultivo en sus países. En concreto, su visita tiene relación con el informe “El amargo negocio de la caña de azúcar: ¿desarrollo para quién?” de esta ONG y en colaboración con organizaciones de estos países. Sólo en El Salvador, se estima que el 80% de su territorio tendrá máximos niveles de estrés hídrico por la escasez del agua, pero tiene vigente una Ley de Agua que garantiza 37.000 litros de agua durante 15 años para la industria cañera. Al mismo tiempo, se les saca de la gestión del agua a la juntas comunitarias, lo que conlleva encarecimiento y dificultades para disponer del recurso.
Nada de esto nos es ajeno porque hasta nuestras mesas está llegando esa agua en forma de productos, también los muchos que acaban en nuestra basura. Es por ello que desde Alianza, como parte de la Plataforma por Empresas Responsables, se reclama al Gobierno español una Ley de debida diligencia que obligue a las empresas españolas a identificar y evaluar el riesgo de que su actividad impacte negativamente en los derechos humanos y el medio ambiente, y que facilite el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.
Alianza-ActionAid lleva casi 40 años trabajando en proyectos de acceso al agua en Colombia, Nicaragua, Guatemala o Senegal gracias a financiación de la AECID, de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) y la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO).
