El próximo lunes 9 de noviembre comienza en Antalya, Turquía, la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31). Durante casi dos semanas, representantes gubernamentales, organismos internacionales, empresas, organizaciones ecologistas, científicos, jóvenes y pueblos indígenas debatirán cómo responder a una emergencia climática cuyos efectos ya afectan a millones de personas.
La cita llega en un contexto especialmente delicado. Pese a décadas de negociaciones internacionales, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan representando uno de los principales desafíos ambientales del planeta. Las temperaturas aumentan, los fenómenos meteorológicos extremos se intensifican y las consecuencias del calentamiento global profundizan desigualdades económicas, sociales y territoriales.
Según la información difundida por Naciones Unidas sobre la conferencia, los acuerdos climáticos internacionales han contribuido a reducir las proyecciones de calentamiento global, que han pasado de escenarios superiores a los 4 °C a estimaciones cercanas a los 2,6 °C. Sin embargo, esta trayectoria continúa muy alejada del objetivo de limitar el incremento de la temperatura a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales.
La distancia entre los compromisos asumidos y las transformaciones necesarias constituye uno de los grandes problemas que deberá afrontar la COP31. Porque, aunque las cumbres climáticas han permitido construir un marco de cooperación internacional, su verdadera eficacia depende de que los países trasladen lo acordado a sus políticas energéticas, económicas y ambientales.
Las conferencias climáticas de Naciones Unidas se celebran anualmente desde 1995 y constituyen el principal espacio de negociación multilateral frente al calentamiento global. Su origen se encuentra en la Convención Marco sobre el Cambio Climático, adoptada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992.
Uno de sus principales hitos fue el Acuerdo de París de 2015, mediante el cual los países se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 °C y a realizar esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.
Once años después, el desafío ya no consiste únicamente en reconocer la gravedad de la crisis climática o establecer objetivos a largo plazo. La prioridad es acelerar su cumplimiento mediante políticas verificables, inversiones suficientes y cambios estructurales en los sistemas de producción, transporte y consumo.
En este sentido, la COP31 se presenta como una oportunidad para evaluar hasta qué punto la cooperación internacional puede responder a la urgencia que señala la comunidad científica. También será una prueba para comprobar si los gobiernos están dispuestos a asumir decisiones que impliquen transformar los modelos económicos más dependientes de los combustibles fósiles.
Una de las cuestiones más relevantes será el futuro del carbón, el petróleo y el gas, principales responsables de las emisiones de dióxido de carbono vinculadas a la actividad energética.
Las organizaciones ambientales reclaman que la mitigación, es decir, la reducción de las emisiones que provocan el calentamiento global, ocupe un lugar central en las negociaciones.
Entre las demandas destaca la elaboración de una hoja de ruta internacional para abandonar progresivamente los combustibles fósiles mediante un proceso organizado, justo y con compromisos vinculantes.
La discusión resulta especialmente importante porque la transición energética ya forma parte de los acuerdos internacionales. Lo que permanece abierto es cómo concretarla, a qué velocidad debe producirse y qué responsabilidades deben asumir los distintos países.
También tendrán relevancia mecanismos como el Segundo Balance Mundial del Acuerdo de París (GST2), concebido para evaluar colectivamente los avances climáticos, y el Programa de Trabajo de Mitigación (MWP), orientado a impulsar una mayor ambición en la reducción de emisiones.
El riesgo es que las negociaciones vuelvan a producir declaraciones generales sin establecer instrumentos suficientemente sólidos para garantizar su aplicación. Una transición energética que no se traduzca en reducciones efectivas de emisiones difícilmente podrá responder a la magnitud de la emergencia climática.
Otro de los grandes asuntos será la financiación destinada a los países en desarrollo, especialmente aquellos que sufren graves consecuencias del cambio climático pese a haber contribuido mucho menos a provocarlo.
La adaptación a las nuevas condiciones climáticas exige recursos para proteger infraestructuras, garantizar el acceso al agua, reforzar los sistemas sanitarios y preparar a las comunidades frente a sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos.
Sin embargo, la disponibilidad de financiación sigue siendo una cuestión decisiva para que estos países puedan desarrollar sus estrategias climáticas.
El debate no es únicamente económico. También plantea una cuestión de justicia: cómo distribuir las responsabilidades de una crisis global cuyos impactos son profundamente desiguales.
Por ello, la COP31 deberá abordar tanto la movilización de recursos como el fortalecimiento de la cooperación internacional, evitando que los países con menos capacidad financiera queden rezagados en la transición ecológica.
