España continúa dependiendo del exterior para cubrir casi siete de cada diez unidades de energía que consume. El petróleo y el gas concentran el 97% de las importaciones energéticas, una situación que mantiene al país vulnerable ante las fluctuaciones de los precios internacionales, las tensiones geopolíticas y las posibles interrupciones del suministro.
Así lo advierte el informe «España ante el reto de la independencia energética. Cómo garantizar una transición basada en la abundancia, la competitividad y la seguridad de suministro», elaborado por Foro Regulación Inteligente. El documento analiza las principales debilidades del sistema energético español y plantea una serie de medidas para aprovechar mejor el crecimiento de las fuentes limpias.
La elevada dependencia exterior convive con una transformación significativa del sistema eléctrico. En 2025, las energías renovables generaron el 55,5% de la electricidad producida en España, mientras que tres de cada cuatro kilovatios hora se obtuvieron sin emisiones de dióxido de carbono.
Sin embargo, el estudio sostiene que la instalación de nuevos parques solares y eólicos no será suficiente si el despliegue no va acompañado de redes capaces de transportar la electricidad, sistemas para almacenarla e infraestructuras que permitan intercambiar energía con otros países.
España mantiene una capacidad de interconexión eléctrica con el resto de Europa equivalente a aproximadamente el 3% de toda su potencia instalada. Esta cifra se encuentra muy lejos del objetivo europeo, establecido en el 15% para 2030. La escasa conexión limita la posibilidad de exportar electricidad cuando la producción renovable supera a la demanda interna. Al mismo tiempo, reduce la capacidad para importar energía cuando el sistema español necesita apoyo. Foro Regulación Inteligente considera que ampliar estas interconexiones resulta esencial tanto para reforzar la seguridad del suministro como para aprovechar de manera más eficiente la electricidad producida dentro del país.
Otra de las grandes asignaturas pendientes es el almacenamiento energético. España dispone actualmente de alrededor de 7,6 gigavatios de capacidad, frente al objetivo de alcanzar los 22,5 gigavatios.
La falta de baterías y de otras instalaciones de almacenamiento impide conservar parte de la electricidad solar generada durante las horas centrales del día para utilizarla posteriormente. Esta carencia también contribuye a que se produzcan fuertes desequilibrios entre la oferta y la demanda.
En 2025, el precio de la electricidad fue negativo durante cerca del 6% de las horas. Esta situación se produjo porque, en determinados momentos, la generación superó al consumo y no existía capacidad suficiente para guardar el excedente.
El informe anticipa un importante crecimiento del consumo eléctrico como consecuencia de la electrificación del transporte, la climatización de los edificios, la transformación de los procesos industriales y la expansión de los centros de datos asociados a la inteligencia artificial.
Las previsiones incluidas en el documento apuntan a un aumento de la demanda de entre el 33% y el 54% durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030. Hacia 2035, el consumo podría llegar a duplicarse. Los centros de datos serían responsables de más de una tercera parte de ese incremento.
España dispone de condiciones favorables para atraer inversiones industriales y tecnológicas, entre ellas la abundancia de recursos solares y eólicos y unos precios eléctricos para la industria que, tradicionalmente, se han situado por debajo de la media europea.
No obstante, el estudio alerta de que la falta de capacidad en las redes y las demoras para obtener puntos de conexión pueden llevar a que algunos proyectos empresariales terminen instalándose en otros países.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla movilizar aproximadamente 294.000 millones de euros hasta 2030. La mayor parte de estos recursos procederá de empresas e inversores privados.
Para que esta inversión llegue a materializarse, el informe identifica como una de las principales barreras la lentitud de los procedimientos administrativos. Miles de expedientes permanecen pendientes de resolución, lo que mantiene detenidos proyectos que ya cuentan con financiación y podrían ampliar la capacidad española de generación y almacenamiento.
Entre las medidas propuestas se encuentran reforzar las redes eléctricas, acelerar el desarrollo del almacenamiento, ampliar las conexiones con Europa y establecer plazos más claros para que las administraciones resuelvan las autorizaciones. El documento también plantea crear equipos específicos que permitan desbloquear los proyectos que acumulan mayores retrasos.
Como muestra de estas dificultades, el informe analiza tres proyectos de almacenamiento mediante baterías promovidos por Sungrow en Vall d’Uixó, en Castellón.Las tres iniciativas suman 171,5 megavatios de potencia y más de 700 megavatios hora de capacidad de almacenamiento. En conjunto, representan una inversión próxima a los 150 millones de euros.
Estas instalaciones permitirían guardar electricidad durante los momentos de mayor generación renovable para devolverla a la red cuando creciera la demanda. Pese a encontrarse en una etapa avanzada, su tramitación continúa paralizada en diferentes áreas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según recoge Foro Regulación Inteligente. El caso ilustra cómo las demoras administrativas pueden frenar inversiones ya comprometidas y retrasar infraestructuras consideradas necesarias para sacar mayor partido a la electricidad renovable.
El documento concluye que la transición energética española únicamente podrá sostenerse si el país garantiza un suministro abundante, seguro y a precios competitivos. Para conseguirlo, el crecimiento de las renovables deberá ir acompañado de más redes, mayor capacidad de almacenamiento, mejores conexiones internacionales y una Administración capaz de resolver los proyectos con más agilidad.
