El enésimo show montado a cuenta del oso verde de Caja Madrid se parece a los anteriores del Cajicidio en lo obvio (ventilar sueldos, primas y dietas de consejeros y directivos a mayor gloria de sus adversarios y de los aprovechateguis del cui prodest), pero difiere de todo lo visto en lo siguiente: resulta de lo de las tarJetas el primer triunfo de la Responsabilidad Social Corporativa en España.
Alejándose de las tripas, revueltas ante los gastos suntuosos que en plena crisis, practicaban los ricos (y que nadie de los adalides de la intimidad cuando de Facebook se trata, se pregunta por qué, junto a correos electrónicos, se publican con alegría y, nunca mejor dicho, Viva el Vino) y que, en cruel paradoja, se utilizan para reforzar la desigualdad, queda, desnuda, la verdad.
La verdad es que lo de las tarjetas es un bonus en especie que se entrega en casi todas las grandes empresas (y en cuantías bastante superiores a las del caso) y que en la Caja se utilizo, básicamente, para resolver un clásico sancta sanctorum de la RSC: el conflicto de agencia.
El conflicto de agencia es tan viejo como el capitalismo: se da cuando confluyen intereses distintos en los propietarios (accionistas, normalmente) y en los gestores (directivos) de una compañía.
En las Cajas dicho conflicto se neutralizaba por diversificación (los propietarios, al ser una fiel representación de los stakeholders, resolvían sus propios conflictos en el seno del Consejo), como si de una Beta perfecta bursátil se tratara. Pero eso no es ajeno a la necesidad de asegurarse apoyos estratégicos imprescindibles para desbalancear el equilibrio de poder.
En Caja Madrid llegué a conocer yo siete directores generales. Aplicaron la diversificación por duplicado: en el Consejo, generando estraños compañeros de cama (el apoyo de Comisiones al Presidente era más fiel que el de sus correligionarios!), y en el Comité de Dirección, huyendo de la concentración de mando multiplicando primeros ejecutivos.
El bonus, en esas circunstancias (como en todas) era (y es) un bálsamo de conciencias. Quien paga, descansa, y quien cobra, más. Pero un bonus repartido estratégicamente a directivos (gestión retributiva pura, de libro) no es delito salvo que...
Salvo que la presión y lluvia fina de la RSC haya terminado por imponer la transparencia de la publicación de las retribuciones del Consejo y Alta Dirección. La transparencia de un bonus "político" desactivaba su efecto (para ciertos consejeros recibirlo no era públicamente aceptable), por lo que fue la RSC, y no el ahorro fiscal, la que indujo a ocultar esos pagos.
Nos encontramos, pues, ante un triunfo de la RSC, por cuanto ha traído transparencia. Y ante uno de sus fracasos, por cuanto ha servido los intereses (espúrios) de quienes utilizan la transparencia como un arma finalista. Un caso precioso, pero triste.
