La responsabilidad social de los ayuntamientos, al igual que la del resto de administraciones públicas, no termina en el cumplimiento estricto de la legalidad y, en su caso, de las responsabilidades económico-patrimoniales derivadas de su funcionamiento, sino que el “deber ser” alcanza también al ámbito de las expectativas ciudadanas y a los valores sociales compartidos.
Evaluación de la RSC en Ayuntamientos

En la actualidad, ante la pérdida generalizada de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, crecen las demandas para que los gobiernos asuman compromisos sobre desarrollo sostenible, prácticas de buen gobierno y transparencia informativa. Estas exigencias cobran especial relevancia en el ámbito local, dada la proximidad de los ayuntamientos para conocer y cubrir las necesidades de las personas para las que gobiernan y el impacto económico, social y ambiental que supone el ejercicio de dicho gobierno.

En este sentido y más allá del debate sobre si la RS ha de ser algo voluntario u obligatorio, resulta evidente que todas las organizaciones son responsables de su gestión y que la actividad de las instituciones públicas democráticas está sometida a unas normas y principios (legalidad, economía, eficacia y eficiencia) y deben rendir cuentas y responder ante la sociedad del resultado de sus estrategias y políticas y de su viabilidad futura (sostenibilidad) y además lo deben hacer respondiendo a su papel ejemplarizante, máxime los ayuntamientos que son la administración que más visibiliza sus resultados en la vida de los ciudadanos y la que está llamada de manera más directa al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así las políticas públicas de fomento de la RSC no pueden avanzar si el sector público no cumple internamente lo que predica para el resto con instrumentos de gestión y evaluación de la RSC como se está exigiendo que desarrollen las empresas.

En España contamos con varias iniciativas y políticas públicas de RSC que implican al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, aunque en sentido estricto, en el ordenamiento jurídico no exista una obligación legal de que las administraciones públicas locales publiquen información sobre su RSC, ni siquiera en la Memoria y Cuentas Anuales (ICAL 2013). Tampoco en la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se exige explícitamente a los gobiernos y administraciones locales que publiquen datos concretos y de interés sobre el desempeño de sus competencias a nivel económico, social y ambiental, aunque la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno obliga a las Administraciones Públicas a poner a disposición de los ciudadanos, de forma activa y sin solicitud previa alguna, información a nivel institucional, de organización, de planificación y de relevancia jurídica y económica.

En este sentido, a medida que internet se ha ido convirtiendo en un importante medio para comunicar con los grupos de interés y la ciudadanía en general, se ha despertado un mayor interés social sobre cómo informan las entidades públicas del comportamiento responsable a través de las webs corporativas, si bien la información ofrecida hasta el momento por las grandes ciudades se caracteriza por la inexistencia o aparición incompleta de información relevante, escasa visibilidad y una alta dispersión del contenido, que aparece de manera poco clara y estructurada y desfasado en cuanto a años de referencia.

Por lo tanto, para que la rendición de cuentas de las administraciones locales sea efectiva, los resultados a nivel de gobernanza y de impacto económico, social y ambiental deben ser verificados y conformados interna y externamente de tal manera que se pueda garantizar su fiabilidad y determinar su grado de compromiso con la RSC y por ello, es necesario disponer de una herramienta que permita conocer cuál es el estado de la responsabilidad social en los ayuntamientos.

Ante esta necesidad surge el estudio Análisis del nivel de RSC de los ayuntamientos de la Región de Murcia (fases I y II) impulsado por la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia que se encuentra dentro de un ambicioso proyecto sobre Responsabilidad Social en el sector público que se está llevando a cabo en dicha Cátedra. Así, a partir del Modelo de Análisis de Indicadores de RSC aplicado a grandes ciudades españolas (Cueto, 2014) se ha desarrollado una herramienta que permite analizar la oferta informativa sobre RSC que se publica en los ayuntamientos, contrastando la aplicación de los principales enfoques teóricos, las normas y requerimientos sobre RSC y sus principales indicadores a nivel económico, social y ambiental, analizando principalmente la información sobre RSC que se publica en su página web (de acceso general a la ciudadanía). A partir de este estudio y la herramienta desarrollada, se pretende sentar las bases que permitan ampliar una investigación que alcance al resto de municipios españoles.

Los objetivos principales son: contribuir a que la ciudadanía conozca en qué medida los ayuntamientos están practicando RSC y rindiendo cuentas al respecto; facilitar a las propias administraciones una forma básica de evaluar cuál es el tratamiento que están dando a la RSC dentro de su entorno y valorar sus esfuerzos en términos absolutos y relativos; e identificar debilidades y fortalezas en materia de RSC en cada ayuntamiento como punto de partida para la mejora de su gestión y comunicación a la ciudadanía así como de su estado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La estructura del cuadro de indicadores integrados en la herramienta de evaluación es la que aparece en la tabla adjunta.

cuadroRSC UM

Este artículo está basado en el estudio “Análisis del nivel de RSC de los ayuntamientos de la Región de Murcia”: Abellán Giménez, M.D.; Cueto Cedillo, C.; García Escribano, J.J.; Marín Rives, J.L.; Paredes Gázquez, J.D.; Rodríguez Muñoz, E.M. (2018): Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia.

 

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