La transición hacia una economía más electrificada contará con un importante impulso inversor en los próximos años. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de electricidad, una norma con la que el Gobierno pretende adaptar las infraestructuras energéticas al aumento de la demanda derivado de la descarbonización.
Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la nueva regulación permitirá incorporar 17.900 millones de euros adicionales en inversiones hasta 2030, destinados exclusivamente a reforzar las redes eléctricas y mejorar su capacidad para conectar nuevos consumidores, garantizar la seguridad del suministro y responder a los desafíos derivados del cambio climático.
El Ejecutivo considera que los límites actuales de inversión en redes, fijados en función del PIB, se han quedado cortos para responder a las necesidades de la transición energética y al creciente número de solicitudes de acceso a la red procedentes de nuevos proyectos industriales, viviendas y soluciones de movilidad eléctrica.
Con la nueva normativa se establece una senda progresiva de inversiones hasta el final de la década. En las redes de distribución podrán movilizarse 10.200 millones de euros adicionales, mientras que las infraestructuras de transporte dispondrán de hasta 7.700 millones, siempre en función de la planificación eléctrica que finalmente apruebe el Gobierno.
Si se suman estas cantidades a las inversiones permanentes ya previstas por el sistema eléctrico, el desembolso total en redes podrá superar los 35.000 millones de euros antes de 2030.
El decreto delimita expresamente el destino de las nuevas inversiones en distribución eléctrica. La prioridad será facilitar nuevas conexiones para la actividad industrial, el desarrollo residencial y la descarbonización del transporte.
Además, parte de los recursos podrá destinarse a digitalizar las redes mediante sistemas de control, telemando, observabilidad y ciberseguridad, con el objetivo de mejorar la gestión y la seguridad del sistema eléctrico.
La norma también reserva financiación para actuaciones de carácter estratégico, como inversiones anticipadas que permitan preparar infraestructuras antes de que exista una demanda consolidada, la adaptación de líneas eléctricas para reducir su impacto sobre la avifauna y proyectos orientados a aumentar la resiliencia de las redes frente a fenómenos meteorológicos adversos.
Otra de las novedades es que los gestores de la red podrán incorporar al sistema determinadas líneas privadas ya existentes, como las utilizadas para evacuar energía, evitando en algunos casos la construcción de nuevas infraestructuras.
Uno de los cambios más relevantes introducidos por el real decreto afecta a la forma en que las empresas distribuidoras deberán planificar sus inversiones.
Según explica el MITECO, los planes tendrán que someterse previamente a consulta pública para que administraciones y potenciales usuarios puedan presentar propuestas. Además, toda la documentación deberá publicarse de forma accesible a través de internet, incluyendo la justificación de cómo se han incorporado las aportaciones recibidas.
Las compañías también estarán obligadas a publicar informes anuales sobre el grado de cumplimiento de sus inversiones, lo que permitirá a empresas, administraciones y futuros consumidores disponer de mayor información sobre el desarrollo de las infraestructuras.
La nueva regulación incorpora igualmente mecanismos de control para asegurar que las inversiones previstas se ejecutan conforme a lo planificado. En caso de que una empresa invierta de manera reiterada por debajo o por encima de los importes autorizados, el sistema prevé penalizaciones que afectarán a sus futuros límites de inversión.
Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que el aumento de recursos destinados a las redes eléctricas contribuya de forma efectiva a acelerar la electrificación de la economía, facilitar nuevas conexiones y reforzar una infraestructura considerada clave para alcanzar los objetivos de transición energética.
