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Una de las preocupaciones que afrontan las familias en los meses de incertidumbre que se avecinan es la que se refiere a la conciliación de las tareas laborales y domésticas. Si en circunstancias normales, muchos trabajadores- especialmente trabajadoras- encuentran dificultades para compaginar estas dos realidades, la situación generada por la pandemia ha convertido la necesidad de equilibrar trabajo y familia en un reto insuperable para algunos.

El Gobierno lanzó durante el estado de alarma el Plan MECUIDA en el que se contemplan medidas específicas para facilitar la conciliación durante la crisis sanitaria (prioridad del teletrabajo, reducciones de jornada, adaptación y flexibilización de la jornada). A día de hoy, sin embargo, no es seguro que tales medidas sigan vigentes y parece necesario que se adopten previsiones más concretas para la “nueva normalidad” que acabamos de estrenar y que, con mucha probabilidad, se prolongará todavía durante varios meses.

Para ello, es importante atender, por un lado, a las condiciones excepcionales, y cambiantes, en las que nos encontramos y buscar alternativas que ofrezcan soluciones tangibles adaptadas a la realidad de las familias. Como se ha puesto de manifiesto en el confinamiento, la suspensión de las clases en los centros educativos genera un trastorno añadido para los padres que, en ocasiones, es de muy difícil resolución: no todos los trabajadores tienen la opción del teletrabajo, los cauces cotidianos de ayuda pueden no estar disponibles (abuelos, familiares) y existe un número creciente de hogares monoparentales que se ven especialmente desasistidos. En un escenario con restricciones similares, y con la presión añadida de conservación del empleo, los trabajadores pueden precisar un apoyo específico (incentivos fiscales para la contratación de personas que cuiden a los menores o la apertura de los centros escolares para la atención de los hijos de estos colectivos con necesidades particulares, como ya se está haciendo en otros países europeos).

Por otra parte, la pandemia puede ser un catalizador que consolide e impulse algunas de las políticas de conciliación que ya se estaban desarrollando. Es el caso del teletrabajo, una herramienta infravalorada a la que, sin embargo, se han visto abocadas muchas empresas a raíz de la crisis sanitaria. Esta semana veía la luz el Anteproyecto de ley en el que se trata de ordenar y regular los aspectos más conflictivos de esta modalidad de trabajo (prevención de riesgos, desconexión digital, control de la actividad) y en el que se otorga una singular preferencia al trabajador para acceder a la misma por necesidades de conciliación familiar.

La flexibilidad en las condiciones laborales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el tiempo de trabajo, no está todavía muy extendida en nuestras empresas, pero es, sin embargo, un elemento clave para facilitar la conciliación. Junto con dicha flexibilidad, y en la línea marcada por la Directiva 2019/1158 de Conciliación, es conveniente igualmente apuntalar el ejercicio corresponsable de las medidas de conciliación. También en este punto, el confinamiento de los últimos meses y la convivencia forzada que ha provocado, ha podido contribuir a una redistribución de las obligaciones domésticas en muchos hogares o, al menos, suscitar una reflexión sobre la cuestión. Pero para que ello tenga efectos duraderos, debe garantizarse que los derechos de conciliación se disfrutan de forma igualitaria, para evitar los efectos negativos en la carrera profesional de las mujeres y en la vida de las familias.

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