España se encuentra actualmente, al igual que muchos otros países europeos, inmersa en un proceso de transición energética, debido fundamentalmente a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país y así contribuir al esfuerzo global para tratar de mitigar, en la medida de lo posible, las consecuencias negativas del cambio climático que ya estamos sufriendo.
¿Se consolida la transición energética?

Sin embargo, los datos del Barómetro de Transición Energética 2019, elaborado por Economics for Energy, indican que la transición avanza de forma lenta, y que es necesario apostar con rapidez por medidas de alcance para acelerar y consolidar la transición al margen de las cuestiones coyunturales. El Barómetro, que presentó sus primeros resultados hace un año, realiza un análisis sobre la evolución de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía para seguir el ritmo de transición energética.

Así, y aunque el año 2018 ofreció una leve mejora en las emisiones de CO2 del sector energético español, esto se debió fundamentalmente a un buen año hidráulico, un factor sujeto a circunstancias no controlables. Además, todavía queda camino por recorrer hasta llegar a los objetivos de reducción planteados por el recientemente publicado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Mientras que este plan establece un objetivo de reducción del 20% con respecto a las emisiones de 1990, las emisiones en 2018 se situaron en un 15% por encima de las del citado año.

También hay mejoras con respecto a años pasados en el índice de carbono de la economía (emisiones de CO2 por unidad de PIB), o en el gasto de energía con respecto al PIB. De nuevo, la mayor contribución de la energía hidráulica, así como una reducción en el coste de la energía para los usuarios residenciales, parecen estar detrás de estos avances. Aun así, tanto la intensidad energética como la mejora en la descarbonización de la economía siguen siendo peores que en el conjunto de la Unión Europea. Esto, según nuestro análisis, representa una clara señal del importante potencial que tiene el ahorro energético como instrumento para la descarbonización en España, y por tanto, la necesidad de activarlo.

Por lo que se refiere a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone la continuidad durante 2018 del descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, especialmente este último, que acumula un descenso superior al 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, ininterrumpida desde 2016 gracias a la reducción de la demanda de electricidad, redunda en una mejor capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, a lo que se suma una disminución del coste que supone proporcionar este servicio.

Sin embargo, en términos de seguridad económica, España empeoró en 2018 su ya elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 habían experimentado una mejora en términos de ajuste de la economía que el año pasado sufrió un retroceso. El otro indicador evaluado en este eje, la seguridad de las importaciones, también empeoró en 2018, aunque la situación sigue siendo más favorable que en el conjunto de la UE.

La conclusión que nos ofrecen estos indicadores es que es conveniente y necesario acelerar la transición energética en España. Es preciso, en primer lugar, movilizar el muy elevado potencial de ahorro energético con el que contamos, y en segundo lugar, progresar en la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables a costes asumibles. Esto permitirá reducir las emisiones de CO2 por encima de circunstancias coyunturales, hacer más asequible para familias y empresas el gasto energético, y reducir el grado de dependencia de unos combustibles con precios volátiles.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima antes mencionado establece una senda alineada con estos objetivos, pero ahora es necesario traducirlo, con carácter urgente, a políticas que permitan avanzar en dicha senda, para cumplir los objetivos contraídos a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático y también para contribuir a un sistema energético más sostenible para España. En este sentido, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética es fundamental para dotar de un marco sólido y de largo plazo a estas políticas. Confiamos en que pueda ser aprobada próximamente por el Parlamento, y que esto suponga el pistoletazo de salida real para una transición energética en España.

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