Como en otras cuestiones, Francia va una vez más dos pasos por delante del resto del continente. El pasado mes de febrero, el Parlamento Francés aprobó, tras más de cuatro años de negociaciones, una esperada ley que establece la obligación del deber de vigilancia para las empresas matrices y subcontratantes
¿Para cuándo una ley de diligencia empresarial en España?

La ley francesa -que se inspira directamente de las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Ruggie)- supone un hito trascendental en materia de protección y respeto de los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las empresas, por dos principales razones.

Primero, porque establece para las empresas francesas -que empleen directa o indirectamente a 5.000 trabajadores en el país o a 10.000 empleados a nivel mundial- la obligación de publicar anualmente planes de vigilancia. En estos planes se deben identificar los impactos adversos que sus actividades pueden provocar y los riesgos de violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente en las propias empresas o en sus cadenas de suministro global. Segundo, porque esta ley de “diligencia debida” comprende un mecanismo para recibir alertas de violaciones por parte de los trabajadores y sus sindicatos, aunque la carga de la prueba recaiga en las víctimas.  

Lamentablemente, la ley fue objeto de una intensa batalla política y legal a lo largo del curso de su tramitación para rebajar su ambición y su alcance en la práctica y contiene algunos aspectos claramente mejorables. Para empezar, el limitado ámbito de aplicación de la ley, puesto que solo entre 100 y 150 empresas se verán obligadas por esta nueva normativa, y, también, de la efectividad del plan de vigilancia obligatorio puesto que las empresas no están obligadas a garantizar resultados, sino que únicamente deben demostrar que hicieron lo necesario para evitar los daños.

Además, y en relación al mecanismo judicial para la denuncia de abusos, la ley aprobada ha invertido la carga de la prueba que en el proyecto de ley, que se presentó al parlamento francés en 2013, residía en las empresas. En la actualidad, deben ser las victimas las que tienen que demostrar que la empresa ha fallado en su obligación. Por último, el pasado 23 de marzo, el Consejo Constitucional francés, respondiendo a un recurso planteado por 60 senadores y 60 diputados, anuló las disposiciones de la ley que preveían la posibilidad de multar  (hasta con 30 millones de euros) a las empresas que no contasen con un plan de vigilancia. El Consejo Constitucional declaró inconstitucionales esas multas por considerarlas excesivas.

Pero, obviamente, todo ello no resta un ápice, ni a la utilidad práctica de esta ley ni al simbolismo que supone su aprobación. Sin duda, es un primer gran logro hacia una mejor protección de los derechos humanos y ambientales que deberá ir seguido de otros pasos a nivel nacional, europeo e internacional. A nivel nacional, algunas iniciativas en este sentido comienzan a tomar forma en algunos países. Es el caso de Suiza y Holanda donde se están dando pasos en favor de leyes sobre debida diligencia en materia de derechos humanos a lo largo de toda la cadena de aprovisionamiento. A nivel internacional, la aprobación en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de una resolución para iniciar el proceso de creación de un marco jurídicamente vinculante sobre derechos humanos y empresas multinacionales y la conformación de un grupo de trabajo con los gobiernos de distintas naciones para llegar a un acuerdo, representa un logro histórico aunque su realización práctica parece ir perdiendo fuelle. No obstante, está previsto que se celebre una nueva ronda de consultas a la vuelta de verano pero parece improbable que se presente en esas fechas una propuesta inicial de estructura del tratado. A nivel europeo, lamentablemente, y pese al liderazgo ejercido por la UE en el último decenio en materia de responsabilidad empresarial, la Comisión está desaparecida y no ha emprendido ninguna iniciativa en este sentido desde su elección en 2014.

Y en España, ¿para cuándo una ley de diligencia semejante a la francesa que obligue a las empresas a incluir una plan de vigilancia que permita identificar y prevenir los riesgos ligados a sus actividades? ¿No ha llegado el momento de dar el salto de la voluntariedad a la obligatoriedad como ha hecho Francia de la mano del Gobierno de Hollande? En mi opinión, es la única vía para continuar avanzando en la erradicación de la impunidad, la identificación de los vacíos legales y la mejora de la protección de los derechos humanos en la esfera económica. No será un camino fácil, como tampoco lo ha sido en Francia. Pero debemos aprovechar el actual contexto socioeconómico y el descontento social con la desigualdad para imponer más equidad y justicia en el campo de las empresas y los derechos humanos.

Ramón Jáuregui Atondo

Eurodiputado

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