Garantizar agua potable, saneamiento seguro y unas condiciones adecuadas de higiene continúa siendo uno de los grandes retos ambientales y sanitarios del planeta. Pese a los avances registrados desde 2015, alrededor de 2.100 millones de personas todavía no disponen de agua potable gestionada de manera segura y 3.400 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados.
Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha una nueva estrategia para la próxima década. El plan busca fortalecer la asistencia técnica a los países, impulsar la inversión y mejorar la coordinación entre las políticas de salud, agua y medio ambiente.
La propuesta contempla actuar en hogares, escuelas, centros sanitarios y otros espacios comunitarios. También plantea integrar estos servicios en las políticas de salud pública, los planes nacionales de adaptación climática y los mecanismos de preparación ante emergencias.
El objetivo es que el agua, el saneamiento, la higiene y la correcta gestión de los residuos dejen de abordarse únicamente como infraestructuras y sean reconocidos como elementos esenciales para proteger la salud y reducir las desigualdades.
La ausencia de servicios seguros de agua, saneamiento e higiene está relacionada con al menos 1,4 millones de fallecimientos evitables anuales. La OMS calcula, además, que 106 millones de personas consumen agua directamente de ríos, lagos u otras fuentes superficiales sin tratar, mientras que 354 millones todavía practican la defecación al aire libre.
Estas carencias favorecen la propagación de enfermedades y golpean con mayor intensidad a las comunidades rurales, las poblaciones desplazadas y quienes viven en territorios frágiles o con servicios públicos insuficientes.
A estas brechas estructurales se suman riesgos crecientes derivados del cambio climático, la migración, los brotes epidémicos y el envejecimiento de las redes. Mientras las sequías reducen la cantidad de agua disponible, las inundaciones pueden contaminar las fuentes de abastecimiento y destruir las instalaciones de distribución y saneamiento.
Los centros de salud tampoco están al margen del problema. En 2023, aproximadamente 1.100 millones de personas recibieron atención en instalaciones sin servicios suficientes de agua. Otros 1.700 millones fueron atendidos en establecimientos sin condiciones básicas de higiene y 2.800 millones acudieron a centros sin sistemas adecuados para gestionar sus residuos.
Aunque el desafío sigue siendo enorme, la evolución de las últimas décadas muestra que las políticas públicas y las inversiones sostenidas pueden transformar esta realidad. Desde 1990, las muertes por enfermedades diarreicas han descendido cerca de un 80%. Durante ese periodo, más de 2.000 millones de personas consiguieron acceder a agua potable gestionada de forma segura y casi 3.000 millones mejoraron sus servicios de saneamiento.
Estos avances evidencian que invertir en agua, higiene y saneamiento permite prevenir enfermedades y, al mismo tiempo, aliviar la presión asistencial y económica sobre hospitales y sistemas sanitarios.
Según señala la OMS en su estrategia, una gestión más segura del agua y los residuos también puede reducir las infecciones adquiridas en los centros médicos, contribuir al control de brotes como el cólera y limitar enfermedades transmitidas por mosquitos.
El análisis de las aguas residuales constituye otra herramienta con potencial para la salud pública. Su vigilancia permite identificar tempranamente la circulación de virus y otros agentes infecciosos, complementar los datos clínicos y acelerar la respuesta ante futuras emergencias.
Uno de los ejes centrales de la estrategia 2026-2035 es aumentar la resiliencia de los sistemas de abastecimiento y saneamiento frente a sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
Para lograrlo, la Organización propone incorporar los riesgos climáticos en las normas sobre calidad del agua, los sistemas de vigilancia, las políticas nacionales y los planes de adaptación. También considera necesario mejorar el tratamiento de las aguas residuales y la gestión de los desechos generados por los servicios sanitarios.
La hoja de ruta incluye el fortalecimiento de la recopilación de datos, el apoyo a los gobiernos para desarrollar normas eficaces y una mayor colaboración entre ministerios, autoridades reguladoras, empresas proveedoras y organismos internacionales.
La OMS recuerda que su función no consiste en construir tuberías o redes de alcantarillado. Su trabajo se centra en establecer estándares sanitarios basados en la evidencia, proporcionar asesoramiento técnico y ayudar a crear sistemas seguros, regulados y sostenibles. La atención se dirigirá especialmente hacia las comunidades rurales, los territorios frágiles y las zonas afectadas por crisis humanitarias o ambientales.
La estrategia también profundiza la cooperación con UNICEF, cuyo trabajo está orientado a ampliar estos servicios entre niños, adolescentes y grupos especialmente vulnerables. Ambas agencias elaboran orientaciones comunes, supervisan los progresos y trabajan para convertir las normas y los datos disponibles en actuaciones concretas que protejan la salud, reduzcan las desigualdades y garanticen servicios esenciales ante un clima cada vez más extremo.