La transición justa será otro de los ejes fundamentales. Abandonar las actividades más contaminantes implica transformar sectores productivos, pero también proteger a las personas trabajadoras y a las comunidades que dependen de ellos. Sin políticas sociales y laborales adecuadas, el cambio hacia una economía descarbonizada podría generar nuevas desigualdades.
La COP31 introducirá una particularidad en su organización: por primera vez, Turquía y Australia compartirán responsabilidades en la conducción de la conferencia.
Turquía será el país anfitrión y asumirá la organización logística del encuentro, que se desarrollará en el Centro de Exposiciones de Antalya. Australia, por su parte, tendrá un papel destacado en la dirección de las negociaciones, en colaboración con los países insulares del Pacífico.
Esta participación resulta especialmente significativa por la vulnerabilidad de numerosas islas del Pacífico frente al aumento del nivel del mar y otros impactos climáticos.
La conferencia, presentada como la «COP del Futuro», tendrá que demostrar que la cooperación internacional puede ofrecer respuestas a quienes ya están experimentando las consecuencias más graves del calentamiento global.
Aunque las negociaciones entre gobiernos concentran buena parte de la atención, la COP31 también impulsará una Agenda de Acción Climática en la que participarán empresas, ciudades, administraciones territoriales y organizaciones sociales.
Este espacio complementario buscará promover soluciones prácticas en ámbitos directamente relacionados con la vida cotidiana.
Entre las prioridades figuran la electrificación del transporte y los edificios, la reducción de residuos, la protección de la salud frente a los impactos climáticos y la seguridad alimentaria.
También se abordará la necesidad de construir ciudades más resilientes, capaces de afrontar temperaturas extremas, inundaciones y otros riesgos que amenazan tanto las infraestructuras como el bienestar de la población.
La relevancia de estas cuestiones demuestra que la acción climática no puede limitarse a los compromisos de reducción de emisiones. Requiere transformar la planificación urbana, la movilidad, los sistemas alimentarios y las políticas públicas que condicionan la calidad de vida de las personas.
La COP31 se celebra, además, en un año marcado por importantes negociaciones internacionales sobre biodiversidad.
La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Ereván, Armenia, ha situado en el debate internacional la necesidad de acelerar la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022.
Este acuerdo establece, entre otros objetivos, restaurar el 30 % de los ecosistemas degradados y conservar al menos el 30 % de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas para 2030. También contempla frenar la extinción de especies amenazadas causada por la actividad humana.
La urgencia es evidente: hasta un millón de especies se encuentran amenazadas de extinción y cada año desaparecen aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosques en el mundo, una superficie comparable a la de Portugal.
Aunque las convenciones sobre clima y biodiversidad funcionan de manera independiente, sus objetivos están estrechamente relacionados. El aumento de las temperaturas altera los ecosistemas, modifica los patrones migratorios y agrava la pérdida de especies. Al mismo tiempo, la degradación de los bosques y otros entornos naturales debilita la capacidad del planeta para absorber carbono y amortiguar los impactos climáticos.
Esta interdependencia refuerza la necesidad de que las políticas climáticas incorporen la protección y restauración de la naturaleza como elementos esenciales de la transición ecológica.
Las negociaciones de Antalya no resolverán por sí solas la crisis climática. Ninguna conferencia internacional puede hacerlo. Pero sí pueden contribuir a establecer las condiciones políticas, económicas y normativas necesarias para acelerar una transformación que ya no admite grandes demoras.
La experiencia acumulada desde 1995 demuestra que los acuerdos multilaterales son capaces de establecer objetivos comunes y orientar la acción internacional. También evidencia sus limitaciones cuando los compromisos carecen de mecanismos suficientes para garantizar su cumplimiento.
La COP31 deberá afrontar esa contradicción. Por un lado, existe un consenso científico sólido sobre la necesidad de reducir rápidamente las emisiones y fortalecer la adaptación. Por otro, las decisiones políticas y económicas todavía avanzan a un ritmo insuficiente.
En este escenario, el éxito de la cumbre no debería medirse únicamente por la cantidad de declaraciones aprobadas o por la participación de líderes internacionales. Lo verdaderamente relevante será comprobar si las negociaciones permiten avanzar hacia una reducción real de las emisiones, una salida ordenada de los combustibles fósiles y una financiación climática más justa.
Antalya tiene ante sí una responsabilidad que trasciende las dos semanas de negociaciones: demostrar que el multilateralismo climático todavía puede convertir la evidencia científica y los compromisos internacionales en decisiones capaces de proteger el planeta y a quienes lo habitan. La cuestión ya no es si el mundo conoce las soluciones, sino si existe la voluntad política necesaria para ponerlas en marcha antes de que los daños sean todavía mayores.
