Justicia es uno de esos conceptos que parecen admitir múltiple interpretación o, expresado de otra forma, distintos apellidos, pero quizás una forma genérica de delimitarla sería fijar su esencia en que cada uno tenga lo que le corresponde y se comporte de acuerdo a lo establecido. Tiene, sin duda, un componente básico igualador: un marco que tienda a propiciar y garantizar igualdad entre la gente, partiendo de las opciones de oportunidad; es decir, evitar situaciones de marginación o exclusión o, por expresarlo en palabras más actuales, ningún tipo de brecha social. Apelando a un sentido inverso, cabe decir que la ausencia de justicia propicia, de hecho ha propiciado a lo largo de la historia, agudas diferenciaciones de clase, de género… a las que corresponde agregar otras más actuales: geográficas, tecnológicas, sociales... El sumun de la justicia es, pues, establecer un marco que garantice la igualdad de oportunidades. ¿Necesita el apellido social? ¿No tiene algo de pleonasmo juntar justicia y social, dado que la justicia, en sí misma, ya es social? ¿No hay que concluir que, si no es social, no hay justicia como tal? Más que un intento de trabalenguas enrevesado, tiene mucho de conceptual.
Dicho lo anterior, hay que admitir que hablar de justicia social es una forma más o menos convenida de referirse a cuestiones como la ya referida igualdad, el marco de prestaciones y garantías del Estado de Bienestar, la lucha contra la pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, etcétera. Trata, en definitiva, de que cada hombre o mujer encuentre la posibilidad de reivindicar y alcanzar su parte en la riqueza y la prosperidad cosechadas colectivamente.
El concepto surgió como tal allá por finales del siglo XVIII y principios del XIX, en gran medida emergido desde la Revolución Francesa, con antecedentes en formulaciones teóricas e incluso prácticas un tanto dispersas en épocas anteriores. En esencia, surgió referida a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. Concretamente, corresponde citar a un jesuita llamado Luigi Taparelli para quien la sociedad se compone del poder público y la obligación de cooperar con el bien social. Concretamente, en su Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos afirma que “la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”.
Más en una vertiente práctica, el germen ha de situarse en torno a la Primera Revolución Industrial, a consecuencia de la aguda desigualdad que originó. Lo que supuso de mejora del bienestar colectivo, siquiera a medio y largo plazo, fue a costa de lacerantes inicios de aguda discriminación social. A las diferencias de clase se sumaban las causadas por el género (aún persisten). En aquel momento, las mujeres, ya fueran de clase baja, media e incluso alta burguesía, tenían muy restringida su participación en muchos aspectos, entre ellos la educación: como mucho, asistían a algunos cursos de primaria y siempre en condiciones más precarias en cuanto a calidad y cantidad que sus homólogos varones, mientras entre las clases media y alta, aunque tuvieran recursos, las reglas sociales hacían que aprendieran básicamente a ser buenas esposas, madres, anfitrionas… de modo que su formación estaba orientada a estos fines.
El término justicia social fue posteriormente incorporado a las ideologías de algunos partidos políticos socialdemócratas. Los pioneros en Reino Unido fueron los ideólogos del socialismo fabiano (que más tarde daría lugar al Partido Laborista), junto a los del SPD alemán. En esta doctrina, la justicia social desempeña el papel de finalidad ética por excelencia, para guiar la evolución social mediante cambios no revolucionarios hacia un sistema de socialdemocracia. En Francia, el dirigente del Partido Socialista, Jean Jaurés, adoptó en la misma época el concepto de justicia social como parte del socialismo ético y pacifista. Y en Argentina, el diputado del Partido Socialista, Alfredo Palacios, vinculó las ideas de nuevo derecho y justicia social en 1904.
Años después, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, lo incluyó en el acta de su Constitución afirmando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Y casi un siglo más tarde, en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 2008, en Ginebra, se aprobó la “Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa” en la que, además, se institucionaliza el concepto de Trabajo Decente y se habla de la importancia de las empresas sostenibles para la creación de más empleo y oportunidades de ingresos para todos. Su entonces director general, Juan Somavia, subrayó que “todos podemos unirnos para hacerlo realidad y avanzar así hacia un mayor respeto por la dignidad humana y hacia la prosperidad mundial, con el fin de satisfacer las necesidades y esperanzas de los pueblos, las familias y las comunidades en todo el mundo”.
