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No hay excusas: Los Estados deben proteger mejor a quienes trabajan en la lucha contra la corrupción

La invasión de Ucrania pone de manifiesto lo que ocurre cuando las élites cleptócratas tienen poder, y cuando las personas defensoras de los derechos humanos son hostigadas y atacadas por desafiar la corrupción y cuestionar decisiones gubernamentales.

El pasado año, puse el foco sobre el caso de Ivan Pavlov, un abogado que trabaja para proteger a las ONG que luchan contra la corrupción de las autoridades rusas. Es una de las muchas personas defensoras que se convierten en blanco de los regímenes autoritarios en su intento de silenciar críticas pacíficas a sus gobiernos corruptos. Pavlov fue detenido y se vio obligado a huir del país. Fue una víctima de aquellos que se empeñan en saltarse el sistema de controles y contrapesos que garantiza una democracia sana.

Sin mecanismos de control, este poder puede derivar en conflicto y provocar situaciones de inseguridad mundial. En estos contextos, la corrupción es casi siempre un factor.

Cada vez que alguien acepta un soborno, otorga un puesto de trabajo a un familiar sin preparación para el mismo, o desvía dinero destinado a un hospital o una escuela para enriquecer su propio bolsillo, constituye un ataque a los derechos humanos.

La corrupción a menudo se considera como algo inevitable o inocuo, o como un crimen sin víctimas. Pero no es ninguna de esas cosas. Es, fundamentalmente, una cuestión de derechos humanos. Esta semana presentaré mi último informe “En el centro de la lucha: los defensores de los derechos humanos que combaten la corrupción” al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, acerca del hostigamiento y la persecución de las personas que exponen y desafían la corrupción, y preguntaré públicamente a los gobiernos presentes en el Consejo por qué no están protegiendo a las personas defensoras que trabajan en la lucha contra la corrupción.

Les preguntaré sobre las amenazas y la intimidación sufridas por la doctora Ligia del Carmen Ramos Zúñiga en Honduras, quien ha trabajado durante muchos años para erradicar la corrupción en el sistema de salud de su país Ha recibido amenazas de muerte, ha sido perseguida y vigilada, y también ha sido objeto de una orden de asesinato, por denunciar la corrupción en la gestión de pagos a médicos, por ejemplo, o la adquisición de insumos médicos durante la crisis COVID-19.

Preguntaré por qué Tran Duc Thach fue sentenciado a 12 años de cárcel en Vietnam, tras considerar que su poesía y sus publicaciones en Facebook, en las que cuestionaba la corrupción del gobierno, suponían una amenaza parala “estabilidad social”. Fue golpeado por la policía y, al apelar su sentencia, a su abogado no se le permitió defender el caso.

Y también hablaré sobre el asesinato del profesor universitario Mohammed Ali Naim en Yemen, quien fue asesinado a tiros horas después de que aparecieran publicaciones suyas en Facebook donde animaba a pedir cuentas a oficiales corruptos por haber hecho tratos clandestinos con ingenieros y contratistas.

Desgraciadamente, no son casos aislados. Mi informe incluye decenas de personas defensoras que son hostigadas y atacadas por su trabajo contra la corrupción, y hay muchas más a las que no pude incluir.

Como señalan Transparency International y otras organizaciones dedicadas a la lucha contra la corrupción, parte del problema es la falta de protección para los denunciantes que exponen la verdad, y la práctica cada vez más habitual de interponer demandas estratégicas contra la participación pública, a fin de intimidar a las personas defensoras que tratan de destapar las tramas de corrupción.

Desde que asumí la función de Relatora Especial en mayo de 2020, he obtenido noticias de primera mano de personas defensoras de los derechos humanos. Muchas de ellas me cuentan que periodistas, figuras del sector académico, abogados, personal médico y otras personas que exponen la corrupción continúan siendo objeto de hostigamiento por el desempeño de su labor.

A menudo, estas personas son atacadas por sus logros: los gobiernos y las empresas tienen miedo de ellas y de lo que podrían destapar. Y muchas de ellas han conseguido resultados notables.

Las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan en Pakistán forzaron un cambio en la política del gobierno, gracias al cual la información sobre los procesos de adquisición relativos a la COVID-19 debe hacerse pública. En Kenia, las personas defensoras locales han ejercido presión hasta conseguir que miles de colegios públicos obtuvieran títulos de propiedad, protegiéndolos así de las apropiaciones de tierras y la corrupción urbanística. Y en Guatemala, la presión por parte de personas defensoras llevó a nuevos procedimientos en el sistema de seguridad social nacional, que resultó en ahorros de quinientos millones de dólares en la compra de medicamentos.

Estas acciones forman parte de una labor fundamental en la lucha contra la corrupción; una labor de lucha por los derechos humanos. Las personas implicadas en esta labor deben ser protegidas y apoyadas, en lugar de vilipendiadas y atacadas.

Nuestra investigación también indica que las mujeres defensoras de los derechos humanos que luchan contra la corrupción con frecuencia son blanco de ataques no solo por lo que hacen sino también por quiénes son. Riham Yaquoub era una experta en fitness que vivía en Basora, Iraq. Fue una firme defensora del acceso seguro para mujeres a las instalaciones deportivas y los espacios públicos de la ciudad. También lideró marchas de mujeres contra la corrupción. Tras años de difamación, amenazas y abusos por Internet, en agosto de 2020 fue asesinada a tiros en su coche.

La labor de exponer prácticas corruptas es a menudo delicada y peligrosa, pero las personas defensoras de los derechos humanos lo siguen haciendo en todas partes del mundo. Sus logros son éxitos para los derechos humanos.

Sabemos que lograr avances requiere persistencia, con frecuencia a lo largo de muchos años, y sabemos también que la corrupción no desaparecerá de la noche a la mañana.

Pero esa no es razón para darse por vencidos. De hecho, es una razón de peso para tratar de cambiar las cosas ahora. Durante estas décadas de trabajo de defensa de los derechos humanos, he comprobado que, a menudo, las mejoras radicales pueden comenzar con pequeños pasos.

Algunas reformas en materia de corrupción llevarán tiempo, pero mi mensaje a los estados y las empresas es que existen medidas importantes que pueden implementarse de inmediato, empezando esta semana.

Hoy, y de ahora en adelante, los funcionarios de gobierno pueden reconocer pública y periódicamente el valor de la labor de las personas defensoras de los derechos humanos contra la corrupción, y denunciar públicamente las amenazas y los ataques contra ellas.

Pueden comprometerse a abrir investigaciones prontas, eficientes, transparentes e independientes sobre los ataques contra las personas defensoras. Y pueden convocar reuniones con personas defensoras locales que trabajan contra la corrupción, y escuchar sus consejos para brindarles el apoyo y la protección que necesitan.

No es tan complicado. Recae sobre los estados encontrar la voluntad política para ayudar a las personas defensoras de los derechos humanos que están luchando contra la corrupción en su país, y pedir cuentas a aquellos que las atacan.

En este artículo se habla de:
Opinióncorrupciónderechos humanos

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