Durante los últimos dos años hemos podido observar una preocupación creciente en lo que a niveles de desigualdad se refiere y qué ámbitos de nuestras sociedades se han visto más afectados en este sentido. Las brechas que se han manifestado tras los dos últimos años de pandemia traen consigo inequidades y nuevas formas de exclusión. España es un país con un nivel de desigualdad muy elevado, por encima de la media europea. Una desigualdad con un componente estructural que no deja de crecer. Según el Observatorio Social de La Caixa, experimentamos importantes problemas de igualdad de acceso a la educación, de oportunidades y altos niveles de inequidad de renta y de riqueza.
Acelerando el valor de lo social

De acuerdo con los datos reflejados en el Monitor de la Educación y la Formación publicado por la Comisión Europea, la probabilidad de repetición de curso en España es cuatro veces mayor entre los estudiantes con un nivel socioeconómico bajo. Como se destaca en el estudio «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España», elaborado por Cáritas y la Fundación Foessa, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares. Oxfam estima en su informe un aumento de la pobreza en España el pasado año hasta máximos en la última década, el 22,95%. Supone que 10,9 millones de personas estarían en riesgo de pobreza relativa, aunque el cálculo no tiene en cuenta el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV). También el Banco Mundial ya alertó el año pasado sobre el aumento de la tasa de pobreza a nivel mundial en su informe "Pobreza y prosperidad compartida". El mismo documento ponía de relieve que la COVID-19 ha empujado a entre 88 y 115 millones de personas a la pobreza extrema, que ocurre cuando un individuo se ve obligado a vivir con menos de 1,90 dólares al día.

Si bien la pandemia ha acelerado la digitalización, esta velocidad ha tenido su impacto en la economía y en la sociedad. Ha quedado de manifiesto una brecha digital que incrementa la desigualdad entre generaciones, colectivos socioeconómicos y entre zonas rurales y zonas urbanas. Más de 800.000 familias (4,5% de los hogares) han perdido oportunidades de mejorar su situación debido a cuestiones digitales, como la falta de conexión, de dispositivos informáticos o de habilidades digitales. Ahondando en el tema un estudio de investigación reciente de Mckinsey, realizado para 8 países (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, China, Francia, Japón, España e India), establece que el necesario cambio o transición de los empleos en términos de digitalización se estimaba que afectaría a 143 millones de empleos en estos países antes de la pandemia, lo que suponía el 21% de su fuerza de trabajo. Después de la pandemia, se estimaba un incremento del 8,6%, hasta 157,8 millones de trabajadores afectados, esto es, el 23 % del empleo. Los países más afectados por el cambio de escenario pre y post COVID son los que más recursos dedican a la digitalización, como son Estados Unidos o Alemania. En el caso de España, los empleos afectados según esta fuente serían 2 millones de personas, el 8% del mercado de trabajo potencial para el 2030.

En un contexto con crecientes dificultades para alcanzar la cohesión social que afronta graves problemas como la desigualdad, las brechas en el empleo, talento o educación, y un crecimiento continuado del riesgo de pobreza de las familias, se hace totalmente imprescindible la colaboración de empresas con capacidad para construir proyectos eficientes, eficaces, escalables y sostenibles que lleven a soluciones.

A pesar de que los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia que la Unión Europea ha puesto en marcha tienen como objetivo una recuperación económica sin dejar a nadie atrás, percibimos que es necesaria una mayor claridad sobre los indicadores sociales a los que deben responder cada una de las iniciativas.

Los veinte principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales insisten en estas necesidades sociales y definen áreas de acción en cuanto a Igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, Condiciones de trabajo justas, y Protección e inclusión social. Por último, la definición de la Taxonomía Social dentro del entorno legislativo impulsará las inversiones hacia empresas y actividades que mejoran la vida de las personas. Las empresas deberán detallar la manera en la que contribuyen con su actividad a mejorar la vida de las personas. Impulsará las corporaciones que operan con respeto a los Derechos Humanos y generan un impacto social positivo, y supondrá un incentivo para aquellas que aún no han integrado la protección de los derechos humanos en sus estrategias.

Desde la fundación SERES estamos convencidos de que la Taxonomía Social europea aportará criterios unificados que permitan determinar el impacto positivo y negativo de las empresas en las personas, tanto por lo que hacen (eje vertical), como por cómo lo hacen (eje horizontal). Trabajamos con las empresas en la construcción de un Índice de Huella Social y en la implementación de herramientas de medición. Metodologías que puedan medir el avance en la mejora de los factores sociales, que se han convertido en un aspecto clave en cuanto a acceder a inversiones. Afrontamos con las empresas el reto de profundizar en los efectos concretos de la digitalización, y en cómo están operando en términos de integración social, laboral y territorial, y más concretamente si hablamos de barreras y colectivos especialmente vulnerables como los senior.

Compartimos las novedades, lo que se está haciendo y de qué se está hablando, y trabajamos junto a los directivos en construir liderazgos fuertes que impulsen el compromiso social de las empresas, con el objetivo de poner en valor lo social e integrarlo en la estrategia y el foco del negocio. Porque solo desde el convencimiento, el nuevo liderazgo, y la necesidad de colaboración público-privada podremos alcanzar el objetivo de construir una sociedad fuerte, justa, inclusiva y llena de oportunidades para todos.

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