La Plataforma del Tercer Sector ha expresado su preocupación por el momento político actual y por la incorporación, en el marco de recientes acuerdos, de planteamientos que, a su juicio, podrían suponer un paso atrás en la garantía de derechos y en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Según ha trasladado la propia Plataforma del Tercer Sector, las entidades sociales desarrollan su labor sobre una base asentada en principios recogidos tanto en el ordenamiento jurídico español como en el europeo: la defensa de los derechos humanos, la igualdad de trato, la dignidad de las personas y la cohesión social. La organización subraya que se trata de un trabajo profesional, evaluado y con resultados contrastados, que se lleva a cabo desde hace años en colaboración con las administraciones públicas y que ha demostrado un impacto social positivo en todo el territorio.
La entidad recuerda, además, el peso estructural del Tercer Sector en España, tanto desde el punto de vista social como económico. Su actividad representa en torno al 3% del PIB, genera el 1,3% del empleo y se traduce en cerca de 48 millones de intervenciones directas al año. A ello se suma la participación de 4 millones de personas voluntarias, una dimensión que, según la Plataforma, refleja el papel esencial de estas organizaciones en la atención a millones de personas y en el refuerzo del tejido social. Parte de estas entidades, añade, también desempeñan una función relevante en el ámbito de la cooperación internacional, contribuyendo a la defensa de derechos y al desarrollo sostenible en otros países.
En este escenario, la Plataforma advierte de que poner en cuestión la legitimidad de las organizaciones sociales especializadas o introducir enfoques excluyentes en las políticas públicas puede tener consecuencias directas sobre la protección de las personas más vulnerables. En concreto, alerta del riesgo de establecer diferencias en el acceso a derechos en función del origen, la situación administrativa u otras circunstancias personales, una deriva que, sostiene, no solo comprometería la atención social, sino que también debilitaría los sistemas de protección y la convivencia.
Ante esta situación, la organización ha reiterado su voluntad de mantener un diálogo constructivo con las instituciones, siempre desde el respeto al marco constitucional y a los compromisos internacionales asumidos por España. En ese sentido, defiende que la protección de los derechos y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad deben seguir ocupando un lugar central en las políticas públicas, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, cohesionada y comprometida con la dignidad de todas las personas.
La Plataforma del Tercer Sector es una organización de ámbito estatal creada para reforzar la voz conjunta del sector social en España y defender los derechos e intereses de la ciudadanía, especialmente de quienes se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Constituida en enero de 2012, está integrada por algunas de las principales organizaciones del ámbito social, entre ellas la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, EAPN-ES, CERMI, Cruz Roja Española, Cáritas Española, la ONCE, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y la Plataforma de Infancia. A ellas se suman once plataformas y mesas territoriales, hasta representar en conjunto a cerca de 28.000 entidades sociales.
