La crisis climática no afecta a todas las personas por igual, ni todas contribuyen en la misma medida a provocarla. Mientras millones de familias pierden sus viviendas, sus cosechas y sus medios de subsistencia como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, una pequeña minoría concentra una parte desproporcionada de las emisiones contaminantes. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo análisis de Oxfam Intermón, difundido antes de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), en Turquía.
Los datos de la organización ponen de manifiesto la magnitud de esta brecha. El 0,1 % de la población con mayor riqueza, equivalente a unos ocho millones de personas, produce más emisiones de carbono que los 3.500 millones de habitantes más pobres del mundo juntos. Su huella climática también supera en más de tres veces las emisiones de toda África subsahariana, una región donde viven aproximadamente 1.300 millones de personas.
La desigualdad se refleja igualmente en la responsabilidad sobre los fenómenos extremos. Según los cálculos de Oxfam Intermón, una persona perteneciente al 0,1 % más rico ha contribuido casi 400 veces más a las actuales olas de calor extremas que alguien situado entre la mitad más pobre de la población mundial.
“Quienes menos han contribuido a provocar la crisis climática están perdiendo sus hogares, sus cosechas y sus vidas. Mientras tanto, los superricos pueden protegerse de sus impactos a la vez que se benefician de las consecuencias de sus emisiones y hacen negocio de la recuperación. En la crisis climática no estamos todas en el mismo barco”, denuncia Sofía del Valle, responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón.
Para elaborar su investigación, la organización ha cruzado información sobre la distribución de las emisiones de carbono con modelos de atribución climática, herramientas científicas que permiten estimar la contribución de determinadas emisiones al calentamiento y a sus consecuencias.
Los resultados apuntan a que el 1 % más rico de la población mundial es responsable del 20 % del calentamiento global acumulado desde 1990. Si se analiza la contribución individual, la de una persona de este grupo es cien veces superior a la de alguien perteneciente a la mitad más pobre de la humanidad.
Las consecuencias de esta desigualdad no se limitan al aumento de las temperaturas. El estudio estima que las emisiones generadas durante un solo año por el 1 % más rico provocarán 1,9 millones de muertes adicionales relacionadas con el calor. De ellas, el 78 % se producirían en países de renta baja y media-baja, pese a que estos territorios representan únicamente el 8 % de las emisiones mundiales.
En términos económicos, Oxfam Intermón calcula que las emisiones atribuibles a este grupo ocasionarán daños por un valor cercano a los 53 billones de dólares hasta 2050.
Uno de los ejemplos más representativos de esta desigualdad es la aviación privada. A partir de datos de seguimiento de aeronaves, la organización señala que el conjunto de los aviones privados genera, en apenas dos segundos, más emisiones de carbono que las producidas durante un año completo por una persona de la mitad más pobre del planeta.
El informe también examina cómo las diferencias económicas condicionan la capacidad de afrontar las consecuencias del calentamiento global. Las personas con mayores patrimonios pueden recurrir a seguros privados, trasladarse a zonas menos expuestas a los riesgos climáticos o disponer de viviendas mejor preparadas frente a las temperaturas extremas.
Para los hogares con menos recursos, en cambio, una inundación, un incendio o una sequía pueden significar la pérdida de todo su patrimonio, sus ahorros y sus fuentes de ingresos. La recuperación suele ser más lenta y difícil, lo que incrementa su vulnerabilidad ante futuras emergencias.
Esta situación resulta especialmente preocupante en el sur global, donde se concentra buena parte de la población más expuesta a los impactos climáticos. Según las estimaciones recogidas por Oxfam Intermón, hasta 1.000 millones de personas, aproximadamente el 10 % de la población mundial, podrían verse desplazadas por la crisis climática de aquí a 2050, en su mayoría en estas regiones.
La organización advierte, además, de que las desigualdades económicas y sociales pueden agravar las consecuencias de las catástrofes. De hecho, las muertes provocadas por inundaciones son siete veces más numerosas en los países con mayores niveles de desigualdad.
La realidad española tampoco escapa a estas diferencias. Las olas de calor, los incendios forestales y las inundaciones constituyen amenazas cada vez más intensas y recurrentes, cuyos efectos se distribuyen de manera desigual entre la población.
Coincidiendo con el segundo aniversario de la DANA que devastó más de un centenar de municipios valencianos, Oxfam Intermón recuerda que aquella catástrofe puso de manifiesto cómo las condiciones sociales y económicas influyen en la exposición al riesgo y en las posibilidades de recuperación.
Los hogares con menos ingresos, las mujeres, las personas mayores y las comunidades migrantes estuvieron entre los colectivos que sufrieron con mayor intensidad sus consecuencias.
