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El objetivo nacional (así como el europeo) de lograr una transición energética justa deja sobre la mesa el doble desafío de avanzar hacía un sistema energético con menor impacto ambiental, que supone una transición hacia energías más limpias, y, al mismo tiempo, no dejar a nadie atrás. Los últimos datos oficiales evidencian que, en 2018, entre el 7.2% y 16.9% de la población española se encontraba en situación de pobreza energética.

Esta faceta de la pobreza general -pobreza energética- que, según Bouzarovski y Petrova, se manifiesta en la “incapacidad [de un hogar] de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de servicios domésticos de la energía”, se está viendo agravada por la crisis socio- económica relacionada con la COVID-19, debida principalmente a dos circunstancias: la reducción de los ingresos de las familias, como consecuencia del parón de la economía, y el aumento del consumo energético en el hogar, por la situación de confinamiento de la población. Estos dos factores, agravados por la mala eficiencia energética del parque residencial y el poco conocimiento de la facturación energética, han provocado un aumento del número de hogares vulnerables.

En estas circunstancias, el Gobierno de España ha tomado una serie de medidas extraordinarias para garantizar el suministro y la asequibilidad de los servicios energéticos, y apoyar mediante subvenciones a autónomos y PYMES. Del mismo modo, la mayoría de los países europeos afectados por la crisis sanitaria han adoptado políticas de protección de los consumidores, que incluyen, entre otras, medidas de prohibición de cortes de suministros, de flexibilización del pago de facturas y de ampliación de los bonos sociales.

Desde su creación, la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas centra su acción en dos direcciones concretas: (1) hacer una investigación interdisciplinar centrada en la realidad y (2) servir de punto de encuentro para facilitar el contacto entre las entidades y personas implicadas en la lucha contra la pobreza energética. En este marco, como parte de su actividad, la Cátedra colabora con la red de investigadores y agentes europeos Engager COST que recientemente ha hecho un llamamiento transversal para actuar en la lucha contra la pobreza energética en esta crisis de la COVID-19. En esta “Call for action”, se pide un pacto de solidaridad para garantizar el derecho a la energía para todos los europeos como herramienta para encontrar soluciones conjuntas a la pobreza vinculada a la energía.

A partir de las circunstancias a las que nos ha llevado esta crisis sin precedentes para muchos, es necesario actuar para lograr una transición justa que no deje nadie atrás. A corto plazo tendremos por lo menos que: (1) garantizar un ingreso mínimo para los hogares más vulnerables que cubra también sus necesidades energéticas; (2) revisar los mecanismos de atención y ayuda a los hogares vulnerables en función de la evolución de la pandemia y la post-pandemia; (3) establecer un sistema rápido y sencillo para responder a las situaciones de emergencia causadas por la crisis; (4) priorizar el bienestar de las personas y del entorno sanitario.

A largo plazo, la respuesta debe ir acompañada de la correcta implantación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que tendrá que desarrollar al menos los siguientes puntos: (1) mantener a medio plazo algunas de las medidas de emergencia, como, por ejemplo, la prohibición de cortes;

(2) establecer un suministro mínimo vital universal; (3) fomentar iniciativas de empoderamiento energético de los hogares; (4) facilitar el dialogo entre los distintos agentes involucrados (administración, empresas comercializadoras, tercer sector, etc.); (5) garantizar el derecho a una vivienda digna, adoptando medidas de eficiencia energética, para evitar cronificar la pobreza vinculada a la energía y estar preparados para futuras crisis.

Garantizar el derecho a la energía en una sociedad post-COVID es un reto que además ha de ser prioritario. No nos podemos permitir no estar a la altura.

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