La creciente globalización está cambiando profundamente el mundo del trabajo. De lo que se trata es de que en este escenario cambiante, en el que además las nuevas tecnologías están propiciando nuevos modos de entender las relaciones laborales, los países, las empresas y por qué no las personas que se están beneficiando sean capaces de incorporar a aquellos que todavía siguen en la cruz de la moneda.
La desigualdad de ingresos, los altos niveles de desempleo y pobreza, la vulnerabilidad de las economías ante las crisis externas y el aumento tanto del trabajo no protegido como de la economía informal siguen siendo retos no superados. Es decir, estamos muy lejos de la aspiración universal de justicia social, que significa alcanzar el pleno empleo, asegurar la sostenibilidad de sociedades abiertas y de la economía mundial, lograr la cohesión social y erradicar la pobreza y las crecientes –viejas y nuevas- desigualdades. Realmente, estamos hablando de algo tan simple en teoría y a veces tan complejo de conseguir como la dignidad humana.
En el estudio “Justicia Social: reflexionando sobre la historia de algunos enfoques continentales y su influencia educativa”, de Carlos Riádigos (Universidade do Estado do Río de Janeiro, Brasil, y Universidad de A Coruña UDC), se señala que la demanda de justicia social llega hasta nuestros días con la actual situación de crisis sistémica del capitalismo que ha propiciado que hayan arraigado movimientos como la Primavera Árabe, el 15M en España, Occupy Wall Street en Estados Unidos o el 132 en México clamando por democracia real, participativa y directa.
En la “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales” del Foro Social Mundial, en Porto Alegre, se afirma que el capitalismo destruye la vida de las personas. Por eso, cada día nacen múltiples luchas para eliminar los efectos dejados por el colonialismo y para que todos tengamos una calidad de vida digna. Cada una de estas luchas implica una batalla de ideas. En el manifiesto aprobado se resalta que “defendemos el trabajo decente y la reforma agraria como únicos caminos para impulsar la economía familiar, campesina e indígena, y un paso central para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la reforma urbana como instrumento fundamental en la construcción de ciudades justas y con espacios participativos y democráticos. Defendemos la construcción de otra integración, fundamentada en la lógica de la solidaridad”. Este movimiento, iniciado en 2001 en Brasil, lleva reuniéndose anualmente sin interrupción y de los 12.000 asistentes que acudieron al primero se han acercado a los 80.000 presentes en el último, celebrado el pasado marzo en Salvador de Bahía (Brasil) bajo el lema “Resistir es crear, resistir es transformar”.
La Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, y que, a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Así, en su reunión del 27 de noviembre de 2007, se dictaminó que el 20 de febrero de cada año se celebre el Día Mundial de la Justicia Social. En el documento aprobado se reconoce también que, para sostener el desarrollo social y la justicia social, es necesario un crecimiento económico sostenido y de amplia base, en un contexto de desarrollo sostenible. Este año, centró su atención en los trabajadores migrantes y su búsqueda de la justicia social. En la actualidad, como casi siempre, el motivo principal para migrar está ligado directa o indirectamente a la búsqueda de un empleo digno. Incluso en situaciones en las que el trabajo no es la razón más importante, el empleo termina por ser el ingrediente central de cualquier proceso migratorio. En palabras de Guy Ryder, director general de la OIT, “los trabajadores migrantes, como cualquier trabajador, tienen derecho a recibir un trato justo, y ello es indispensable para preservar el tejido social de nuestras sociedades y avanzar en la consecución del desarrollo sostenible”. Además, el logro de esta forma de justicia social está también estrechamente vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Al final, la vertiente más específicamente socioeconómica de la justicia, sobre todo orientada a propiciar y garantizar una efectiva igualdad de oportunidades y el reparto justo y equitativo de prosperidad y riqueza, incluye o debería incluir también una dosis de sensatez y sentido común, al punto de preguntarnos, individual y colectivamente, si es posible o vale la pena aproximar el riesgo de hacer el modelo inviable por una excesiva dosis de desigualdad.
