Empresas y Derechos Humanos: hacia una regulación obligatoria

El año 2022 puede ser aquel en el que las empresas españolas sean obligadas ‘por ley’ a cumplir con la responsabilidad con los derechos humanos y ambientales que se derive de su actividad. Así se ha puesto de manifiesto en el foro organizado en la Universidad Pontifica de Comillas, que ha organizado la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), una iniciativa de la que forman parte más de 500 entidades sociales, entre organizaciones, sindicatos o entidades como la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

Todos los expertos y expertas presentes destacaron la importancia de dar un paso adelante en la legislación española en este asunto, como paso previo para que exista una directiva europea o una normativa a nivel global. Y es urgente dado el nivel de internacionalización empresarial actual y las deficiencias en las regulaciones de muchos países del sur global. “De 1.900 empresas encuestadas, sólo el 8% evalúan el impacto de su actividad con los derechos humanos. La ONU ha mencionado a España como uno de los países que debe fortalecer su legislación al respecto”, reconocía Juan Ramón Crespo, asesor de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno. Es más, entre las grandes, de las 35 empresas del IBEX, sólo 13 evaluaban sus impactos de cualquier tipo en 2019, la minoría.

Crespo recordó que el pasado mes de enero se incluyó una futura propuesta de Ley de Debida Diligencia de las Empresas en el Plan Anual Normativo del Gobierno, una iniciativa de los ministerios de Asuntos Sociales y Agenda 2030,  Trabajo y Seguridad Social y Consumo. Regulación que, si sale adelante tal como se plantea, obligará a las empresas en el ámbito de los derechos humanos y ambientales, regulará sanciones por incumplimientos más allá de nuestras fronteras y en nuestro país, facilitará el acceso de los y las afectadas por vulneraciones ante la Justicia en España -ya sea  individuos, comunidades o a través de ONG y sindicatos-   e incluirá la creación de un organismo independiente para controlar que se cumple la norma.

“Esta ley de debida diligencia nacional debería ser previa a que haya una directiva de la UE, que sólo avanzará si hay experiencias nacionales, y también previa a un Tratado Internacional de la ONU, que no será posible sin que esté en marcha en la UE”, señalaba el ex eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, uno de los promotores de la Responsabilidad Social Corporativa en España (RSC).

Ante este foro, Jáuregui recordó cómo en 2005 impulsó una comisión parlamentaria sobre RSC en este país, responsabilidad que acabó por instalarse en la cultura empresarial en estos casi 20 años y que ha permitido importantes avances, si bien, comentó, que “no tanto por la presión de los medios de comunicación o los consumidores como por la del mundo financiero”. Ello también ha dado lugar a avances legales, como la obligatoriedad de informar de inversiones no financieras, los códigos de conducta empresarial, la obligación de la igualdad de género o la responsabilidad penal empresarial, cuestiones que no existían a principios de siglo.

Pero es una RSC basada en la voluntariedad de las compañías y, como destacaba el ex eurodiputado, “tiene límites porque hoy el marketing la diluye y se esconden así ilegalidades e impactos”, mientras que a la vez se extiende la cadena de suministros en países “con regímenes legales débiles”.

Jáuregui defendió la necesidad de “una ley universal que obligue” a cumplir con la debida diligencia empresarial en cualquier lugar, al margen de donde esté la sede oficial, un camino en el que se avanza muy lentamente: fue en 2011 cuando la ONU aprobó los 32 Principios Ruggie sobre empresas y derechos humanos como un instrumento voluntario que sentó las bases de lo que podría ser un Tratado Internacional vinculante y universal. Sin embargo, este futuro Tratado está estancado en unas negociaciones en Ginebra que no terminan de culminar.  

A nivel europeo, Crespo mencionó que hace ya un año el Parlamento Europeo, en una resolución, conminó a la Comisión Europea a aprobar con urgencia una directiva sobre empresas europeas y su ‘debida diligencia’ en la que se recogieran sanciones y facilidades de denuncia de los afectados, entre otras cuestiones, si bien todo indica que va también para largo. “Como poco tardará siete años en aprobarse, pero llegará y si tenemos una ley nacional antes, nuestras empresas estarán más preparadas”, auguraba Isabel Tamarit, de la PER. De hecho, hay países que ya la tienen vigente, como Francia, Alemania o Noruega y otros muchos que ya la preparan, como Países Bajos o Austria.

Frente a todas estas cuestiones legales, la realidad de los territorios estuvo representada en la Universidad de Comillas por mujeres de Guatemala, El Salvador, Nicaragua o Colombia, gracias a una iniciativa de Alianza por la Solidaridad, miembro de la  PER. María Josefa Macz, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, dirigente q’ueqchí , puso sobre la mesa los impactos que monocultivos como la caña de azúcar, la minería o las hidroeléctricas generan en su país. “Las empresas vulneran los derechos laborales y ambientales, desalojan comunidades, promueven el acoso a dirigentes y acaparan ríos, pero en Guatemala tenemos un Pacto de Corruptos en el poder que limita la acción de la Justicia. Se ponen denuncias y no pasa nada, se incumplen convenios internacionales y no pasa nada. Una ley que obligue a las empresas que van a Guatemala sería una puerta abierta para los pueblos a la que podríamos acceder”, argumentó.

En la misma línea habló Karen Ramínez, de la ONG salvadoreña asociación humanitaria PROVIDA, quien recordaba que si bien en Europa se habla mucho de los ODS, en las comunidades “lo que pasa es que la gente pierde los medios de vida por empleos sin condiciones dignas y es la razón por la que tienen que migrar” . “Si te dejan sin agua y sin tierra, los jóvenes tienen que irse”, concluyó.

Otro asunto que salió en el debate fue el de los ‘auto-diagnósticos’ que hacen las propias empresas sobre sus impactos, que no siempre se ajustan a la realidad. De ahí que desde la PER se insista en que debe haber un órgano independiente que haga seguimiento de la futura ley, para que no se quede en el papel.  “La voluntariedad ha tocado techo, las empresas deben responder por sus impactos y para ello la ley debe permitir superar las barreras actuales, debe ser un proceso claro y limpio. No olvidemos que en ello va también la competitividad: las que cumplen bien denuncian que son discriminadas en los contratos públicos porque se elige al que ofrece el menor coste. Con una ley, quien no cumpla con los derechos humanos, podrán ser penalizados en licitaciones públicas o apoyos a su internacionalización. Y no basta con el autocontrol”, señalaba Isabel Tamarit al final del encuentro.

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