Quizás muchos recuerden el caso que salió a los medios de comunicación en febrero de 2015, tras el fallecimiento de Virgina Pérez Buendía, una mujer desconocida y discreta que compartió apellido con la desdichada familia de Macondo, con los Buendía de Cien años de Soledad.
Virginia era la última descendiente de una familia de empresarios harineros, propietarios de una fábrica de harina en Valverde de Júcar, un pueblo de Cuenca de unos 1.200 habitantes. No se casó ni tuvo descendencia, pero en 1983 redactó un testamento que fue leído tras su fallecimiento en la vivienda madrileña, en la más absoluta soledad. Y no fueron muchos quienes acudieron a su entierro.
La fallecida, que acudía con frecuencia al pueblo natal, donde la recuerdan como “muy suya, en su viejo Land Rover”, sin pararse a hablar con las vecinas, dispuso en su testamento que su patrimonio y los beneficios de su capital mobiliario e inmobiliario, se destinasen a crear una fundación, con su nombre, dedicada a financiar los estudios a los niños de la localidad con menos recursos y con buen expediente académico. Y los rumores, en aquel momento, llegaron a apuntar hasta una cifra de 10 millones de euros.
Doña Viriginia había definido la estructura de la organización, que habría de incluir en su órgano de gobierno al alcalde, el juez de paz y el párroco, además de un maestro, un agricultor, un comerciante, un asalariado y un industrial de la localidad.
Hasta aquí todo fue siguiendo su curso, y la Fundación se constituyó con un patrimonio de tres millones de euros afectado de modo duradero a la realización de sus fines sociales. Desde modo, serán los beneficios generados por esta dotación los que permitan financiar las becas. En marzo de este año se realizó la primera sesión de valoración de ayudas, a la que concurrieron 65 solicitantes locales. En declaraciones a los medios, el Alcalde expresó que la mayoría de las solicitudes corresponderían “a alumnos de infantil, primaria y bachillerato a los que se les puede financiar la compra de libros”, aunque también se esperan posibles peticiones “para estudios universitarios o másteres”.
La entidad, inspirada en el derecho constitucional a fundar, ha comenzado a caminar. Pero la materialización del deseo de la Sra. Pérez Buendía será compleja, pues no debería limitarse a redactar las bases de una convocatoria de becas, ni mucho menos agotarse con la adquisición de libros de texto y material escolar. Debería tratarse –con toda la complejidad que ello supone- de diseñar un proyecto social con impacto.
Tras conocerse la noticia del legado, algunos comentaban que en el colegio del pueblo había un centenar de niños, además de unos ochenta adolescentes cursando estudios superiores fuera del municipio. “¿Qué criterios deberían utilizarse para seleccionar a los beneficiarios? ¿haber vivido siempre en el pueblo? ¿qué renta mínima deberá fijarse?”, se preguntaban entonces algunos valverdeños.
Ante un caso con este sin duda tenemos los recursos -los input-, y posiblemente un borrador de las prestaciones que podemos ofrecer -los output-, ¿pero bastará con gestionar el 85% de los rendimientos patrimoniales –según voluntades de la finada- para dotar una bolsa de ayudas? ¿Deberá fijarse como visión de futuro la financiación de estudios a los menores de la localidad con menos recursos?
Es posible que en 1983, cuando fue redactado el testamento, este motivo filantrópico no solo fuese necesario sino excelente. Pero el cambio social en el que estamos sumidos, con una crisis manifiesta del sistema educativo y del acceso al mercado laboral, nos exigirá establecer impactos verificables tanto a nivel de público objetivo como a nivel social. Dicho de otro modo, sentimos la obligación de exponer qué queremos lograr para los menores estudiantes de la localidad mediante el proyecto de becas, y en qué queremos contribuir en su sociedad (considerando que ellos serán los primeros responsables en la creación, o no, de una sólida sociedad civil en la que habrán de vivir de adultos).
El diseño de proyectos sociales con impacto es un protocolo de trabajo que nos lleva a definir una serie de pasos que se iniciarán con la comprensión de los retos y las necesidades del público objetivo y de su entorno –en este caso los menores y adolescentes de Valverde del Júcar-, para definir el reto social que hemos de afrontar, así como las partes que deben implicarse en el proyecto, las carencias y propuestas del entorno y las soluciones que queremos alcanzar.
Las cuestiones que debemos plantearnos son sencillas y comunes, pero no por ello prescindibles si deseamos gestionar organizaciones o proyectos con capacidad de impacto social: ¿cuáles son nuestros públicos?, ¿en qué aspectos cambiará el proyecto al público objetivo?, ¿qué objetivos de impacto social habrían de alcanzarse?, ¿una mayor equidad social a corto y medio plazo?, ¿una mayor cualificación de la sociedad civil a largo plazo?
En este caso, más allá de una convocatoria de becas (tradicional enfoque de trabajo centrado en actividades –outputs-), deberíamos hablar de los cambios en las capacidades y en la vida del público objetivo –outcome- gracias a la equidad en el acceso a la formación, valorando un objetivo de impacto a nivel de público objetivo: los menores con menos recursos consiguen incentivos materiales y no materiales para acceder a los diferentes niveles académicos; así como un objetivo de impacto de nivel social, logrando cambios en su contexto social –impact-, como puede ser una mayor cualificación profesional en la población, un menor desempleo en el futuro o una sociedad civil más consolidada.
Nota: Extracto de la ponencia impartida en la mesa redonda “¿Cómo hacer proyectos sociales con impacto?”, organizada por la Fundación Bertelsmann en su sede de Madrid, el 1 de julio de 2015.
