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Empresas de todo el mundo están buscando respuestas a las disrupciones y dificultades que el Covid-19 ha supuesto para sus cadenas de suministro. Lo que está claro a estas alturas es que cuánto más frágiles en derechos humanos son las cadenas de suministro, más riesgo suponen para nuestros negocios.

Así, el Covid-19 no ha hecho más que evidenciar algo que ya se sabía: condiciones de trabajo precarias en muchas cadenas de suministro globales en las que no se cumplen los estándares laborales internacionales, sueldos bajos que impiden vivir con dignidad a las familias y donde la baja por enfermedad es una quimera resultado de legislaciones que no se aplican o no existen, ponen en peligro un modelo de negocio que depende de personas, pero cuyos derechos más básicos no son, muchas veces, respetados.

Así, la pandemia ha enviado un mensaje claro y contundente: las cadenas de suministro tienen que orientarse hacia un enfoque más centrado en las personas. Y es que la táctica de "cut and run" tampoco sirve cuando, por ejemplo, en Bangladesh el sector textil da trabajo a 4 millones de personas, principalmente mujeres. La relocalización no es, por lo tanto, ni viable, ni recomendable en el corto plazo si no queremos que nuestro compromiso con los ODS se derrumbe estrepitosamente.

Y es que la pandemia ha tenido un impacto sin precedentes en los trabajadores de las cadenas de suministro globales. La situación de vulnerabilidad y de falta de derechos básicos pre-existente explica su magnitud y alcance mundial. De todos es conocido que la mayoría de los trabajadores de las cadenas de suministro tienen limitada o ninguna protección social y sanitaria. En el contexto de Covid-19, esa fuerza de trabajo global, ampliamente invisible o informal, ha sido particularmente vulnerable. Esto ha supuesto, en definitiva, una exacerbación de la pobreza y más trabajo infantil a nivel global, como han alertado UNICEF y la OIT en una nota de prensa conjunta.

Además, y coincidiendo con el paso del Covid-19 por diferentes países del globo, la salud y la seguridad de los trabajadores en primera línea sigue en cuestión: sin más opción que la de seguir trabajando, muchos lo hacen en condiciones en las que es imposible mantener el distanciamiento social en transportes, almacenes operativos, en el campo o en fábricas reabiertas. Nuestro país no ha sido ajeno a este fenómeno, donde las condiciones en el sector agrícola son, en algunos casos, insuficientes.

Mientras que en algunos países se han tomado medidas para apoyar a los trabajadores de las cadenas de suministro (por ejemplo, Tailandia e India han realizado pagos en efectivo a trabajadores informales y mujeres, respectivamente), éstas siguen siendo limitadas. Asimismo, aunque algunas empresas han tomado medidas (como adelantar pedidos para ayudar a proveedores y proporcionarles liquidez), los estándares de debida diligencia en derechos humanos no siempre se han mantenido cancelándose o reteniéndose pedidos, o exigiéndose reducciones retroactivas de precios para productos ya en elaboración o incluso terminados, lo que ha provocado despidos a gran escala.

Sin duda alguna, las empresas deben mirar hacia el futuro con el objetivo garantizar respuestas adecuadas que protejan los derechos de los trabajadores en sus cadenas de suministro y, por ende, la viabilidad y sostenibilidad de su propio negocio. La lógica de ahorro de costes y contratación de riesgos expone, finalmente, a las empresas a debilidades estructurales que este tipo de crisis no hacen más que agudizar.

La oportunidad que ahora se plantea es que las empresas aprendan a relacionarse de otra manera con sus cadenas de suministros para que estas sean más resilientes. Estar a la altura de los desafíos planteados (o desvelados) por Covid-19, dependerá de nuestra debida diligencia en materia de derechos humanos, es decir, de la medida en que podamos prevenir, mitigar y gestionar los impactos adversos en derechos humanos, tanto inmediatos como a largo plazo. Dicho de otro modo: una cadena de suministro más resiliente depende, sine qua non, de un mayor respeto de los derechos humanos hacia las personas que las integran. Gestionarlo así es más rentable para el negocio y es a lo que nos va a obligar la más que previsible iniciativa legislativa europea que debería ver la luz en el 2021.

Existe una razón tanto ética-legal como comercial para ello: esta es una oportunidad para construir cadenas más responsables en consonancia con las leyes que se avecinan, que generarán negocios más fuertes y resistentes, al mismo tiempo que proporcionarán una vida razonablemente digna a las personas que las integran.

 

Pia Navazo y María Prandi

Expertas en cadenas de suministro globales en Business and Human Rights (BHR)

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