La Unión Europea dará un nuevo paso en la implementación de la primera normativa integral del mundo sobre inteligencia artificial. A partir del 2 de agosto, la Oficina Europea de IA, en coordinación con las autoridades nacionales, comenzará a hacer cumplir nuevas obligaciones dirigidas tanto a los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial de propósito general como a los proveedores de sistemas que interactúan directamente con los usuarios, de acuerdo con la Comisión Europea.
Uno de los cambios más visibles será la entrada en vigor de nuevas exigencias de transparencia. Los chatbots y otros sistemas conversacionales deberán informar de forma clara que el usuario está interactuando con una inteligencia artificial y no con una persona. Además, las imágenes, audios y vídeos creados o modificados mediante IA —incluidos los conocidos deepfakes— deberán identificarse expresamente y contar con marcas legibles por máquinas que faciliten su detección.
La Comisión considera que estas medidas permitirán combatir el engaño, limitar prácticas manipuladoras y ofrecer a los ciudadanos mayor capacidad para identificar contenidos sintéticos en un contexto de creciente presencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.
La nueva fase de aplicación del AI Act también refuerza las obligaciones para los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial de propósito general (GPAI), capaces de desempeñar múltiples tareas y servir de base para asistentes virtuales, agentes de IA y otras aplicaciones.
En particular, los modelos considerados de riesgo sistémico deberán implementar medidas adicionales para prevenir posibles daños de gran escala. Entre los riesgos identificados por la normativa figuran amenazas relacionadas con la ciberseguridad, incidentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares, pérdida de control sobre los sistemas, manipulación perjudicial y posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Asimismo, todos los proveedores de estos modelos deberán documentar información técnica para facilitar la labor de supervisión de las autoridades, desarrollar políticas específicas sobre el respeto de los derechos de autor y publicar resúmenes suficientemente detallados del contenido utilizado durante el entrenamiento de sus modelos.
Como parte del nuevo marco regulatorio, la Oficina Europea de IA ha puesto en marcha diferentes canales para facilitar la aplicación de la normativa.
Ciudadanos, empresas y organizaciones podrán comunicar presuntas infracciones mediante una herramienta oficial de denuncias. Además, los trabajadores de compañías que desarrollen sistemas de inteligencia artificial dispondrán de un canal protegido para alertar sobre posibles incumplimientos, mientras que las empresas que construyen aplicaciones sobre modelos de terceros podrán informar de eventuales vulneraciones detectadas en sus proveedores.
La Comisión Europea asegura que toda la información recibida será tratada con carácter confidencial.
La aplicación del reglamento será compartida entre distintas instituciones. La Oficina Europea de IA supervisará los sistemas desarrollados por proveedores de modelos de propósito general y aquellos integrados en grandes plataformas digitales reguladas por la Ley de Servicios Digitales (DSA). Por su parte, las autoridades nacionales serán responsables del resto de los sistemas de inteligencia artificial, mientras que el Supervisor Europeo de Protección de Datos controlará los utilizados por las instituciones de la Unión Europea.
Como apoyo científico, la Oficina Europea de IA contará con un panel independiente formado por 60 expertos internacionales y con un asesor científico principal, el profesor Alessandro Abate, de la Universidad de Oxford, especializado en seguridad, verificación y control de sistemas de inteligencia artificial.
La Comisión Europea también confirmó que algunas disposiciones del AI Act se aplicarán más adelante tras la aprobación del denominado AI Omnibus. Las obligaciones para determinados sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo se retrasan hasta diciembre de 2027, mientras que las reglas para sistemas integrados en productos regulados entrarán en vigor en agosto de 2028.
Además, desde diciembre de 2026 comenzarán a aplicarse nuevas prohibiciones específicas dirigidas a impedir el desarrollo y difusión de sistemas capaces de generar contenido sexual explícito sin consentimiento o material relacionado con abuso sexual infantil, reforzando así la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital.