La entidad subraya que estos grupos también suelen disponer de menos recursos económicos y apoyo institucional para reconstruir sus vidas. Por ello, insiste en que las políticas de adaptación climática deben incorporar criterios de justicia social y priorizar la protección de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Más allá de las emisiones, la investigación aborda otra dimensión de la crisis climática: los beneficios económicos que determinadas empresas e inversores pueden obtener tanto de las actividades que contribuyen al calentamiento global como de la respuesta a sus consecuencias.
El mercado internacional de recuperación tras catástrofes, según las previsiones recogidas en el informe, pasará de unos 70.000 millones de dólares anuales a 92.000 millones en 2029.
Para analizar esta dinámica, Oxfam Intermón ha desarrollado el índice Destroy & Rebuild (Destruir y Reconstruir), que identifica 217 empresas con presencia simultánea en sectores que alimentan la crisis climática y en actividades relacionadas con la preparación, recuperación y reconstrucción después de los desastres.
El análisis señala que dos de las mayores gestoras de activos del mundo, BlackRock y Vanguard, mantienen inversiones en el 92 % de las compañías incluidas en este índice. El valor conjunto de esas inversiones supera el billón de dólares.
Estos datos ilustran, según la organización, cómo determinados actores financieros pueden tener intereses económicos tanto en industrias altamente contaminantes, incluidos los combustibles fósiles, como en los negocios vinculados a la gestión de las emergencias climáticas.
Oxfam Intermón también alerta sobre el riesgo de que las catástrofes se utilicen para justificar decisiones políticas que profundicen las desigualdades existentes. Entre ellas menciona la privatización de servicios públicos y de la acción climática, la concentración de tierras, la eliminación de regulaciones y la concesión de ventajas fiscales a los sectores más acomodados.
En este contexto, Sofía del Valle resume la contradicción que denuncia el informe: “Los superricos están contaminando el planeta y el resto sufrimos las consecuencias. Se benefician de la contaminación y se benefician del desastre”.
A partir de estos resultados, Oxfam Intermón reclama a los gobiernos participantes en la COP31 que sitúen la justicia climática en el centro de las negociaciones internacionales y adopten medidas para distribuir de manera más equitativa los costes de la transición ecológica.
Una de sus principales propuestas consiste en establecer mecanismos fiscales permanentes dirigidos a quienes concentran mayores emisiones y riqueza. La organización plantea impuestos sobre las empresas de combustibles fósiles, así como gravámenes sobre el patrimonio, la renta y determinados bienes de lujo con una elevada huella de carbono, entre ellos los aviones privados. El objetivo es incentivar una reducción rápida y significativa de las emisiones y garantizar una mayor contribución económica de los principales responsables de la contaminación.
Otra de sus prioridades es reforzar la financiación climática destinada al sur global. Oxfam Intermón defiende que estos recursos procedan fundamentalmente de fondos públicos y se concedan mediante subvenciones, en lugar de préstamos que puedan incrementar el endeudamiento de los países receptores. En particular, solicita triplicar la financiación para la adaptación al cambio climático antes de 2035.
La organización también considera imprescindible reducir las desigualdades tanto dentro de los países como entre ellos, mediante inversiones en infraestructuras resistentes a los impactos climáticos y servicios públicos capaces de responder a las necesidades de la población.
Por último, reclama medidas contra la especulación asociada a las catástrofes. En este sentido, pide limitar el poder excesivo de las grandes corporaciones y garantizar que la atención de las emergencias y los procesos de reconstrucción respondan prioritariamente al bienestar de las comunidades afectadas, y no a las expectativas de rentabilidad empresarial.
Las recomendaciones del informe también se trasladan al debate político nacional. Ante las próximas elecciones generales, Oxfam Intermón solicita a todas las fuerzas políticas españolas que incorporen compromisos de justicia climática en sus programas para la siguiente legislatura.
Entre las medidas que propone figura el desarrollo de una estrategia ambiciosa de adaptación al cambio climático que permita anticipar los riesgos, proteger a los colectivos más expuestos y evitar que las emergencias ambientales amplíen las desigualdades sociales.
Asimismo, la entidad reclama establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles. Este instrumento permitiría, según su planteamiento, desincentivar las emisiones contaminantes y obtener ingresos adicionales para fortalecer las finanzas públicas y los servicios destinados a apoyar a los hogares más perjudicados por el cambio climático y el encarecimiento del coste de la vida.
El análisis de Oxfam Intermón sitúa así la distribución de la riqueza, la responsabilidad ambiental y el acceso a la protección frente a los desastres como cuestiones inseparables. Su principal advertencia es que combatir el calentamiento global no consiste únicamente en reducir emisiones, sino también en evitar que quienes menos han contribuido a provocarlo continúen soportando sus consecuencias más graves, mientras los mayores responsables disponen de recursos para protegerse e incluso obtener beneficios de la crisis.
