Europa quiere convertir la electricidad de origen limpio en una pieza central de su competitividad, su seguridad energética y su política climática. Para avanzar en esa dirección, la Comisión Europea ha planteado un objetivo indicativo de electrificación del 46 % para 2040, que será evaluado dentro del futuro paquete de la Unión de la Energía posterior a 2030.
La medida forma parte de un nuevo Plan de Acción de Electrificación, presentado junto con una propuesta para reformar el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE). Ambas iniciativas buscan acelerar la transición de la industria, el transporte y los edificios hacia tecnologías eléctricas, al tiempo que movilizan inversiones para modernizar el sistema energético europeo.
Según informa la Comisión Europea, cerca del 70 % de la electricidad generada actualmente en la UE procede de fuentes limpias y de producción propia. Sin embargo, la electrificación de la demanda energética permanece estancada en torno al 23 % desde hace una década.
Este desequilibrio mantiene a la economía europea expuesta a la importación de petróleo y gas y, con ello, a las oscilaciones de precios y las tensiones geopolíticas. Alcanzar el objetivo propuesto para 2040 permitiría reducir la factura comunitaria por la compra de combustibles fósiles en unos 260.000 millones de euros anuales, de acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo europeo.
“La mejor manera de reducir la dependencia de Europa de la energía fósil es alimentar nuestra economía con electricidad procedente de fuentes limpias y locales”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La responsable comunitaria definió la iniciativa como un plan de inversión e independencia destinado a contener los precios, respaldar a la industria y mantener el rumbo de la transición energética.
El Plan de Acción se propone reducir la diferencia existente entre el precio de la electricidad y el del gas, una brecha que continúa desincentivando la sustitución de tecnologías fósiles. En la actualidad, la electricidad puede llegar a costar tres veces más que el gas, mientras que las conexiones a la red pueden demorarse durante años.
A estas dificultades se suman los elevados costes iniciales de las tecnologías eléctricas, la falta de incentivos para las empresas y los obstáculos que impiden que numerosas innovaciones alcancen una escala comercial.
La Comisión sostiene que la electrificación puede generar un ahorro significativo para la ciudadanía. Conducir un vehículo eléctrico de batería podría costar hasta un 78 % menos que utilizar un automóvil equivalente alimentado con combustibles fósiles. Por su parte, sustituir una caldera de gas por una bomba de calor permitiría reducir hasta un 60 % la factura media de calefacción de los hogares europeos, además de contribuir a la adaptación frente al cambio climático.
Para facilitar ese cambio, Bruselas propone unas facturas eléctricas “preparadas para el futuro”. El planteamiento permitiría a los Estados miembros rebajar las tarifas de acceso a la red para determinados grupos de consumidores y reducir los impuestos aplicados a las empresas con un consumo energético intensivo.
La propuesta también pretende acelerar la instalación de contadores inteligentes, que ofrecen a los hogares mayor capacidad para adaptar el consumo y ahorrar, así como evitar que la electricidad soporte una fiscalidad superior a la del gas.
El plan contempla, además, diferentes mecanismos para reducir el desembolso inicial asociado a las bombas de calor, los vehículos eléctricos, las baterías y los procesos industriales electrificados. Entre las herramientas previstas figuran los sistemas de arrendamiento social, el Fondo Social para el Clima, los instrumentos financieros vinculados al mercado del carbono, el futuro Banco de Descarbonización Industrial y la creación de un mecanismo para desarrollar un mercado del calor limpio.
El despliegue de la electrificación exigirá también ampliar y aprovechar mejor las infraestructuras eléctricas. Aunque las redes europeas se encuentran entre las más extensas y fiables del mundo, la Comisión advierte de que existen largas listas de espera para obtener nuevas conexiones y que la capacidad disponible todavía no se utiliza con suficiente eficiencia.
El paquete europeo sobre redes presentado el pasado año aborda parte de estos problemas. Para Bruselas, su aprobación por parte de los colegisladores antes de que termine el año será determinante para acelerar las conexiones y responder al aumento previsto de la demanda eléctrica.
