Las guerras siguen siendo el principal detonante del hambre en el mundo y una de las mayores vulneraciones de derechos humanos en la actualidad. Así lo confirma el último informe de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, que alerta de que la inseguridad alimentaria aguda y la malnutrición se mantienen en niveles críticos por séptimo año consecutivo, afectando a millones de personas en distintos territorios.
El documento subraya que, durante 2025, un total de 266 millones de personas en 47 países padecieron inseguridad alimentaria aguda, lo que representa cerca del 23% de la población analizada. Esta cifra supone casi el doble que en 2016, evidenciando un deterioro sostenido de las condiciones de vida en contextos de crisis prolongadas.
Según el informe, dos tercios de las personas afectadas por hambre aguda se concentran en diez países, entre ellos Afganistán, Sudán, Yemen o Siria. En varios de estos territorios, la combinación de violencia, desplazamientos forzados y restricciones al acceso humanitario ha llevado a situaciones extremas.
El propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advierte que los conflictos continúan siendo la principal causa de esta crisis, destacando además un hecho sin precedentes: la declaración de hambrunas en dos zonas en un mismo año, concretamente en Gaza y regiones de Sudán.
Estas situaciones no solo reflejan una emergencia alimentaria, sino también una grave vulneración del derecho humano a la alimentación, especialmente en contextos donde el acceso a recursos básicos depende de factores políticos y militares.
Uno de los datos más alarmantes del informe es el impacto sobre la infancia. En 2025, 35,5 millones de niños y niñas sufrieron malnutrición aguda, de los cuales casi 10 millones se encontraban en estado grave.
En muchas de las regiones más afectadas, como Gaza, Myanmar o Sudán del Sur, la crisis alimentaria se combina con el colapso de servicios esenciales y la propagación de enfermedades, elevando el riesgo de mortalidad infantil.
Desde UNICEF, su directora Catherine Russell señala que esta situación no responde a una falta de alimentos a nivel global, sino a una ausencia de voluntad política para garantizar el acceso equitativo a los mismos, especialmente en contextos de conflicto.
El informe también advierte sobre el impacto indirecto de los conflictos en los mercados agroalimentarios internacionales. La escalada de tensiones en Oriente Medio, por ejemplo, podría agravar la inseguridad alimentaria más allá de las zonas en guerra, afectando a países dependientes de importaciones.
El aumento de los costes energéticos, las interrupciones logísticas y el papel estratégico de algunos países como exportadores de fertilizantes o energía están generando efectos en cadena que incrementan la vulnerabilidad de regiones como el Caribe o las islas del Pacífico.
A esto se suma la variabilidad climática y la incertidumbre económica global, factores que, según el informe, seguirán agravando la crisis alimentaria en 2026.
Otro elemento preocupante es la caída de la financiación destinada a responder a estas crisis, que ha alcanzado niveles mínimos en casi una década. Esta reducción limita la capacidad de actuación de gobiernos y organizaciones humanitarias en un momento de creciente necesidad.
Ante este escenario, la ONU y la Unión Europea insisten en la necesidad de reforzar la inversión en sistemas agroalimentarios resilientes, impulsar la adaptación al cambio climático y garantizar oportunidades económicas en entornos rurales.
Asimismo, subrayan la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana, asegurar el acceso humanitario y respetar el derecho internacional como pilares fundamentales para prevenir el hambre. En un contexto global marcado por la desigualdad y los conflictos, el acceso a la alimentación se consolida como uno de los grandes retos de justicia social y derechos humanos de nuestro tiempo.