El Plan de Acción adopta asimismo una perspectiva que abarca toda la cadena de valor. Además de promover proyectos de inversión viables y reforzar la fabricación europea de tecnologías limpias, incorpora la formación profesional y el desarrollo de capacidades. La Comisión calcula que la electrificación puede generar cientos de miles de empleos de calidad, aunque subraya la necesidad de preparar a la población trabajadora para esa transformación.
La segunda parte de la estrategia europea consiste en reformar el RCDE UE, en funcionamiento desde 2005. Este sistema obliga a determinados sectores a pagar por sus emisiones y establece una reducción progresiva de los derechos disponibles.
Desde su creación, el mercado europeo de carbono ha generado más de 270.000 millones de euros. Según los datos difundidos por la Comisión Europea, estos recursos se han reinvertido en innovación, modernización energética y descarbonización industrial. Al mismo tiempo, las emisiones de los sectores incluidos en el régimen se han reducido un 50 %.
La propuesta busca adaptar esta herramienta al nuevo contexto económico y geopolítico, en consonancia con la legislación climática europea, las conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2026 y el Pacto Industrial Limpio.
La reforma plantea un factor lineal de reducción de las emisiones del 3,7 % entre 2031 y 2035 y del 1,7 % entre 2036 y 2040. La intención es establecer una trayectoria más gradual y compatible con los objetivos climáticos europeos.
Durante el periodo 2036-2040, el sistema permitiría utilizar hasta un 2 % de créditos internacionales de alta calidad. Estos recursos financiarían proyectos de descarbonización en otros países y aportarían flexibilidad en una etapa en la que reducir las emisiones dentro de Europa resultará más complejo.
La inversión ocupa un lugar central en la revisión. El futuro Banco de Descarbonización Industrial contará con 100.000 millones de euros para financiar la transformación de la industria europea. Una primera ampliación de los recursos procedentes del RCDE estará disponible antes de 2030.
El Fondo de Innovación continuará apoyando las primeras aplicaciones comerciales de tecnologías limpias en diferentes sectores. Además, los Estados miembros deberán destinar el 50 % de sus ingresos nacionales obtenidos mediante el mercado de carbono a la descarbonización de las actividades incluidas en el sistema. Esta obligación movilizaría más de 100.000 millones de euros antes de 2030.
El Fondo de Modernización mantendrá, por otra parte, su apoyo a los Estados miembros con rentas más bajas para renovar sus sistemas energéticos y acompañar la transformación industrial.
La asignación gratuita de derechos de emisión para las empresas continuará después de 2030, aunque estará más vinculada a la realización de inversiones de descarbonización dentro de Europa. El principio defendido por la Comisión es que las contribuciones efectuadas por la industria regresen a los sectores industriales para incentivar a las compañías que avancen en la transición.
Una propuesta complementaria sobre los valores de referencia prevé elevar en 6.000 millones de euros la asignación gratuita destinada a la industria durante el periodo 2026-2030. En los sectores cubiertos por el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, la reducción de estas asignaciones se ralentizará y su retirada progresiva se prolongará hasta 2038.
La revisión incorporará al mercado europeo las absorciones permanentes de carbono. Bruselas considera que esta medida aportará mayor flexibilidad a las actividades en las que resulta especialmente difícil eliminar las emisiones y favorecerá el desarrollo de tecnologías capaces de retirar y almacenar carbono de forma duradera.
La Comisión también propone reformar la Reserva de Estabilidad del Mercado para preservar la liquidez, mejorar la previsibilidad de las inversiones y limitar una volatilidad excesiva de los precios. Esta medida se suma a la propuesta presentada en abril para poner fin a la invalidación automática de los derechos de emisión depositados en esa reserva.
Por último, el RCDE reforzará su aplicación en la aviación y el transporte marítimo y se ampliará a la incineración de residuos. La Comisión Europea sostiene que estos cambios permitirán reducir los riesgos de elusión, equiparar las condiciones de competencia y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas a la transición limpia.
